Se comienza a destapar un nuevo escándalo que involucra a las FF.MM. al conocerse que al menos nueve de más de veinte jóvenes que desaparecieron de Soacha –al sur de Bogotá–, habían sido inhumados en Ocaña (Norte de Santander) en calidad de delincuentes al servicio de bandas disidentes de los grupos paramilitares, que fueron dados de baja en combate por el Ejército. Y si bien es sabido que guerrilleros y paramilitares reclutan carne de cañón en sectores marginados, lo que no cuadra en este caso son las fechas entre el momento de la desaparición y su muerte en combate pues en varios casos apenas hay días de diferencia, lo que hace pensar en un montaje para mostrar resultados.

A lo anterior se suma la acusación contra varios agentes de Policía de haber provocado la muerte de un aficionado de un equipo de futbol en Bogotá, otro caso –grabado en video– en el que un policía embiste a un aficionado con su moto de forma artera y aleve, y la condena contra un agente del Esmad por el homicidio de un estudiante de la Universidad del Valle, ocurrido en septiembre de 2006. Sin duda, la frecuencia de casos como estos es muy preocupante.

A militares y policías les toca hacer el trabajo más duro en un país plagado de delincuentes: combatirlos y estar en sus miras. Y cuando desfiguran su misión convirtiéndola en ‘trabajo sucio’, son censurados por el Estado, aborrecidos por la Sociedad y perseguidos por sus malquerientes, idiotas útiles de sus enemigos naturales, que son los enemigos de todos.

De manera que estos servidores públicos, ante tan delicada tarea y para no exceder sus atribuciones, deberían tener una formación equivalente a un doctorado o un Ph.D., devengar un salario digno de un Senador de la República y estar rodeados de más medidas de seguridad que un piloto de Fórmula 1. Pero no, ocurre todo lo contrario. Un individuo sin cursar estudios primarios puede tener un fusil oficial entre sus manos, sus salarios son algo mejores que los de un celador o un obrero y todo el día están ‘marcando calavera’; o sea, con un pie en la tumba, o sobre una mina quiebrapatas, como mínimo.

Y a estos funcionarios los maltratan sus superiores y la ciudadanía, y entre todos les exigimos resultados. Los tratamos como esclavos que deben lidiar con la escoria social, desde manejar borrachos y controlar vecinos ruidosos hasta enfrentar sicarios, terroristas, narcos…

Policías y soldados muertos o lisiados son cosa sin importancia, frías estadísticas, gajes del oficio. Eso no le importa a nadie. Pero, ¡ay de aquel que provoque una tragedia! No importará la buena fe ni se apreciarán las causas. Más le valdría engrosar las frías estadísticas.

Es así que los culpables de la toma del Palacio de Justicia no son ya los conspicuos líderes del M-19, hoy devenidos en prestantes funcionarios públicos, sino los militares que se vieron obligados a repeler la toma. Igualmente, los culpables de la violencia de los noventa en Urabá no son quienes la sometieron a sangre y fuego sino aquellos militares a quienes se les exigieron resultados. Y, en uno y otro caso, los errores no se sopesan frente a la gravedad de la obligación que tenían entre manos; olvidándose, además, que los hombres de armas no pueden objetar sus deberes porque, para acabar de ajustar, son acusados de cobardía.

Ahora, muchos quieren utilizar los errores de policías y militares en materia de Derechos Humanos para arrinconar al Estado y despojarlo de autoridad moral para cumplir su misión de proteger vida, honra, bienes y hasta creencias de los ciudadanos. Es decir, esto se usa como un argumento para hacer inviable el actual sistema de gobierno y hasta el modelo económico de nuestra sociedad, estrategia que no se puede dejar prosperar.

Es claro que los excesos no son norma ni del Ejército ni de la Policía –ni se trata de una política de Estado, ciertamente–, pero si queremos que esto no siga siendo pan de cada día por cuenta de la actuación de unos pocos –de buena o de mala fe–, es necesaria una profesionalización integral de las Fuerzas Militares y de Policía, de manera que cada uno de sus miembros se haga más competente y responsable de su misión al tiempo que se vean revestidos de mayores garantías para tener la certeza de que no son desechables a los que la sociedad les voltea la cara al menor yerro. Sin eso, jamás habrá seguridad ni paz efectivas. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de octubre de 2008 (http://www.elmundo.com/).

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Posted by Saúl Hernández

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