No hay nada más fácil que hacer populismo hablando de las injusticias que padecen los pobres, pero si hay un problema que deja un agrio sabor a infamia y atropello es el asunto de los desalojos a los deudores del sistema Upac. Sin embargo, de antemano hay que ser conscientes de que estimular la cultura del no pago es una práctica perniciosa que puede afectar toda la economía de un país; la actual crisis económica de los Estados Unidos se deriva del colapso del sistema hipotecario por la excesiva cantidad de créditos de alto riesgo (subprime) que no se honraron, pero el caso colombiano es muy distinto.

El Upac funcionó ejemplarmente por cerca de 20 años. En los setentas y ochentas, miles de familias consiguieron vivienda mediante crédito hipotecario, y no sólo eran viviendas más dignas que las que se construyen hoy sino que el costo del crédito era justo: el Upac estaba atado a la inflación y los bancos recuperaban su inversión cobrando el crédito con unos intereses sensatos, en tanto que el deudor podía pagar la deuda sin ver deterioradas las condiciones de vida suyas y de su familia. A partir de 1992, cuando el Banco de la República decidió atar el costo del Upac a la DTF por presión de los bancos, se presentó algo radicalmente opuesto.

Un desalojo realizado la semana anterior en Bogotá es ilustrativo: en los años noventa, una persona compró una vivienda de 30 millones de pesos, suscribiendo un crédito de 20 con una institución financiera. Cerca de diez años después dejó de cancelar las cuotas mensuales, que superaban el doble del valor del alquiler de una propiedad similar, y a pesar de haber pagado tres veces la deuda, 60 millones, ya esta ascendía a más de 100, muy por encima del valor comercial de la vivienda que, por cierto, fue rematada por el banco en 50 millones.

El tema del Upac es tan absurdo que, en 1999, la Corte Constitucional decidió que se permitiera la dación de la vivienda en pago de la deuda, cosa que los bancos no admitían porque la deuda siempre superaba el costo del inmueble, lo que no tenía el menor asomo de lógica. A todas luces es irrazonable que el bien adquirido cueste mucho menos que el remanente de la deuda, no porque el bien haya sufrido una depreciación atribuible a causas objetivas sino porque el costo de la deuda sea leonino, abusivo y de usura. Pero la ‘dación en pago’ no solucionó en nada el problema sino que lo hizo más aberrante aún.

Es obvio que quien presta dinero tiene derecho a que se le retribuya el costo de no haber puesto ese capital en una inversión más rentable. Ese era el sentido o la justificación para atar el Upac al DTF. Pero colocar dinero tampoco es fácil y el sector financiero la tuvo pulpita con el crédito de vivienda a tasas excesivas que superaban por mucho las de países de similar desarrollo –como Perú, Chile o México– y aún más las de países desarrollados. No cabe duda de que se trató de un favor prestado a los dueños del capital que aún no se ha corregido.

El presidente Uribe suele decir que su proyecto de Estado comunitario se basa en la noción de tener un país de propietarios, y si la gran mayoría de los colombianos vivimos en las ciudades, eso equivale a decir que todos debemos ser propietarios de vivienda. Ya es demasiado grave que la vivienda de clase media -ni hablar de la VIS- haya sufrido un proceso de pauperización en cuanto a la ubicación de los proyectos, la calidad de los suelos, el área construida, los acabados y demás, como para aceptar también que el sistema de crédito hipotecario sea tan injusto y riesgoso.

No tiene sentido, entonces, que el Estado haga un esfuerzo tan grande para subsidiar viviendas de interés social mientras se desentiende del sistema crediticio privado que arruina a la clase media. Una medida de beneficio general sería la de volver a atar el Upac (o el UVR como lo llaman ahora) a la inflación, lo que hizo exitoso el sistema, o crear una fórmula que impida cobrar la deuda más veces de lo que aconseja la decencia y el sentido común. El Congreso de la República está en mora de expedir una ley que les repare el daño sufrido a tantos deudores atropellados por ese sistema que ha dejado más damnificados que un terremoto, y le ponga el cascabel a ese poder omnímodo que tienen los bancos en Colombia.  ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de julio de 2008

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Posted by Saúl Hernández

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