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Era difícil de imaginar que el nombre de una guapísima ex reina de belleza figurara entre los beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), como lo denunció la revista Cambio (24-09-09), pero eso no configura automáticamente un hallazgo de corrupción a pesar del morbo que despierte su nombre.

Una de las críticas más comunes contra el Gobierno de Uribe es esa de que suele favorecer a los ricos y no a los pobres, o que es, por lo menos, muy indulgente con quienes no necesitan asistencia pública. Algunos llegan al extremo de decir que el Gobierno compra así el apoyo de la oligarquía, al tiempo que lo acusan de practicar un asistencialismo clientelista con los pobres, mediante programas como Familias en Acción. Es decir, todo lo que el Gobierno haga es desacreditado sin remedio.

Siempre hemos oído quejas por los perjuicios que le ocasionan los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Europa al campo colombiano, lo mismo que por los estragos que causa la revaluación del peso en los sectores exportadores agrícolas, como las flores, el banano o el café, todo ello con graves repercusiones en el empleo rural y la consecuente presión en el empleo urbano.

Por tanto, ante los constantes reclamos de ayuda, el Gobierno no tenía la opción de cruzarse de brazos. El programa AIS puede tener defectos y estar mal enfocado, pero es un buen esfuerzo, sobre todo cuando los críticos, como Rudolf Hommes, no van más allá de hacer diatribas gaseosas sin proponer algo concreto: “… el campo colombiano necesita todo Un Nuevo Pacto Rural y la oposición debe aprestarse a ofrecerlo” (El Colombiano, 27-09-09). Así es muy fácil hacer oposición.

Lamentable o no, la verdad es que parceleros y minifundistas, apenas con cultivos de subsistencia y algo de producción comercializable, difícilmente pueden estructurar correctamente un proyecto —de sistemas de riego o adquisición de maquinaria— con el fin de acceder a esos subsidios, y muchas veces ni siquiera se enteran de las ofertas gubernamentales. Es cierto que hay casos de éxito de pequeños productores —como el mismo gremio cafetero o la cooperativa lechera que domina el mercado nacional—, pero eso no se da de un día para otro. Como en Carimagua, un verdadero proyecto agroindustrial puede y debe obtener mejores rendimientos y ofrecer más puestos de trabajo que el esfuerzo atomizado de un campesino allí y otro allá.

Por eso es demagógico afirmar de plano que subsidiar a los ricos es una afrenta para los menos favorecidos, sin analizar si se cumplió el propósito con el que tales ayudas fueron creadas; o que es un acto de corrupción, sin verificar si la ayuda se entregó cumpliendo con todos los requisitos y con criterios de equidad.

Claro que, dada la sensibilidad del tema, no es suficiente con que el Ministerio diga que todo se hizo dentro de la ley y que no hay irregularidad alguna. El Gobierno debe explicar los pormenores de los subsidios entregados hasta ahora y puntualizar por qué tantos recursos recalaron en las mismas familias. Más que reprobar el que millonarios recursos hayan terminado en manos de gente pudiente habría que explicar y justificar, en cada caso, la necesidad de ese subsidio para la subsistencia de su proyecto agroindustrial, el costo de las obras realizadas, la cantidad de hectáreas beneficiadas, el número de trabajadores que mantienen su puesto de trabajo o de trabajadores nuevos, la tradición agrícola del predio y de sus propietarios y cualquier cantidad de etcéteras que permitan vislumbrar que no hubo regalos, sino apoyo estatal vital y transparente, por muchos bemoles que ello pueda tener.

Es que es muy grave que el mismo ex ministro Carlos Holguín Sardi diga de sus parientes beneficiados que “ellos de agricultura, pocón”. ¿Será que las bellas reinas beneficiadas sí saben de hoces, azadas y barretones? Yo no estaría muy seguro. El Ministro tiene la palabra y muchas cosas qué explicar. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 29 de septiembre de 2009

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Posted by Saúl Hernández