Más grave que ‘pinchar’ sin orden judicial es el darle mal uso a las grabaciones y a la información obtenida.

Puede que no sea políticamente correcto decirlo pero todos los gobiernos del mundo hacen seguimientos de inteligencia -que incluyen escuchar o interceptar comunicaciones- a ciudadanos nacionales o extranjeros, que consideren ser potencialmente peligrosos por tener algún tipo de vínculo con el ‘enemigo’, con la finalidad de preservar la seguridad y estabilidad no sólo del Estado sino de la Nación misma. Esto no es un invento nuevo ni exclusivo y negarlo es una necedad.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Chávez pinchó, en noviembre pasado, una conversación entre el embajador colombiano y el asesor del Presidente Uribe, José Obdulio Gaviria. Y eso que está terminantemente prohibido intervenir las comunicaciones de delegaciones diplomáticas. En Argentina, la Corte Suprema acaba declarar inconstitucional la ‘Ley Espía’, vigente desde 2003, que ordenaba a las compañías de comunicaciones preservar por 10 años todos los mensajes de telefonía e internet. Paradójicamente, las mayores críticas a esta ley tenían que ver con las dificultades técnicas y el excesivo costo de los equipos necesarios para archivar tal volumen de información. En Perú, -según reciente artículo de Mario Vargas Llosa- una de las secuelas de la administración de Fujimori es el mal hábito de “chuponear” teléfonos, del que ahora se encargan empresas privadas con tecnología a la que hoy accede cualquier cristiano que tenga una buena cantidad de dólares a mano. En ese sentido, el periódico El Tiempo (06-04-2008) informó que las autoridades habían desarticulado una red de inteligencia de Wílber Varela, alias ‘Jabón’, que había infiltrado al DAS, la Policía y la Fiscalía: “El poder de la red era tal, que logró hacerse a tres sofisticados aparatos portátiles de interceptación (tecnología británica), cuya importación y venta es restringida: solo pueden acceder a ellos organismos de inteligencia”.

En Estados Unidos, por su parte, el FBI tiene un controvertido sistema de rastreo de correos electrónicos llamado ‘Carnívoro’, el cual graba cualquier mensaje que circule por servidores basados en territorio norteamericano, para ser usado en investigaciones criminales. Los rastreos también tienen el propósito de evitar ataques terroristas, para lo cual se filtran palabras y frases sospechosas que ayudan a seleccionar mensajes que requieren mayor atención. Como si fuera poco, la Agencia de Seguridad Nacional de E.U. (NSA, por sus siglas en inglés), administra el sistema Echelon, la mayor red de espionaje electrónico del mundo, compartida con Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que puede captar mensajes de radio, telefonía o internet de casi todo el planeta.

Ahora, si no fuera por interceptaciones telefónicas reveladas por medios de comunicación no nos habríamos enterado de innumerables escándalos de corrupción o de los pormenores que se vienen destapando sobre el complejo caso de David Murcia Guzmán y los alcances de sus actividades fraudulentas. Claro que la avidez de los medios ha estimulado el fisgoneo. Todos los medios sueñan con lograr una chiva de escándalo y muchos pagan por pruebas obtenidas de manera furtiva –como si se tratara de una foto de paparazzi-, incluso violando la reserva sumarial.

Por otro lado, exigir que las interceptaciones sólo puedan ejecutarse con la autorización previa de un juez, con el fin de preservar la esfera íntima de las personas y las libertades civiles, riñe a menudo con la urgencia y la confidencialidad extrema que requieren algunas investigaciones. Más grave que ‘pinchar’ sin orden judicial es el darle mal uso a las grabaciones y a la información obtenida. Esa es la médula del asunto.

El escándalo suscitado por las grabaciones ilícitas efectuadas por el DAS, se ha desviado para señalar que el Gobierno trata a los opositores como enemigos, cuando lo que debe observarse es la descomposición de una entidad convertida en una rueda suelta que le estaba vendiendo información al mejor postor. Los organismos de inteligencia deben actuar con estrictos criterios éticos y morales pero, por cierto, nadie –ni siquiera la oposición- está exento de ser investigado. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 2 de marzo de 2009 ( www.elmundo.com ).

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Posted by Saúl Hernández

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