El Estado colombiano tiene una manía insuperable: no sabe cómo dejar de incomodar a los ciudadanos con sus trámites y requisitos inoficiosos. Unas veces es el pasado judicial, otras veces la Pila y ahora el calvario es la nueva cédula. No dudo de la importancia de modernizar los procesos de identificación y registro pero conociendo a nuestros dirigentes -y dados los antecedentes del caso- es claro que esto no se hizo por el bien del país sino con propósitos mezquinos.

Y es que lo que mal empieza, mal termina. El gobierno de Samper, mediante Decreto 1275 de 1995, declaró el proceso de modernización del registro como un asunto de seguridad nacional, lo que suena chistoso porque él jamás se preocupó por la seguridad de nada. En 1996, el proceso licitatorio se cayó al descubrirse que el espía alemán Werner Mauss -el amigo del Eln- estaba intrigando en favor de Siemens, empresa experta en obtener contratos mediante prácticas corruptas.

A finales de 1997, y gracias a la argucia de Samper, el cuestionado registrador de la época, Orlando Abello, le adjudicó a dedo el contrato por 65 millones de dólares a la francesa Sagem, a pesar de sospechas de sobrecostos e incapacidad del contratista. Y eso se demostró. El primer plazo para el cambio de cédulas era el primero de enero de 1999, pero debió extenderse, inicialmente, hasta el 31 de diciembre del 2001.

En el 2000, la Contraloría investigó a cinco registradores por prorrogar el contrato más del doble del tiempo establecido en vez de decretar la suspensión por el incumplimiento de Sagem en materia de plazos, características técnicas de los equipos y capacitación de los funcionarios de la Registraduría, así como de las tareas de entregar funcionando los sistemas automáticos de identificación dactilar y los de registro civil, y del traslado de huellas del sistema anterior al nuevo. Incluso, la elaboración de cédulas fue un fiasco desde el principio: ese año hubo que destruir 50.000 documentos -por valor de 1.000 millones de pesos- debido a errores y se represó la producción.

Luego, en el 2002 se estableció un tercer plazo para el cambio de cédulas: el primero de enero de 2006; y, en diciembre de 2005, Sagem fue premiada con otro contrato para finalizar el proceso de modernización por 160 millones de dólares y un nuevo plazo: el 31 de diciembre del 2009. Sin embargo, vistas la ineptitud de la Registraduría y el contratista, y que aún faltan 6 millones de colombianos para cedular, es casi imposible cumplirlo. Todo indica que cientos de miles de colombianos se quedarían sin votar para Congreso y Presidente en el 2010, pues la espera es hasta de dos años desde que el ciudadano hace el trámite hasta que le entregan el cartón, y -lo que es peor- el Estado incurriría en el abuso de dejar indocumentados a ciudadanos honorables que siempre han tenido sus credenciales a la orden del día.

Tras este cambio de documento hay grandes mentiras, como aquella de que el nuevo no se puede falsificar. Los delincuentes accederán a tecnología que les permita hacer el fraude y dentro de la Registraduría siempre habrá quien se deje untar la mano para borrar o alterar archivos digitales como lo han hecho siempre con las amarillentas fichas.

Otra es que el cambio de cédula es gratis. No señores, cada una vale más de 20.000 pesos de nuestros impuestos, más 20.000 si la pide a domicilio, más 20.000 de pasajes, más 20.000 de demoras, más 20.000 de rabias… Otra más es la de hacer ver como ‘necesidades’ cosas que no son prioritarias.

Era más importante implementar el voto electrónico o hacer una carretera con esa plata. También nos van a decir que con las nuevas licencias de conducir se acabarán las tragedias viales, como si la estampa del santo hiciera el milagro. En fin, todo esto no es más que el viejo truco de embobar a la gente con espejitos que no sirven ni para peinarse y hacernos creer que son cosas esenciales para el progreso del país. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 20 de enero de 2009

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Posted by Saúl Hernández

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