La marcha del jueves anterior no fue solamente contra el secuestro; fue, principalmente, una marcha contra las Farc. No nos llamemos a engaños. En este país el secuestro se ha constituido en un delito que ha desestabilizado a la sociedad y ha provocado menoscabo económico no sólo a familias pudientes sino a regiones enteras que han sido golpeadas con especial sevicia. Pero la gente del común lo sigue viendo como un problema de estrato seis, sólo que ahora las Farc lo usan como un arma de guerra y eso ha sido entendido por el conjunto social. Son precisamente las Farc quienes más desean desestabilizar a la nación, y el secuestro es una de sus principales herramientas. Por eso, la gente se pronunció masivamente el jueves; por eso, la gente, se mostró más indignada que nunca.

El asesinato de los once diputados del Valle no es tan sólo un crimen monstruoso y canalla. Las Farc nos tienen acostumbrados a crímenes similares como el asesinato de los nueve concejales de Rivera (Huila), el 27 de febrero de 2006. Pero el secuestro  de los doce diputados y de otros canjeables (políticos, policías y militares) se ha convertido en un asunto mediático de amplia resonancia nacional e internacional. Además, la crueldad del crimen radica en el hecho de perpetrarse en cabeza de personas que llevaban cinco años aisladas del seno social, en condiciones infrahumanas. Si los diputados hubieran sido asesinados el día de la toma de la Asamblea del Valle, el hecho no habría tenido la misma repercusión. La indignación del país está signada por el vulgar chantaje al que nos quiere someter la subversión, y por el juego sucio al que son sometidos los secuestrados, sus familias y hasta los cadáveres mismos, los que probablemente jamás sean entregados.

No cabe duda de que las Farc han elevado este delito al rango de acto terrorista pues con él se pone en jaque a todo el conglomerado social. Cualquier persona que preste sus servicios al Estado colombiano, independientemente de su capacidad económica,  puede ser víctima de un prolongado secuestro con carácter de chantaje político y hasta con fines de estrategia militar y propagandística. Corren el mismo riesgo las clases populares, de donde provienen los policías y militares, como las clases mejor favorecidas de las que hacen parte políticos y altos dignatarios.

De esta manera se logra dividir a toda la sociedad haciéndole creer a las familias, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que no hay más salida que ceder a las pretensiones de los terroristas, alimentando la creencia de que solidarizarse con las víctimas y sus familias es otorgar cualquier tipo de concesión sin medir objetivamente las implicaciones de decisiones de esa naturaleza. Es duro decirlo y casi imposible entenderlo pero, en este caso, el concepto de ‘solidaridad’ es muy relativo porque la redención de unos puede ser —y será— la desdicha de otros. Y si bien es excusable la posición de los dolientes allegados a los secuestrados, no es entendible que otros colombianos hagan el papel de idiotas útiles en contra de todas las evidencias.

Cuando un colombiano paga el rescate por un pariente secuestrado está poniendo la cuota inicial de otro secuestro. Eso no es un cuento nuevo pero debería mencionarse a menudo para que la gente lo tenga presente. Hay que entender el sufrimiento y la reacción natural de cualquier persona con el objeto de preservar la vida de sus seres queridos, pero eso, a la postre, no es más que un acto egoísta que ha convertido esa práctica atroz en una verdadera industria. Lo mismo ocurre con el intercambio humanitario.

Este no es el momento más indicado para doblegarse. Si en el pasado hubo un canje de 400 militares secuestrados por 13 guerrilleros presos fue simplemente porque a esa poderosa guerrilla de entonces les estaban estorbando y las fuerzas del Estado se hallaban a la defensiva, en los cuarteles. Hoy es al revés y lo que la guerrilla busca con el ‘acuerdo humanitario’ es revertir en todo o en parte esa situación. Es fácil prever que lo que buscan es pasar de agache lo que falta de la era Uribe una vez que el Gobierno caiga en la trampa de hacer concesiones a solicitudes interminables y cada vez más absurdas. El camino es exigir la liberación de los secuestrados, la entrega de los cadáveres y la prescripción del secuestro sin ninguna contraprestación. Sin  capitulaciones, sin sometimiento. ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 9 de julio de 2007.

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Posted by Saúl Hernández

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