Una vez que le fue concedido el asilo territorial a María del Pilar Hurtado en Panamá, el presidente alfabético de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla Paucar, salió a los medios a afirmar que la figura del asilo es “para beneficiar a quienes son perseguidos políticamente, no para beneficiar a los perseguidores” [ver video]. Es decir, profirió abiertamente una condena contra la señora Hurtado sin vencerla en juicio, negándole de manera flagrante el derecho a la presunción de inocencia, lo que demuestra a cabalidad que la ex directora del DAS tiene toda la razón al temer por la falta de garantías.

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Podría creerse que la sentencia de Arrubla no fue más que una imprudencia si no fuera porque él, y otros, han venido prejuzgando desde hace meses en lo referente a las supuestas chuzadas del DAS. Imprudencia fue la de Francisco Santos, quien siendo vicepresidente expresó que el mercenario israelí Yair Klein tenía que “pudrirse en una cárcel colombiana”, lo cual le bastó al Tribunal de Estrasburgo para negar su extradición.

No obstante, tiene razón el magistrado Arrubla en expresar que la justicia colombiana es extremadamente garantista: por eso la impunidad en Colombia es del 96 por ciento; por eso los delincuentes están en las calles y no en las cárceles; por eso la excesiva generosidad para otorgar la figura de casa por cárcel a individuos peligrosos que gracias a ello siguen delinquiendo; por eso el obsequioso régimen de rebajas de penas imperante, que reduce las condenas a un tercio de la sanción inicial. Incluso, por estos días se debate un proyecto que concede una rebaja de la quinta parte de la pena para todos los condenados con ocasión del Bicentenario de la Independencia. Y a quienes deseen mencionar las penas alternativas de las que gozan algunos paramilitares, recordémosles la impunidad absoluta de los indultos y las amnistías a las guerrillas…

En efecto, nadie está afirmando que la justicia colombiana, en general, no ofrezca garantías. Lo que hay que afirmar sin ambages es que la Corte Suprema de Justicia viene desarrollando una persecución contra el gobierno de Uribe, sus funcionarios y allegados, que se ha manifestado de diversas formas, como en el proceso de la parapolítica, en el que han sido condenados congresistas de la coalición uribista por mera sospecha; el entorpecimiento de proyectos como la ley de Justicia y Paz; la obstrucción en la aprobación de extradiciones; o la absurda negativa de abrir el proceso de la Farcpolítica por considerar que los crímenes de las guerrillas son ‘altruistas’.

En el caso puntual de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, está claro que se carece de las más mínimas garantías para un juicio justo porque ya está condenada por su juez natural y porque este alto tribunal está empecinado en demostrar, así sea por afirmación de fe, que el affaire del DAS fue ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Según versiones de prensa (Los informes de la ‘Mata Hari’, El Espectador, 30-10-2010), en la Corte se dice que lo del DAS “…será la estocada al Presidente (Uribe)” y que “…así como el Presidente está haciendo esto, pues va tener sus escándalos…”. Nada de esto es especulación. Basta revisar algunos de los procesos de la parapolítica para enterarse de la persecución ignominiosa de la Corte y sus valedores en los medios de comunicación, las ONG y organismos internacionales.

El antiuribismo más recalcitrante aduce que la figura del asilo no era viable en este caso por tratarse de delitos comunes y no por ‘pensar distinto’. Es más, consideran que alguien solo puede ser perseguido por los gobiernos –la Rama Ejecutiva– y no por algún otro sector del Estado. Sin embargo, los hechos demuestran que ser uribista es pensar distinto a la CSJ y que esta tiene suficiente poder como para perseguir a cualquiera; de hecho, ha puesto de rodillas al Congreso.

Agréguese que son innumerables los casos en que esta figura se ha concedido a pesar de tratarse de delitos ‘comunes’, sin que ello haya despertado la menor polémica: Jorge Leyva, Fernando Botero Zea, Roberto Soto Prieto, Rubén Darío Granda (y muchos otros criminales de las Farc), etcétera. Y hay delincuentes, como Fabio Puyo Vasco, que ni siquiera necesitaron esa figura para evitar ser deportados de otros países hacia Colombia. Esto porque en muchas partes ven con preocupación la politización de la justicia colombiana, de la que su mayor representante, el Presidente encargado, ofrece temerarias declaraciones a los medios.

(El Mundo, 29 de noviembre de 2010)

Posted by Saúl Hernández

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