La recompensa de ‘Rojas’

No parece ser una simple casualidad que quienes arguyen que no debe pagarse recompensa alguna a alias ‘Rojas’ por haber asesinado a ‘Iván Ríos’, sean prácticamente los mismos que condenan la ‘ilegalidad’ del asalto de tropas colombianas en Ecuador que hizo posible dar de baja a ‘Raúl Reyes’; los mismos que lamentaron su muerte y que consideran el hecho como una ‘masacre’ por encontrarlo acostadito y en piyama; o inconveniente por estar, supuestamente, a punto de liberar a más secuestrados o porque la eliminación de cabecillas del secretariado nos aleja de una solución negociada; o que la consideran ilegítima porque en Colombia está prohibida la pena de muerte y lo que hizo el Gobierno fue aplicársela sin compasión en vez de ir a despertarlo con un besito en la mejilla y detenerlo por las buenas.

Los que piensan así son los mismos que argumentaron que Álvaro Uribe iba a incendiar el país, que su política de informantes, o de ‘sapos’, era inapropiada porque involucraba a ciudadanos inermes en la guerra, en tareas que sólo le incumbían a los organismos de seguridad. Y decían -y siguen diciendo- que la política de recompensas es aberrante porque el ‘sapo’ no resulta siéndolo por convicción sino por interés; o, simplemente, que es inmoral porque darle a ‘Rojas’ una millonada por un homicidio, sería como oficializar el sicariato o convertir el hecho en un crimen de Estado.

La política de Seguridad Democrática ha sido criticada desde el inicio, en todos sus componentes, simplemente porque funciona; y el tema de la recompensa a ‘Rojas’ se quiere satanizar para impedir que al otorgarse se desencadene una oleada de crímenes de cabecillas de las Farc. Lo único que debería preocuparle a los colombianos por la millonaria recompensa es que esta no sea utilizada para apalancar nuevas actividades criminales. En este sentido le corresponde al Estado no sólo prestarle protección a este individuo, pues su vida corre peligro, sino tutelar sus actividades para evitar que esos recursos se conviertan en armas contra otros ciudadanos. El resto es carreta.

Ahora vienen los adalides de la moral -estilo Carlos Gaviria- a decir que un Estado no puede recompensar de tal manera un crimen, pero pasan por alto todos los matices del acto. Los miembros del Secretariado de las Farc dirigen una organización terrorista que en los últimos 50 años ha asesinado a miles de personas y causado heridas a decenas de miles más, además de grandes pérdidas materiales y toda clase de perjuicios a la población colombiana. Desde la muerte de Pablo Escobar, ningún enemigo nacional había puesto en tan grave peligro la seguridad de los colombianos hasta el punto de enfermarnos. En estos casos anormales, la aplicación tradicional del Derecho pierde vigencia y se hace imprescindible la supervivencia del Estado y la Sociedad a través de los mecanismos menos traumáticos posibles.

Son graciosas las sutilezas que se esgrimen para restarle legitimidad a la acción del Estado, como decir que se debió pedir a las autoridades ecuatorianas que capturaran a ‘Reyes’ en vez de violar la soberanía del país vecino, o que ‘Rojas’ debería haber entregado vivo a ‘Ríos’, llevándolo de la mano hasta el batallón, para poder cobrar la recompensa.

Dice Carlos Gaviria que es válido asesinar a otro cuando es para que la gente viva mejor, o sea cuando hay causas altruistas. Ese es un argumento vil con el que las guerrillas han tratado de justificar crímenes atroces pero, en este caso, no cabe duda de que estas muertes contribuyen al bienestar social y hasta tenemos derecho a alegrarnos por ello como bien lo dice el sacerdote Alfonso Llano Escobar (El Tiempo, 09/03/2008).

Entre malhechores, ningún acto es ético o moral pues la esencia de sus actos desconocen esas categorías por antonomasia; de lo contrario, no serían forajidos. En este caso, la decisión de ‘Rojas’ no pudo ser mejor: no sólo se desmovilizó sino que le quitó a la sociedad un grave peligro que se cernía sobre ella. Esa es la realidad. Las críticas, por su parte, constituyen un intento por generar confusión para tratar de frenar la estruendosa caída del grupo terrorista. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 18 de marzo de 2008