Dos temas controversiales se abren paso a través de proyectos de ley en el Congreso de la República, los cuales, a pesar de que no tienen ninguna relación entre sí, van a caracterizarse por la polarización que van a generar. Ellos son la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y la prohibición de ventas ambulantes en los semáforos.

Con respecto a la primera, no van a tardar quienes suelen hacer de ‘abogados del diablo’ en salir a defender a estos criminales que no tienen ninguna posibilidad de regenerarse como se ha demostrado, pues sufren de una compulsión irresistible. El argumento de los activistas en derechos humanos, según el cual las penas de cárcel no pueden ser equiparables a un castigo inmisericorde contra un delincuente, o a una venganza, sino a un proceso resocializador que devuelva el individuo a la sociedad, en condiciones de ser útil a esta, se cae por su propio peso porque el violador de menores es un enfermo que no modifica su conducta, y al que no hay manera de reeducar y abrirle espacio en la sociedad sin que vuelva a ultrajarla.

En este caso, la cadena perpetua se convierte en un recurso para proteger a los niños de quienes, sin duda, van a reincidir, y no puede alegarse que lo que se requiere es una cultura de prevención y atención permanente a los menores, evitando descuidarlos y dejarlos solos, porque los violadores actúan como un depredador que teje cuidadosamente la ocasión hasta consumar el delito; ese es parte del placer que sienten al perpetrar un acto de esta naturaleza.

Ahora, para quien asesina a uno o varios menores sin que en ello medie la violación o cualquier otra conducta desviada sexualmente, la cadena perpetua se justifica plenamente porque estos crímenes siempre van acompañados de agravantes y constituyen por sí mismos una horrenda ofensa contra el conjunto social. Son actos aberrantes cometidos alevosamente contra seres en estado de indefensión, a menudo por venganza contra los familiares de la víctima y con la intención de provocar ira y dolor irreparables. Es un crimen de unas connotaciones bochornosas que, a la luz de la Constitución, que pone de relieve los derechos de los niños, exige un castigo ejemplarizante que sirva en algo como disuasor -lo cual es difícil de cuantificar- de la conducta criminal. Acaso puedan haber atenuantes para este castigo en algunos casos, pero cuando se trata de un crimen desalmado y monstruoso, como los que tristemente se han presentado con demasiada frecuencia en los últimos años, es injustificable y no puede haber decisión más salomónica que darle prisión perpetua a estos sádicos. Ya era hora de que se sumaran fuerzas para llevar esta iniciativa al Congreso y ojalá se puedan salvar los obstáculos que surgen siempre que se habla de cadena perpetua o de pena de muerte.

Por su parte, en el tema de las ventas callejeras en los semáforos confluyen varias problemáticas que a menudo son objeto de discusión, aunque en este caso lo que se busca solucionar es la falta de fluidez en la movilidad vial de algunos sitios neurálgicos de las grandes ciudades. Si bien de las ventas en los semáforos vive mucha gente, allí hay varios problemas que deben atenderse. Aparte de que se trata de una mala utilización del espacio público, confluyen el contrabando, la piratería, la venta de vicio y hasta la evasión de impuestos. En los semáforos prolifera la mendicidad, la cual es un gran negocio de gentes inescrupulosas. Los niños son explotados para pedir y la calle se convierte en el primer peldaño del comercio sexual de menores de ambos sexos.

Lo atrabiliario de esta norma es pretender que castigando a los conductores se resuelvan estos problemas cuando es el Estado el que debe entrar a darles solución. Debe haber programas para atender a menores, ancianos y discapacitados que se ganan la vida en los semáforos; se debe controlar la venta de productos ilegales y organizar a los vendedores ambulantes. Es decir, hay mucho que hacer en lugar de implementar infracciones de tránsito.

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Patria Boba esta en la que unos señores por los que nadie ha votado y que frecuentan fiestas pagadas por mafiosos como Giorgio Sale, ponen en entredicho la legitimidad del mandato del gobernante más aclamado de la historia del país con base en procesos tendenciosos y conclusiones parcializadas. De que la Corte Constitucional haga caso omiso de tan deletéreas insinuaciones depende la estabilidad del país. ¡No juguemos con candela! ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de junio de 2008

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Posted by Saúl Hernández

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