Falta mucho para que Colombia sea un país sin problemas de seguridad pero estamos en una situación diametralmente opuesta a la que teníamos cuando empezó el milenio, época en la que pocos dudaban para usar el término “estado fallido” al referirse a Colombia.

 

Colombia es un país con un debate público vital, vibrante, que viene de un pasado oscuro y ha recorrido un camino de franca recuperación, pero aún no es la Nación que anhelamos. Comparto plenamente la tesis de quienes sostienen que tenemos una democracia respetable, incluso sofisticada, como dijera la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour.

Tenemos instituciones tanto o más fuertes que las de muchos países de mejor prosapia. Nadie imaginó siquiera la posibilidad de que un niño humilde, maltratado por sus tutores en el último rincón de Colombia (las selvas del Guaviare), fuera cobijado por la mano larga —y para el caso blanda— del Estado, a través del Bienestar Familiar, y llevado hasta Bogotá para garantizar su atención por casi tres años, como ocurrió con Emmanuel Rojas. Eso es posible sólo en un país que ha avanzado más que el promedio en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población; un país que ha avanzado mucho más de lo que suele reconocerse. Y sobran ejemplos.

No obstante, para los críticos antropófagos, somos un desastre, somos un país donde se violan todos los derechos y se legitiman todas las injusticias. Claro que en todas partes se cuecen habas. Hace poco, una comisión británica que visitó el país, compuesta por políticos y sindicalistas de izquierda, se manifestó escandalizada por la situación de los derechos humanos en Colombia, y pidieron que Gran Bretaña no nos ayude más y que se nos castigue cerrándonos la posibilidad de efectuar convenios comerciales con Europa. Pero por los mismos días (el 1º de abril) vimos a unos policías de Londres moler a palos a Ian Tomlinson, un ciudadano que pasaba cerca de una manifestación contra el G-20, causándole un infarto fulminante. Ya en julio de 2005, la policía londinense había asesinado al ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes en el metro, creyendo que se trataba de un terrorista suicida que portaba explosivos bajo el abrigo. Y los irlandeses siempre se quejaron de los atropellos de las fuerzas británicas en su lucha contra IRA.

También nos critican algunos sectores ‘progresistas’ de los Demócratas en Estados Unidos. No vamos a entrar en detalles históricos que sería sumamente dispendioso condensar aquí, pero no en vano ha sido hasta motivo de estudio la largueza con la que los norteamericanos actúan en el resto del globo, usando normas dobles para calificar de una manera sus actos y de otra, muy distinta, las actuaciones de sus enemigos (eso que Michael Ignatieff y otros analistas llaman el “excepcionalismo americano”). Pero, para no ir muy lejos, EE.UU. acaba de bombardear una aldea en Afganistán matando a más de 100 civiles, y no hace más que unos meses el gobernador de Illinois quiso vender el asiento senatorial de Barack Obama, como en el carrusel parlamentario que es tan típico de nuestro Congreso.

Francia, el faro de la libertad, se opuso durante largos años a cualquier tentativa de rescate de la ciudadana ‘francesa’ Ingrid Betancur (como se escribe en Antioquia, de donde era oriundo su papá, y como figura en su cédula). Esa oposición cerril de la familia de la secuestrada y de muchos líderes de ese país, incluyendo al presidente Sarkozy, recibió una clara bofetada a mediados de abril, cuando las fuerzas francesas trataron de rescatar por la fuerza a ciudadanos de su país secuestrados por piratas somalíes en el cuerno de África, dando como resultado la muerte del ciudadano galo Florent Lemacon.

Esas son apenas unas muestras de que los colombianos no tenemos que agachar la cabeza avergonzados cada vez que alguien nos critica, y que ningún país del mundo, por poderoso y rico que sea, tiene suficiente autoridad moral para entrometerse en nuestros asuntos. Sabemos nuestras fallas y trabajamos en diversos caminos por solucionarlas, con muchos problemas y limitaciones, claro está, pero estamos sobre el rumbo correcto.

La seguridad democrática

No deja de ser paradójico que al simple hecho de cumplir el contrato social, representado en la norma constitucional y reglamentado en diversas leyes, hubiera sido necesario ponerle apellido para que, finalmente, dejara de ser un hijo bastardo que nadie reconocía. Por años, pudo más el germen de la ideología, que desacreditó las tareas de seguridad convirtiéndolas en una execración abominable como la lepra, que el reclamo incesante de la comunidad para que se acabara la dictadura de los grupos violentos. Sin embargo, nos hemos convencido de la obligatoriedad de enfrentar con valentía el despotismo de quienes, amparados en vanas ideologías o insanas ambiciones, pretenden subyugar a la Nación.

