La imposición del salario mínimo -a menos que las partes interesadas lo acuerden- es un acto de realismo político por excelencia que tiene que estar por encima de las buenas intenciones, superando el idealismo y la demagogia. Claro que no hay que llegar al extremo de compartir la posición del ex ministro Alberto Carrasquilla, para quien el salario mínimo en Colombia es “ridículamente alto”, pero es preciso mantener los pies en la tierra y tener presente que el bienestar económico no se dicta por decreto; la economía tiene su dinámica propia y muchas decisiones loables producen un efecto contrario al deseado.

Pueden tener razón quienes arguyen que se requiere impulsar la demanda estimulando la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, pero disparates como duplicar el mínimo -promesa de Horacio Serpa en la última campaña presidencial-, sólo servirían para disparar la inflación y el desempleo, y devastar las condiciones de competitividad. Esos son globos que se echan para ganar votos, pero ni al peor de los populistas se le ocurriría implementar algo así.

En esto del mínimo cunde la demagogia. Suele pasarse por alto que los empresarios que más se verían golpeados por un incremento desproporcionado no son los que imaginaría todo el mundo -los Sarmiento Angulo y similares-, sino los que tienen una zapatería con tres obreros y cosas por el estilo. Esos son los ‘potentados’ que, dicen, el Gobierno favorece con un aumento que no alcanza ni para una bolsa de leche.

La verdad es que las grandes empresas tienen, por salario mínimo, uno mucho más alto que el oficial, y los trabajadores del sector público gozan de las prebendas alcanzadas por los sindicatos ante gobiernos complacientes, que incluso han logrado poner en riesgo las finanzas del Estado. No es casual que la gente anhele ocupar cargos oficiales y que las roscas políticas se impongan hasta para los puestos de oficios varios, dotados de emolumentos que muchos profesionales no gozan.

Cuando el mínimo se incrementa por encima de lo sensato, los costos son trasladados al consumidor final neutralizando el efecto positivo inicial. Y si baja la demanda, por falta de competitividad, al empleador no le queda de otra que prescindir de algunos puestos que tienen todas las prestaciones de ley, o mantenerlos pero en condiciones de informalidad. De hecho, cada vez más personas aceptan trabajar sin seguridad social y demás arandelas, y con salarios inferiores al mínimo, como en el dramático caso de las empleadas domésticas.

No puede negarse que el incremento realizado, igual a la inflación, no sirve para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, ni los índices de pobreza. Pero no puede desconocerse que el Gobierno hace esfuerzos desde otros frentes para atacar la problemática con el otorgamiento de subsidios de vivienda, la ampliación de cobertura del Sisbén o programas como Familias en Acción. Incluso, cada vez hay más gobiernos locales y regionales que implementan comedores comunitarios, subsidios para educación y otras estrategias focalizadas en los más pobres. También es importante el esfuerzo del ICBF, el Sena y las cajas de compensación, cuyos recursos provienen de los costos parafiscales que, paradójicamente, son un lastre para el crecimiento del empleo.

No se le puede mentir a la gente haciéndole creer que vía salarios van a salir de la pobreza. Eso se consigue a largo plazo con programas que optimicen, principalmente, la salud y la educación de los más pobres, por lo que la lucha por la equidad debería centrarse en impedir que los subsidios se sigan diluyendo en los estratos que no los necesitan y que los recursos públicos se malgasten en cosas superfluas o sean presa de una corrupción desproporcionada. Tener altos salarios es un anhelo de todos, pero una quimera para una economía incipiente y más en estos momentos en que el palo no está para cucharas. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 6 de enero de 2009

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Posted by Saúl Hernández

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