A pesar de que en Colombia se ha reconocido que el disfrute sexual no tiene por qué estar atado a la reproducción, seguimos siendo una sociedad premoderna en la que aún no se toman medidas eficientes para evitar que lo uno conduzca a lo otro. Bien es cierto que nuestra tasa de natalidad es baja, casi al nivel de los países europeos, y que se ha hecho un tránsito dramático de aquellas familias tradicionales de hace medio siglo, con 10 hijos, a las de hoy, con uno o dos. Sin embargo, sigue siendo evidente la calamitosa relación que hay entre pobreza y crecimiento demográfico y aún entre crecimiento demográfico y criminalidad.

Es lamentable que ningún político abandere el tema, que haya pocas organizaciones sociales que lo promocionen –con tibios resultados– y que la sociedad lo soslaye por miedo a enfrentar un asunto que sigue siendo tabú. De esta manera se consiente la noción arcaica e inaceptable en nuestros días, de que engendrar es un derecho ‘inalienable’ de la persona y que cada quien decide cómo, cuándo, dónde y con quién quiere, puede o desea tener uno o muchos hijos. Es más, el que se atreve a cuestionar esto es tildado de ‘fascista’.

La política no puede regirse por criterios metafísicos, como el derecho a la vida de sujetos que aún no han nacido. Colombia supera por mucho la población de países con similar desarrollo y tamaño como Venezuela, Perú y Chile, e incluso tiene más habitantes que Argentina y está cerca de sobrepasar a países con economías robustas como España –la octava economía del mundo– y Corea del Sur. En contraste, nuestra economía es muy lenta para absorber la creciente oferta laboral que, por cierto, es poco calificada, y el Estado no alcanza a satisfacer las necesidades crecientes en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos y demás.

Como si fuera poco, un alto porcentaje de los niños concebidos hoy en día, no es deseado; otro alto porcentaje pertenece a familias disfuncionales, casi siempre carentes de padre o con uno maltratador; y proliferan los menores en los sectores más pobres, criándose en ambientes sórdidos. En realidad, la explosión demográfica nos afecta a todos, tener un hijo no es un asunto sólo de los padres sino de todo el conjunto social, por eso no es un despropósito pedir un ordenamiento legal que obligue a las personas a planificar.

La columnista Salud Hernández-Mora se preguntaba hace poco “…por qué a los padres naturales no les exigen nada a la hora de tener un hijo (…) si para adoptar a un niño es imprescindible acreditar unos requisitos jurídicos básicos, tales como idoneidad de orden mental, social y económica, y edad mínima de 25…” (El Tiempo, 2009-06-27). También se preguntaba si tiene derecho a volver a engendrar una mujer que asesinó a su bebé o un hombre que maltrate a un menor.

En un noticiero, una mujer supuestamente desplazada, que había sido desalojada por las autoridades de un terreno de invasión, decía a grito herido que tenía cinco niños y el alcalde del lugar no se había hecho presente con alguna ayuda. ¿Será que ese alcalde es el papá de esos infantes?, ¿será que algún funcionario público hizo de celestina en la concepción de esos críos?, ¿o será que los hijos no son responsabilidad de los padres sino del Estado?

Si la respuesta es la última, entonces el Estado debe ser quien zanje algunos asuntos sobre la reproducción, principalmente en cuanto al límite y a la probidad de las personas que procrean hijos, porque de lo contrario estaría siendo cómplice de los maltratos a que son sometidos los no deseados, casi siempre condenados a ejercer la delincuencia y la prostitución; sería también cómplice de una vasta porción de la violencia, pues hay estudios que demuestran la íntima relación entre embarazos no deseados y criminalidad; y estaría (el Estado) alimentado la pobreza que se propone erradicar. China impuso su política del hijo único –desde 1979– por racionalidad y no por despotismo, y con ello inició su despegue económico.

El doctor Rubén Ardila propone para Colombia la política del hijo único, pero aduce que se debería hacer “por medio de ‘programas educativos’, no por coerción ni por medio de leyes impositivas” (El Tiempo, 2009-07-05). Eso es demagogia, así no funcionaría nunca. Aunque suene paradójico, la solución puede estar en los subsidios y demás ayudas del Estado, que deberían preferir a quienes menos hijos tengan y a quienes hayan cerrado la fábrica en vez de seguir alcahueteando tanta desmesura y cinismo. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 20 de julio de 2009 (www.elmundo.com).

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Posted by Saúl Hernández