Para nadie es un secreto que prácticamente todas las organizaciones que tienen el rótulo de ‘sociales’ hacen parte de una izquierda anclada en el pasado que todavía cree en las reivindicaciones y la lucha de clases, cosa por demás graciosa en Colombia donde los líderes de esa izquierda –opositores recalcitrantes– o provienen de acaudaladas familias o han medrado durante años a expensas del Estado y no están dispuestos a entregar sus riquezas y seguir la cruz del comunismo sino a aplicarle sus postulados a los capitalistas ‘puros’, y quedarse ellos campantes con los privilegios de la ‘nomenklatura’.

Por ejemplo, la Rama Judicial –instigada por su sindicato– salió a paro durante 43 días, reclamando una nivelación salarial prometida irresponsablemente por el gobierno de César Gaviria en 1992, que hasta la fecha no ha sido cumplida por ninguno de los tres gobernantes que le han sucedido. Sin embargo, es evidente que al sindicato judicial le interesaba mucho más poner en aprietos al Gobierno de Uribe, el que más recursos financieros le ha dado a la Justicia colombiana y a sus trabajadores en toda la historia. Es así que varios de sus voceros se refirieron a los ‘ataques’ de Uribe a la Corte Suprema de Justicia, esos mismos a los que José Miguel Vivanco y su ONG de izquierda, Human Rights Watch, acaba de hacer eco en el extranjero.

Todas las personas creen justas sus aspiraciones salariales por elevadas que sean, pero la Rama Judicial ni está mal remunerada ni parece merecer que se cumplan sus exigencias dada la inoperancia judicial del país, de la que es responsable en gran medida. No de otra manera se puede entender que el presidente del sindicato disfrute una pensión de más de nueve millones de pesos mensuales (más de 20 salarios mínimos) y que el paro de 43 días no haya provocado grandes traumatismos en el devenir de la sociedad colombiana, si trabajan o no es casi lo mismo. Tal es su nulidad.

El plan orquestado por la izquierda en contra del Gobierno se hace evidente, además, con los nuevos paros de entidades oficiales. El sindicato de la Superintendencia de Notariado y Registro alega que sus salarios están por debajo de otros trabajadores del Estado. A su vez, los trabajadores de la Registraduría Nacional se lanzaron a huelga pidiendo también una nivelación salarial y una bonificación de año electoral (mes y medio de salario) que se les ha venido concediendo desde 1982. Y, como si se tratara de casos aislados, el sindicato de la Dirección de Impuestos (Dian) también anunció paro en pos de incrementos salariales.

Es decir, los sindicatos de entidades oficiales, controlados por la oposición de izquierda –el Polo Democrático Alternativo–, recurren al viejo truco de chantajear al gobierno de turno precisamente en momentos en que ha sido necesario apretarse el cinturón para controlar la inflación y cuando la crisis financiera global amenaza con no dejar ilesa la economía de ningún país. Sólo que esta vez el objetivo no es sólo el de arañar el erario por medios legales sino el de debilitar al Gobierno, para lo que preparan un paro general de trabajadores del Estado el 23 de octubre; trabajadores que, por lo general, son bien remunerados, poco eficientes y entre quienes hay altísimos niveles de corrupción.

Pero eso no es todo. Las cruentas protestas protagonizadas por los indígenas del Cauca están visiblemente manipuladas por las Farc. Los indígenas exigen la titulación de extensas franjas de tierra aún cuando son propietarios (según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi) de 30 millones de hectáreas, mientras que el Estado es dueño de 28, los particulares de 68 y las comunidades negras de apenas 3. También hay 8 millones de hectáreas de parques y reservas forestales. Es decir, las comunidades indígenas de Colombia, que representan menos del 2% de la población, tienen el 21% de las tierras.

Los indígenas no necesitan más tierras. Como ellos mismos dicen su pretensión es la de “liberar la madre tierra de ese ejercicio de acumular riqueza”, lo que constituye una lucha de tipo político muy afín con los movimientos indigenistas de Bolivia y Ecuador. Igualmente, la huelga de los cortadores de caña de azúcar hace parte de la misma coyuntura, máxime a sabiendas de la injerencia en la misma del senador del Polo Democrático Alexander López.

El cuadro, entonces, no puede ser más claro: es la vieja práctica de la combinación de todas las formas de lucha. ·

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario