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¿Será que es legítimo fundar en Colombia un movimiento político extranjero? ¿Será admisible consentir el funcionamiento de un partido dirigido desde el exterior, que trate de inocular corrientes políticas foráneas?

En principio, en un país libre, es natural que cualquier ciudadano pueda promover ideologías extranjeras con las que se identifique y hasta organizarse en torno de ellas. De hecho, ideologías “criollas” o “autóctonas”, en cualquier parte del mundo, son cosas infrecuentes. Casi toda forma de gobierno es importada, copiada con una que otra variante, y adaptada en unas partes mejor que en otras de acuerdo con la cultura, que es, finalmente, la que determina el éxito o el fracaso de una forma de gobierno en un lugar determinado.

Sin embargo, una cosa es importar una ideología dentro del marco democrático y otra, muy distinta, es pretender imponerla con ayudas extras, como es mediante el poder corruptor del dinero o el de la coacción armada, y hacerlo con objetivos muy distintos a los de defender las libertades, la justicia o la lucha por el bienestar y la felicidad de los asociados.

El chavismo se ha diseminado por toda Latinoamérica y en muchas otras partes del globo, siguiendo ambas prácticas. Ha repartido pródigamente generosas “donaciones” en dinero o en especie, al tiempo que mantiene relaciones con grupos subversivos y dictaduras militaristas, y desarrolla una turbia y amenazante carrera armamentista.

En un artículo titulado “El ajedrez imperial de Hugo Chávez” (The Washington Post Writers Group, 12-08-2009), Álvaro Vargas Llosa pormenoriza la estrategia que le ha permitido a Chávez su expansión en Latinoamérica, vendiendo franquicias de su “socialismo del siglo XXI”, y sostenerse en el poder —de manera aparentemente democrática— mediante formas de control del voto que amedrentan a la ciudadanía, y la inverosímil expansión del Estado: la mitad de la población venezolana depende económicamente de Chávez.

Según diversas fuentes, se estima que los ingresos petroleros de Venezuela, en los últimos diez años, rondan los 800.000 millones de dólares; suma equivalente a la destinada por el gobierno de Obama para afrontar la crisis económica. Pero Venezuela sólo tiene la décima parte de la población de EE.UU., y esta sigue sumida en una pobreza rampante que apenas ha sido paliada llevando médicos cubanos a los barrios pobres. ¿Dónde están las megaobras de infraestructura —de transportes, comunicaciones, turismo, educación, ciencia y tecnología…— que en otros países se hacen con una fracción de ese dinero? ¿No es evidente que todo eso se ha ido por la cloaca echándole pintura roja al Continente?

El plato que se está cocinando en Venezuela no es democracia. Chávez está acelerando la revolución sin pararse en mientes para arremeter contra la propiedad privada, tomar el control de la educación, apagar cientos de emisoras de radio, restarle competencias a la alcaldía de Caracas y convertir las protestas en su contra en delito de “rebelión civil”. Cada semana hay un nuevo atropello.

Tan sólo la Ley de Educación es una afrenta a los valores democráticos, culturales y sociales, un abuso que llega al extremo de facultar al Estado venezolano para arrogarse, a partir de los tres años de edad, la patria potestad de los menores, con el fin de educarlos a antojo del presidente Chávez, quien es el único verdaderamente necesitado de educación; tanto de la urbanidad de su compatriota Carreño, como de la instrucción mínima que debería tener hasta un presidente de su categoría para no caer en dislates como ese de que “la especie humana tiene 25 siglos”, o que “siete por ocho, cincuentaidós”.

Hay ocasiones en que la defensa de los valores fundamentales de una sociedad requiere imponer ciertas restricciones para que sus propias libertades no se conviertan en un agujero por el que penetre el virus que la puede aniquilar. No importa lo contradictorio que eso pueda parecer. Israel prohibió que partidos pro-árabes participen en elecciones. España ilegalizó todos los partidos que apoyen a ETA y se nieguen a condenar sus actos violentos —como Batasuna, Askatasuna, PCTV y otros—. Dada la cercanía del gobierno venezolano con la subversión colombiana, y el expreso deseo de aquel por inmiscuirse en la política colombiana para arrasar con nuestra democracia, es preciso cerrarle la puerta de las instituciones a esos que buscan someterlas a su amaño. ·

Publicado en la Revista Ahora

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Posted by Saúl Hernández