Ct. (r) Luis A. Rojas Jaimes

Al ver por televisión a la fiscal Ángela María Buitrago pidiéndole a la Juez Stella Jara la condena de cuarenta años de prisión para el Sr. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas que según los videos salieron algunos ilesos y otros con heridas leves del Palacio de Justicia en el año de 1.985, siendo llevados a la casa del florero, veo la injusticia que se quiere cometer con el Coronel; según ellas hay que condenarlo para cumplir con las exigencias de fuerzas oscuras, para minar las fuerzas y la moral de nuestras tropas institucionales.

Uno de los principios básicos de todo ser humano que desempeña un trabajo o una función, debe ser que cuando la persona no conoce o no sabe exactamente el trabajo que va a ejecutar debe darle la oportunidad, o asesorarse de personas que sepan realmente la materia en cuestión, a fin de no cometer errores que puedan costarle caro a cualquiera de las partes, como le está pasando al coronel Plazas. Tanto la fiscal Buitrago como la Juez Jara no tienen idea de las jerarquías, normas y línea de mando institucionales que existen en las Fuerzas Armadas, así como las funciones, normas u obligaciones, que cada posición jerárquica implica. Por esto la necesidad del fuero militar; un juez civil no puede juzgar ni mucho menos condenar a un militar por acciones cometidas en actos del servicio.

En el momento en que se supo de la toma por parte del grupo subversivo M-19, se ordena una operación militar; inicialmente toman posición tropas normales a pie, así como policías, y agentes secretos de la Policía y el Das, a fin de tratar de recuperar el orden. Como esto es imposible por el armamento, la cantidad de enemigos dentro del Palacio de Justicia y el fortín que ese mismo Palacio constituyó para el M-19, se ordenó el envío de una fuerza mayor, en este caso los tanques que tenía la Escuela de Caballería, la cual estaba al mando del señor coronel Plazas Vega, quien llegó con sus tanques a la Plaza de Bolívar y allí recibió la orden de entrar al palacio y restituir el orden constitucional. Algunas personas que estaban en el Palacio en el momento de la toma, salieron por su cuenta o fueron liberados, y fueron llevados a la Casa del Florero donde se ubicó el sitio de reunión; todo esto es lo que la gente del común así como la Juez Jara y la Fiscal Buitrago saben.

Dentro de la operación de retoma del Palacio de Justicia, por parte del Ejército Colombiano, hay un factor muy importante a tener en cuenta como es el de la jerarquía militar, que va desde el mando institucional, pasando por los grados militares, la antigüedad dentro de los grados y el mando sobre las unidades que participaron en la operación. Esto lo explicaré de la siguiente manera: el jefe supremo en este caso es el Presidente de la República, en ese entonces Belisario Betancur, quien toma las decisiones e imparte las órdenes, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministro de Defensa y la cúpula militar; después del Presidente está el Ministro de Defensa, el señor General Miguel Vega Uribe; después el Comandante de las Fuerzas Militares; seguidamente, el Comandante del Ejército; después el Comandante de la Décima Tercera Brigada con sede en Bogotá. Quien tuvo que recibir la orden de entrar al Palacio, fue el señor General Cabrales, quien era el comandante de todas las unidades tácticas en Bogotá, entre las que se encontraba la Escuela de Caballería, quien recibió la orden del Comandante de Brigada para efectuar la retoma del palacio con sus tanques. Hasta ahí creo que todo está claro: cuando se realiza una operación de esa envergadura se emplean todas las tropas necesarias con sus respectivas especialidades de combate así como de apoyo para el mismo.

En esa operación participaron tropas de Caballería que tenían como misión, con sus tanques, entrar y retomar el control de la situación; también participaron unidades de a pie, que fueron las que inicialmente tomaron posición fuera del Palacio pero que por el fuego de las armas del M-19 no podían sino permanecer fuera del mismo; participaron unidades secretas de civil que apoyaron a las fuerzas de a pie que se quedaron fuera del Palacio; participaron fuerzas helicoportadas que fueron descargadas en el techo del mismo; participaron unidades de inteligencia del Ejército -del Batallón Charry Solano-, del Das, y del F-2 de la Policía, que en ese tiempo aún existía. Todas esas unidades de inteligencia montaron su cuartel general en la casa del Florero y fueron los que se encargaron de recibir a los que lograron salir o a los que rescataron con vida del Palacio, interrogándolos para verificar su identidad. Como conocedor del tema, puedo afirmar que si realmente hubo desaparecidos, los únicos capaces de esclarecer lo que sucedió son los miembros de inteligencia militar; y si hubo desaparecidos, los responsables son ellos. El Coronel Plazas fue el Comandante de la operación de la retoma pero él no tenía, ni tuvo mando sobre los que salieron con vida, ya que ellos pasaron a otro comando que fue el de unidades de inteligencia. Hay que aclarar primero quiénes se los llevaron; si los del Batallón Charry Solano, los del F-2 o los del Das, para así fijar responsabilidades.

