Es curioso, cuando menos, que quienes pretenden dirimir el tema de la penalización de la dosis mínima son consumidores que se favorecen con el permiso de comprarla, portarla y meterla sin ser molestados por las autoridades. Algo similar ocurre con el drástico Pico y Placa de Bogotá, al que los únicos que le ven ventajas son los que andan en vehículo oficial, y los que no tienen carro. A este paso, quienes van a decidir lo del referendo de prisión perpetua para violadores de niños van a ser el monstruo de Mariquita y Luis Alfredo Garavito (ah, y Valencia Cossio).

Mientras que se procura restringir la venta de alcohol a menores, controlar su consumo en espacio público, erradicar el humo del tabaco hasta de los estadios, impedir que se reviva la publicidad de cigarrillos en la televisión y hasta la venta de antigripales sin fórmula, se ha exacerbado el contradictorio mensaje de que todos tenemos derecho a darnos en la cabeza, que las drogas son una maravilla, que si uno es un adicto -o sea un enfermo- no lo pueden obligar a curarse, y que el adicto no le hace daño a nadie. Todo eso en el marco de una campaña que propugna un nuevo paradigma en materia de políticas antinarcóticos, que porque “la guerra se perdió” y dizque basta con legalizar para que las penurias asociadas con el ‘business’ se derrumben como un castillo de naipes.

Aceptemos, en gracia de discusión, que los consumidores (¿ocasionales?) que han escrito en la prensa sendas defensas de la bareta y el perico no son viciosos y, por tanto, no tienen prejuicios contra las drogas, así como la mayoría no los tenemos contra el alcohol y el tabaco. Sin embargo, no por ello puede negarse que el alcohol y el cigarrillo producen adicción y destruyen miles de vidas y de familias. Y matan de cirrosis, cáncer, enfisema, riñas, colisiones…

Eso es lo que no quieren reconocer los defensores del pucho, que estas sustancias son de un altísimo grado de nocividad y que no porque a ellos les vaya muy bien con su uso ‘recreativo’ se pueden ocultar e ignorar sus consecuencias. Es que no todos corren la misma suerte. No están igual de expuestos a buscar el sucedáneo de las drogas los hijos del doctor Carlos Gaviria -padre de la despenalización- que unos muchachos de barriada sin pasado ni futuro.

Además, el cuento de que el mundo entero avanza hacia la despenalización no es del todo cierto. En Suecia se pasó de una estrategia de facilitación de drogas a los adictos a prácticamente la erradicación total con la misma estrategia que quiere implementar el Gobierno aquí: sentenciando al consumidor no a prisión sino a rehabilitación.

Es razonable suponer que un adicto no es un criminal, sino un enfermo, pero es inaceptable el argumento de que el adicto tiene derecho a mantener su enfermedad, a negarse al tratamiento. Esto no es opcional, porque el adicto no sólo se hace daño a sí mismo sino a los demás. Una cosa es negarse a tratamientos que prolonguen la vida inútilmente, en menoscabo de la dignidad humana, y otra es negarse a recuperar la dignidad.

Y si hay algo cierto en todo esto es que este debate no lo pueden dar los drogos, son enfermos y tienden a no reconocer su problema. En cambio, las mamás, los profesores y los expertos sí ven claramente el despeñadero por el que vamos. El siquiatra sueco Nils Bejerot dice que el número de consumidores de droga crece o disminuye según el grado de permisividad de las leyes, y el toxicólogo Ulf Rydberg, del instituto Karolinska, afirma que está comprobado que “hacer difícil o penalmente arriesgado el acceso a la droga hace que renuncie a usarla el 50 por ciento de los consumidores ocasionales”.

Los especialistas también coinciden en que para prevenir debe haber control social, “…un claro mensaje de rechazo al consumo”, pero aquí estamos en el mundo de Subuso: el que fuma bareta lo hace donde quiere, el que fuma pielroja sólo donde puede; ya no lo dejan ni acompañar un tinto. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de marzo de 2009.

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Posted by Saúl Hernández

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