No me cabe duda de que uno de los problemas más graves que tiene el país en la actualidad es el de la justicia, que aquí no es más que impunidad. Un país con índices del 96 por ciento en materia de impunidad no tiene justicia ni puede tener paz. Y este problema tiene un ingrediente demasiado preocupante como es el de la conducta desatinada de jueces y fiscales; jueces y fiscales que han demostrado su pésima preparación en las pocas ocasiones en que ha sido posible examinarlos; jueces y fiscales que son cuotas políticas no sólo de politiqueros clientelistas sino de altos magistrados de los principales tribunales del país.

Comparto plenamente la posición del columnista Emilio Sardi (El País [Cali], 15-06-2010), quien afirma que los fallos judiciales son merecedores de obediencia pero no necesariamente de respeto. Eso quiere decir que las decisiones de la justicia se deben acatar pero en ninguna parte está escrito que no se puedan controvertir, debatir o ventilar. Todo lo contrario, estas decisiones deben discutirse abiertamente porque ningún juez –por su naturaleza humana– es infalible, pero, además, porque muchos de ellos –y de los fiscales– no son idóneos ni honorables, como se ha comprobado reiteradamente.

Es que a diario estamos asistiendo al espectáculo deplorable que dan los jueces al liberar peligrosos delincuentes por dudosos tecnicismos como en el caso de Óscar Galvis, alias ‘Pantera’, jefe de una banda de sicarios señalado de ser autor de masacres, secuestros y extorsiones. Un juez de garantías lo dejó en libertad con el argumento de que el Ejército no podía detenerlo por porte ilegal de armas sin presencia de Policía Judicial.

Días atrás, el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, funcionario ejemplar, ciudadano honesto, fue detenido en el marco de la investigación por las supuestas chuzadas del DAS y enviado a prisión por una juez que meses atrás liberó a cerca de veinte narcotraficantes sin justificación alguna. La defensa de Aranguren apeló la medida de aseguramiento y otra juez la ratificó con la tesis de que Aranguren es un “peligro para la sociedad”, o sea más peligroso que ‘Pantera’. ¿Cuál fue el pecado de Aranguren? Del DAS le pidieron información financiera de los intocables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en relación con ciertos festines pagados por un mafioso, y él la suministró.

La actuación de nuestros jueces se advierte verdaderamente terrorífica si se observa que, según denuncia el Ministerio del Interior, los jueces les están concediendo el beneficio de casa por cárcel a temibles delincuentes. Lo que debería ser una excepción para casos muy especiales, se les ha otorgado a 6.945 personas condenadas o sindicadas por tráfico de estupefacientes, 916 por homicidio, 836 por concierto para delinquir, 138 por secuestro, 380 por acto sexual con menor de 14 años y 6 por terrorismo. Unos angelitos, sin duda. Sobra decir que de los relacionados con homicidio, terrorismo y secuestro, ninguno debería tener el beneficio, y que será necesaria una pronta reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal para evitar que cualquier bandido se haga ‘merecedor’ por ser padre o madre ‘cabeza de familia’, artificio de fácil maniobra del que se viene abusando.

Igualmente, es preciso recortarle alas a ese atrevimiento que estipula que estamos en “el siglo de los jueces”. Los jueces no tienen responsabilidad política y, por lo tanto, no pueden estar legislando, mucho menos cuando se trata de decisiones de enorme calado como la que tomó la Corte Suprema de Justicia al eliminar de facto la extradición de colombianos. Quién lo creyera pero para cualquier narcoparamilitar el tener cientos de crímenes a cuestas se volvió un premio que lo redime de los castigos severos de los tribunales norteamericanos.

Es que los jueces son todopoderosos porque la sola sentencia de cualquiera de ellos, en el último pueblito de Colombia, pone delincuentes en la calle y personas de bien tras los barrotes; concede pensiones multimillonarias a quienes no cumplen los requisitos o curiosas exigencias en contra del sistema de salud; y millonarias demandas con cargo al erario sin haber derecho a ellas. Todo porque no tienen quién los ronde y a que sus actuaciones dependen de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una de las instituciones más corruptas del país, y eso es como poner al diablo a cuidar las hostias.

Algo más: Si queremos acabar con la corrupción algún día, la sola grabación de una conversación autoincriminatoria entre el representante liberal Germán Olano y el contratista Miguel Nule debería bastar para que los condenen a 20 años de prisión. Es que es una confesión concluyente.

Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de junio de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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