Se dice, como una verdad inapelable, que las chuzadas del DAS hacen parte de un complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, y coligen los opositores del ex presidente Uribe que, como este estaba enterado hasta de cuántos beneficiarios de Familias en Acción había en Sutamarchán o en El Dovio, es “obvio” que tenía que estarlo también sobre las acciones de sus más cercanos colaboradores. Es más, qué cuentos de estar enterado; si allá no se movía una hoja sin su visto bueno, las chuzadas no podrían ser otra cosa que orden suya. Eso es lo que dicen, pero vamos por partes.

Aquí las chuzadas no le habían importado a nadie hasta que algunos victimizaron a la Suprema. Interceptaciones telefónicas, seguimientos y espionaje de todo tipo ha habido en todos los gobiernos, contra Raimundo y todo el mundo. En la actualidad es una práctica común -y no por ello menos execrable- en todas las latitudes.

Buscando en Internet se encuentran escándalos por escuchas ilegales (o por acusaciones falsas de ello) en muchos países en los últimos años: EE. UU., México, Reino Unido, España, Italia, Brasil, Venezuela (donde el gobierno no necesita orden judicial), Argentina, Perú… Y, en nuestro medio, abundan quienes tienen implementos técnicos para chuzar líneas: Inpec, Procuraduría, Fiscalía, Policía, Ejército, DAS, varias embajadas, delincuentes -como alias ‘Jabón’, quien tenía “infiltrados el DAS, la Policía y la Fiscalía y poseía tres sofisticados aparatos” (EL TIEMPO, 06-04-2008)- y hasta ‘detectives privados’ que ofrecen sus servicios en avisos clasificados y páginas amarillas.

¿Qué podía agravar las tensiones entre Uribe y la Corte? Rememoremos los hechos: la Suprema y la Constitucional vivían en un permanente choque de trenes por defender cada una su posición como órgano de cierre de sentencias judiciales hasta que el gobierno de Uribe apoyó a la última, que se arroga el derecho de fallar tutelas sobre sentencias ejecutoriadas por la CSJ. Eso fue interpretado como el ‘pago’ por la aprobación de la enmienda constitucional que le dio vía libre a la reelección y, a partir de ahí, todo marchó mal entre Uribe y la CSJ: la ley de Justicia y Paz, los procesos amañados de la parapolítica -hasta con cambios de jurisprudencia-, el hacer ojos ciegos a la Farcpolítica, la negativa de extraditar, la elección del Fiscal, entre otros temas.

Cuando unos hablan de un montaje para desprestigiar a la Corte, muchos nos preguntamos si no son algunos de los magistrados los que han hecho mucho por mancillar su imagen. ¿Acaso no es cierto que solían departir con mafiosos? ¿Acaso no han recibido costosos regalos de personas que pudieran tener oscuros intereses? ¿Acaso fue invento del gobierno el viaje a Neiva pagado por un personaje de dudosa reputación? No. Tampoco son inventos el que hay magistrados que no pagan deudas en conjuntos residenciales, que le piden al Presidente lagartear cupos universitarios para sus vástagos y que prefieren el turismo judicial a trabajar. Si la Corte se siente cohibida para elegir de Fiscal a un ternado por quien dicen que los quería desprestigiar, ¿por qué tampoco han podido elegir presidente de la misma Corte y a los remplazos de varios magistrados que han concluido sus periodos?

Mientras el máximo tribunal se niega a cumplir sus funciones, la impunidad alcanza el 96 por ciento. Nuestra administración de justicia es considerada una de las peores del mundo y para los colombianos es una de las instituciones de más baja favorabilidad. Todo porque de ser un sitial cumbre donde los mejores juristas concluían sus carreras, la CSJ pasó a ser un simple escenario político, una tarima. Y si un columnista dice algo que no les guste, lo demandan o le piden al medio que lo vete. ¿Desprestigiar? Bueno, no se le puede quitar a nadie algo que no tiene.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 26 de octubre de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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