Tal vez nunca antes se había presentado en la historia de nuestro país, donde nos ‘preciamos’ de contar con un sistema jurídico garantista, que a tantas personas las pusieran presas con indicios tan precarios, sólo porque un delincuente dice haber visto a fulano en una reunión con perano en fechas remotas.

Es difícil meter las manos en el fuego por cualquier congresista, en relación con su pulcritud y eficiencia, porque la generalidad de ellos se elige a punta de sancochos, adobes, tejas, ventiladores o con dinero en efectivo. Y ¿para qué se eligen? -“¿El poder para qué?”, como decía Darío Echandía-. Pues para meter baza en los presupuestos, legislar en beneficio propio y manejar nombramientos y contratos que terminan atornillándolos en el poder por los siglos de los siglos. Pero de ahí a creer que todo acusado es un ‘parapolítico’, o sea alguien íntimamente ligado a las estructuras paramilitares que se beneficia de su poder para elegirse y se convierte en su ficha al interior de las instituciones, tan sólo porque un delincuente lo dice, hay mucho trecho.

La ex congresista Eleonora Pineda, presa por ser, ella sí, una ficha de los paramilitares dentro del Congreso, dijo en una entrevista (Noticiero CM&, 22/02/2008) que su principal misión dentro de las Autodefensas fue acercarse al senador Mario Uribe Escobar e invitarlo a un almuerzo a su casa que, a la postre, se convirtió en una reunión con Salvatore Mancuso en el corregimiento de Caramelo, municipio de Tierralta (Córdoba). “Para mí era de suma importancia porque era un hombre con una trayectoria política en el departamento de Antioquia, un hombre reconocido a nivel nacional y lógicamente yo tenía que tener un acercamiento al Presidente de la República. (…)Ese acercamiento al Jefe de Estado sólo lo podía lograr siendo amiga del primo del presidente”.

Pineda destaca que en su declaración ante la Corte Suprema dejó en claro que la reunión entre Uribe Escobar y Mancuso sólo tenía por objeto lograr el acompañamiento del Senador en el proceso de desmovilización que buscaban los ‘paras’. Asimismo, el propio Mancuso (en entrevista con el canal RCN, 23/02/2008) reiteró que esos fueron los propósitos de la reunión y aclaró que así se lo hizo saber a la Corte Suprema. Pero, además, Mancuso dejó entrever que no fue Uribe Escobar quien lo buscó dos veces como había denunciado antes en la Corte sino que fue Eleonora la que se lo llevó, prácticamente engañado como se deduce de su entrevista. De esa manera, el invitado a un ‘almuerzo’ resultó metido en un embrollo que lo tiene hoy en la cárcel.

Entonces, si en este ‘trato’ no hubo otro motivo que hablar de procesos de paz y no de delitos, quedaría la alternativa de que la Corte haya capturado a Uribe Escobar por la acusación de alias ‘Pitirri’, quien lo implica en pactos con jefes paramilitares para apoderarse de tierras en Antioquia y Sucre. Según ese reconocido delincuente, Uribe Escobar se reunió dos veces con los ‘paras’ en 1998 con ese fin, pero no hay indicios reales ni de esas reuniones ni de que se haya adueñado de algunas tierras. Sin embargo, la Fiscalía lo procesa por “acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley”.

El caso de Uribe Escobar no es el único. Hay más de un congresista investigado sin mayor acervo, por lo que esto ya adquiere características de verdadera cacería de brujas. La historia recordará este pasaje como una persecución macartista pero al revés, contra todo lo que huela a ‘derechas’. Esto, claro, a menos que la Corte Suprema de Justicia -y también la Fiscalía- guarde el juicio y sea imparcial ante la ‘farcopolítica’ que se avecina, y con igual diligencia envíe a la cárcel a los aliados de las Farc, puestos en evidencia por la confesión de otro delincuente como ‘Raúl Reyes’, que dejó constancias escritas en sus computadores. Esa es la imparcialidad que debe tener la Justicia. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de abril de 2008

