Es un hecho irrefutable que todas las personas tenemos legítimo derecho a la seguridad en el marco de un estado asociativo, uno de cuyos fines prioritarios es el de velar por la integridad de los ciudadanos ante amenazas internas o externas. También es un hecho que de no haber condiciones de seguridad, a cada ciudadano nos asiste el derecho de ejercer nuestra propia defensa –lo cual no debe confundirse con hacer justicia por mano propia- para preservar nuestras vidas y los bienes que aseguran nuestra supervivencia, parámetro bajo el cual el porte y tenencia legal de armas de fuego tiene alguna justificación.

No obstante, se ha demostrado fehacientemente que las armas legalmente amparadas tienen una amplia participación en crímenes de diversa índole, desde los que son cometidos por ciudadanos ‘de bien’ en estado de embriaguez o de ira y dolor extremos, hasta aquellos que son ejecutados por peligrosos delincuentes. Es decir, sorprende verdaderamente la laxitud de las autoridades militares para otorgar licencias para porte y tenencia de armas de fuego a cualquier persona sin la menor cautela. Pareciera que fuera política de las Fuerzas Militares la venta desmedida de armas de fuego con el mero criterio del lucro económico, el único que para este caso no puede prevalecer.

A quienes se sienten inseguros y consideran que es preciso portar un arma para defenderse, hay que preguntarles qué puede hacer un ciudadano con un revólver cuando lo toman, por sorpresa, delincuentes mejor armados y en mayor número. La verdad es que en esos casos, estar armado no sirve de mucho. Cientos de ciudadanos armados han sido víctimas de delincuentes sin que el arma lo haya podido evitar. Y cientos de personas, en nuestro país, han sido asesinadas con armas legales -adquiridas en las guarniciones militares y portadas bajo licencia-, muchas veces por simple intolerancia y no de manera premeditada. Tenemos mala memoria: el ya olvidado futbolista Andrés Escobar, fue asesinado con un arma ‘legal’.

No puede negarse, sin embargo, que la situación de seguridad en el país, si bien ha mejorado, aún tiene falencias que están por subsanarse. Prohibirle a la gente que porte un arma para su defensa exige un gran compromiso por parte de las autoridades y un redoblamiento de esfuerzos que no se ve. En un país como el nuestro, con una violencia tan compleja que se resiste a desaparecer, es un despropósito poner a buena parte de las fuerzas policiales a perseguir al ‘cartel de los añoviejos’, como ocurrió en las recientes festividades. Aquí son más los efectivos que se dedican a perseguir polvoreros, vendedores ambulantes, fabricantes de discos y libros piratas y hasta traficantes de fauna silvestre, que los destinados a perseguir a los verdaderos delincuentes que hacen inseguras nuestras ciudades.

Y a prevenir. Porque si lo que se quiere realmente es recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y que nadie salga armado a las calles, las autoridades deben demostrar tener pleno control por lo menos de las áreas céntricas de las principales ciudades, exhibiendo un nutrido y disuasorio pie de fuerza; una dotación de armamento, vehículos, medios de comunicación y tecnología de avanzada que les dé una franca ventaja sobre los criminales; un superior grado de entrenamiento y capacitación que haga a los efectivos más confiables en su misión de servicio a la ciudadanía; y haciendo que la Policía se dedique decididamente a hacer su deber y no a ser un simple espectador reactivo. La única manera de asegurar que nadie porte armas será realizando permanentemente rigurosos operativos de control. De no ser así, la prohibición de portar armas legales –las ilegales obviamente están prohibidas pero igual las portan- termina siendo un saludo a la bandera y un favor para los delincuentes, ya que muchos ciudadanos de bien quedarían inermes a merced suya.

No cabe duda de las bondades de impedir el porte de armas por parte de todos los colombianos, recuperando para el Estado el absoluto monopolio –aunque suene redundante- de las mismas, pero queda la duda de si las autoridades están preparadas para dar este paso que debería ser el siguiente capítulo de la seguridad democrática.

Publicado en el periódico El Mundo, el 12 de enero de 2009.

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Posted by Saúl Hernández

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