En este orden de ideas se puede establecer que el señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega no es culpable del delito de desaparición que hoy se le quiere imputar, ya que su única responsabilidad en la operación era efectuar la retoma del Palacio de Justicia y por la misma situación táctica no tenía control ni mando sobre las unidades de inteligencia que operaban en la Casa del Florero, quienes en últimas fueron los que recibieron y manejaron a los que supuestamente salieron con vida del holocausto.

Cosa diferente sería si se estuviera juzgando las muertes que sucedieron dentro del Palacio, esas si fueron responsabilidad del señor Coronel Plazas Vega, ya que las tropas bajo su mando fueron las que causaron la bajas de los guerrilleros del M-19, quienes asesinaron a magistrados con ráfagas y tiros de gracia según testimonio del Magistrado Hernando Tapias Rocha, así como el personal que laboraba y estaba en el momento de la toma del Palacio y no pudieron salir de las instalaciones, muriendo calcinados en su mayoría.

Un dato más: ahora después de 24 años, esta Fiscal viene a determinar quién sabe bajo qué argumentos, que fue un cohete del Ejército el que inició el fuego dentro de las instalaciones. Aunque eso puede ser factible, no debemos olvidar que el M-19 tenía la orden de los capos del narcotráfico de destruir todas las pruebas que los implicaran para evitar su extradición; ese fue el único motivo que existió para que el M-19 se tomara el Palacio de Justicia. ¿Qué intereses oscuros serán los que están tratando de ocultar al tratar de cambiar la realidad de los hechos ocurridos en 1985?

En un video inédito -supuestamente hasta ahora encontrado, en muy mal estado de conservación, desenfocado y tomado a mucha distancia-, se ve a un individuo joven que de acuerdo a sus movimientos se aprecia que está herido en su pierna izquierda, quien apoyado en dos soldados sale del edificio.  Viendo el video muchas veces, y aún con el aumento que se le da a la imagen, es imposible detallar la fisonomía de la cara o algún rasgo que permita identificar de quién se trata. Dudo mucho de la aseveración de la esposa del Magistrado Auxiliar Carlos Urán, quien lo identifica ‘plenamente’, cosa imposible dada la calidad del video. ¿No será que fue influenciada por la misma justicia para hacer semejantes aseveraciones?

El cuerpo del Magistrado apareció tras la toma del Palacio calcinado y con un tiro de 9mm en la cabeza. Pero, entonces, se hacen especulaciones gratuitas acerca de que si lo sacaron vivo, ¿por qué apareció al otro día muerto en el Palacio? Hay que recordar que el comandante Almarales asesinó a muchos magistrados con tiros a quemarropa, según declaración del Magistrado Hernando Tapias y de acuerdo a exámenes forenses, por lo debe investigarse en el informe forense de la época si el cuerpo del Magistrado Urán presentaba una herida en su pierna izquierda que nos demostraría que efectivamente es el del video, y si fue quemado con sustancia distinta a la que ardió en Palacio pues él habría sido incinerado en otro sitio. Esas sí serían pruebas contundentes, no la de un video con imágenes borrosas. Si los del M-19 asesinaron no solamente a uno sino a la mayoría de los magistrados, muriendo unos quemados y otros por la acción de las balas asesinas de ese grupo narcoterrorista, ¿a cuento de qué se le quiere dar otra dirección a este genocidio?, ¿quién está detrás de estos intentos de desviar la investigación?, ¿quién está utilizando la justicia para fines maquiavélicos contra las Instituciones Armadas? Creo que todos lo sabemos y somos cómplices por nuestro silencio y permisividad.

Si la investigación no ha concluido y estos hechos genocidas y delitos de lesa humanidad no prescriben, deben llevarse ante la justicia para responder por los mismos a los miembros del M-19 que se encuentran vivos y degustando las mieles del poder; seguro que si esto se hace realidad, a Petro, Navarro, Vera, y otros que participaron en este genocidio, delito de lesa humanidad, como miembros activos del M-19, los jueces de hoy les darán la casa por cárcel y penas de cinco a ocho años, mientras que los héroes que mantuvieron la integridad de la democracia y la paz estarán pagando cuarenta: la injusticia de la Justicia.

No es como lo quieren hacer ver la Juez Jara y la Fiscal Buitrago, que se les llena la boca argumentando arbitrariedades que no tienen ninguna base jurídica por desconocimiento completo de la línea de mando, la jerarquía, antigüedad , mando de unidades y de operaciones militares. Ellas, si fueran justas, se hubieran declarado impedidas; pero no lo hicieron porque su única misión es condenar al coronel Plazas, dándole gusto a intereses mezquinos que la justicia tiene que aclarar, corregir y juzgar para que hechos como este, donde se pretende condenar a un inocente buscando y montando pruebas falsas y falsos testigos no se vuelvan a presentar.

Fuentes documentales:

Posted by Invitado