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Posted by Saúl Hernández

One Comment

  1. […] En una columna anterior (El Mundo, 28-04-2008) mencioné que si la Corte Suprema de Justicia no medía los casos de la farcpolítica con el mismo rasero que ha usado para juzgar la parapolítica, quedaría demostrado que el alto tribunal está empeñado en una cacería de brujas contra todo lo que huela a ‘derechas’, y que carece de imparcialidad. Hoy no sólo es claro que a la honorable CSJ no le interesa la farcpolítica —cuyos procesos precluye afanosamente, como en los casos de Álvaro Leyva y Carlos Lozano, a pesar de que los computadores de ‘Reyes’ los comprometen gravemente—, sino que está actuando como un partido de oposición y no como un tribunal de justicia, pues hasta se salta su propia jurisprudencia y desacata decisiones de otros tribunales, como la que se tomó a favor del ex congresista Iván Díaz Mateus. La CSJ ha decidido que los casos de la parapolítica, que habían ido a la Fiscalía en razón a que los parlamentarios renunciaron a su fuero, regresen a ese tribunal donde no sólo es evidente la persecución con tinte político sino también la falta de las garantías procesales ordinarias a que tiene derecho cualquier reo. Recuérdese que los parlamentarios carecen allí de segunda instancia y que es la misma Corte la que investiga y juzga, actividades que en el Derecho Penal se considera perentorio que se realicen separadamente. Si a eso sumamos la forma temeraria en que la CSJ ha atemorizado a los congresistas que votaron a favor del proyecto de referendo reeleccionista y la obstinada actitud tomada en la elección del Fiscal General de la Nación, atribuyéndose potestades que no le corresponden con el fin de modular la escogencia de candidatos, encontramos que la Corte Suprema está ejerciendo una suerte de despotismo judicial. Pero lo que viene es mucho peor, un verdadero esperpento jurídico. La CSJ ha decidido hilar bien delgadito para imputarles a los acusados por parapolítica los delitos de lesa humanidad —y eventualmente de narcotráfico— que hubieren cometido los paramilitares con los que se les compruebe algún nexo. Es decir, la Corte pretende endosarles a los parapolíticos la carga de los actos más horrendos de los paramilitares, a pesar de que a ninguno de los políticos se les ha comprobado don de mando o autoridad sobre esas estructuras. Es muy difícil meter las manos en el fuego por la clase política en general (como también lo decíamos en la columna reseñada), “pero de ahí a creer que todo acusado es un ‘parapolítico’, o sea alguien íntimamente ligado a las estructuras paramilitares, que se beneficia de su poder para elegirse y se convierte en su ficha al interior de las instituciones, tan sólo porque un delincuente lo dice, hay mucho trecho”. También es un grave exceso el que la CSJ anuncie la posible extradición a los EE.UU. de personas que no están siendo solicitadas por ese país cuando, en cambio, se niega a avalar las extradiciones de narco-paramilitares que sí son requeridos por la justicia gringa. El presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, aduce que los legisladores podrían ser extraditados dado que “fueron copartícipes de los mismos delitos por los que Estados Unidos ha pedido a los jefes paramilitares”; y que “si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”. La CSJ, al considerar —por arte de birlibirloque— que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones, instaura una interpretación absurda que además ignora el contexto histórico de los hechos. Colombia vivió muchos años sin Dios ni Ley por culpa de gobiernos pusilánimes que se negaron a combatir a las guerrillas. El bipartidismo fue objetivo militar de éstas, y la clase política encontró en el paramilitarismo una tabla de salvación no sólo para mantener el control político sino para preservar sus vidas. Eso no los convierte, per se, en cómplices de sus fechorías ni en sus jefes o ideólogos. Quien se haya valido de los ‘paras’ para apropiarse de dineros públicos, de tierras de campesinos o para eliminar a sus rivales políticos, debe recibir su castigo. Pero algo huele mal en esta intentona de convertirlos en autores intelectuales de los crímenes que cometieron otros. […]

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