Y lo que se ha ganado es mucho, a pesar del cinismo de algunos que ironizan que lo único que se recuperaron fueron las carreteras para viajar a las fincas. Si así fuera, quedaría claro que también se recuperaron los campos, pues de otra manera no se podría ir a las fincas que llevaban años de abandono. Pero, saliéndonos de esos artificios retóricos, es una pose lamentable ignorar hechos tan notorios como la ostensible reducción de los casos de secuestro; la drástica caída en el índice de homicidios; el desmonte de los grupos paramilitares —lo que siempre fue una exigencia de los grupos guerrilleros para alcanzar acuerdos de paz—; el regreso de la Policía a todas las cabeceras municipales —y aun corregimentales— del país; y la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las regiones, cuya consecuencia principal es el inocultable —y acaso irreversible— debilitamiento de las guerrillas comunistas.

Todavía falta mucho para que Colombia sea un país sin problemas de seguridad pero estamos en una situación diametralmente opuesta a la que teníamos cuando empezó el milenio, época en la que pocos dudaban para usar el término “estado fallido” al referirse a Colombia. Sin embargo, el post conflicto al que estamos llegando va a arrojar nuevas dificultades que son entendibles en la dinámica de superación de los problemas en que se encontraba el país. La destreza con las que sean solucionadas va a ser esencial en la construcción de la Colombia que todos deseamos. Y ¿cuáles son esas dificultades? En términos generales, las relacionadas con la reinserción de los combatientes, lo que paradójicamente ha disparado la violencia en muchos países tras la resolución de los conflictos.

La seguridad ciudadana

Pero para no extendernos demasiado en el tema, toquemos otro aspecto —la otra cara de Jano— que es de vital importancia para la consolidación de la seguridad como es la seguridad en las ciudades; lo que debiera ser el próximo capítulo de la seguridad democrática. A los colombianos nos preocupa el resurgimiento del sicariato y las vendettas de narcotraficantes en las calles de las principales ciudades, las peleas de las pandillas o los combos por el control de los expendios de drogas y las extorsiones a diversos tipos de negocios legales, como el transporte urbano o las ventas de lotería. También nos preocupan el “fleteo”, el maltrato infantil, la violencia en los estadios, la inimputabilidad de los menores y muchas cosas más. Pero, en el fondo, lo que más inquieta a la ciudadanía es la falta de una clara política criminal así como de una política carcelaria menos permisiva.

El ciudadano de a pie reclama medidas efectivas para combatir la criminalidad y, como no encuentra una respuesta acorde con sus demandas, acude a medidas que no pocos consideran desesperadas, como el referendo de prisión perpetua para los violadores de menores. En ese orden de ideas toman vuelo propuestas absurdas como la de duplicar las penas para quienes cometan “crímenes de odio” contra la comunidad gay. ¿No será más bien que hay un exceso de garantismo judicial que pone su cuota de violencia en las calles? ¿Acaso no es un exabrupto que las bondades del sistema acusatorio —y la confianza en la justicia— se pongan en entredicho por culpa de tecnicismos insustanciales? ¿A quién le conviene este estado de turbación de la tranquilidad urbana y la postración de los jueces ante el crimen?

Si las prevenciones que existían frente a las tareas de seguridad —de las que hablamos antes— se han subsanado en un buen grado, la justicia está permeada por corrientes del “nuevo derecho” que aducen que las penas de prisión deben ser la última alternativa del castigo porque la cárcel no entraña justicia sino venganza y porque no contribuye con la socialización.

Como si fuera poco, la congestión de las cárceles, el hacinamiento, las condiciones indignas de reclusión —etcétera—, son asuntos que tratan de subsanarse de la manera más fácil, con beneficios de disminución de pena, o de casa por cárcel, todo lo cual contribuye a empeorar el cuadro de impunidad nacional que llega al 97% (según un estudio de la Unión Europea) y que produce más violencia cuando la gente decide hacer justicia por mano propia.

En síntesis, la convivencia pacífica de los colombianos, sólo será posible cuando la seguridad democrática sea complementada con altos índices de seguridad urbana, y para lograrlos hay que ir más allá de instalar cámaras, comprar más patrullas y poner más policías.

Será cuando la justicia derrote la impunidad que podremos vivir en paz.

Publicado en la Revista Ahora, de agosto de 2009

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Posted by Saúl Hernández