Un fallo indigno

En medio de los ecos sobre la marcha de protesta contra las Farc, las injerencias de Chávez y el peligro de que su arrebato nos conduzca a una guerra o el dilema entre cercar las áreas donde hay secuestrados o aceptar todas las exigencias para un intercambio, se pasa la oportunidad de debatir temas que también son urgentes, y tanto o más importantes, pero que no llevan 40 años tallándonos la nuca.

Uno de esos es el absurdo de anteponer los derechos de los violadores de menores a los de los niños. El año anterior, la Corte Suprema de Justicia concedió una tutela a un violador que ni siquiera estaba en la lista para aparecer en los muros de la infamia porque había sido condenado antes de que entrara en vigencia la Ley de Infancia. Acto seguido, remitieron el expediente a la Corte Constitucional para evaluar si el ‘escarnio’ es contrario a la Carta de 1991, que es prácticamente lo que se ha fallado.

El violador reclama que salir en vallas es una «condena a muerte» porque podría ser víctima de grupos de ‘limpieza social’; argumenta que la publicación de sus datos «causa daño psicológico, social, cultural y económico»; que lo discrimina aún más y que señala a sus hijos en el colegio y a su familia en el trabajo. ¿Habrase visto más cinismo? Como quien dice, le salimos a deber.

Hace poco, la Corte Constitucional prohibió los muros y, por ende, dejó en entredicho la publicación de fotografías de violadores en la televisión. Pronto nos dirá también que es una «medida desproporcionada» publicar la foto de ‘Tirofijo’ o de los mellizos Múnera para ofrecer recompensas, o difundir imágenes de los ‘paras’ en sus audiencias públicas.

El presidente de la Corte (EL TIEMPO, 03/01/2008) nos presenta orondamente su diccionario de neologismos -o neoleguleyismos- al decir que «los delincuentes merecen respeto a su dignidad», que «La labor de la Corte es (…) la defensa de la dignidad humana» y que «La dignidad de las personas es un bien absoluto y no se pierde así se haya cometido graves delitos». El DRAE dice que ‘dignidad’ es «Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse» y que ‘digno’ significa «merecedor de algo». Un violador no se comporta con decoro ni es merecedor, por tanto, de clemencia suma. Nadie pide que los linchen o los azoten, pero sí que se sopesen las reales proporciones de sus actos.

¿Será que quienes abogan por los violadores tienen la misma visión romántica de aquellos que ven altruismo en las guerrillas? ¿O son de los que consideran que la víctima es responsable de provocar al violador? Aquí las violaciones de menores no constituyen el simple desliz de un padrastro que al tenor de los tragos se deja llevar, una vececita, por las seductoras carnes de una niña. Si el paseo millonario ya se considera secuestro extorsivo, ¿qué puede decirse de la retención de un menor mientras se satisface una pulsión sexual, repitiendo ese asalto con descarada frecuencia durante años -o con muchos menores distintos- bajo coacción o amenaza?

No es una casualidad que los violadores pretendan el derecho al buen nombre tanto como las guerrillas ambicionan ser reconocidas como fuerzas beligerantes. Los delincuentes se tapan con la misma cobija.

Nuestra sociedad ha sufrido por tradición de una profunda laxitud judicial: penas irrisorias, rebajas, excarcelaciones, indultos, etc. Así como estamos cansados de las Farc, también lo estamos de la falta de justicia. La inmensa mayoría aprueba los muros de la infamia, la ley de pequeñas causas -sobre todo por la descarada reincidencia-, la propuesta del Fiscal General de endurecer la legislación para los asesinos culposos de accidentes de tránsito y la cadena perpetua para los violadores de niños. Esta debería ser una prioridad en la próxima legislatura.

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Hace un mes, un menor de 3 años le propinó un revés a las Farc, ahora fueron unos muchachos armados de mouses y banda ancha… Sí, es el fin del fin. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 5 de febrero de 2008