Debemos estar nadando en un mar de amnesia y confusión como para que 25 años después nos estén reescribiendo la historia sobre unos hechos que la mayoría de los que estamos vivos seguimos en directo por radio y televisión, y de los que se escribieron ríos de tinta en tantos rollos de papel que se podría envolver a Colombia con ellos. Y es que referirse hoy a los sucesos del Palacio de Justicia sin siquiera mencionar al M-19, el autor del crimen, es un acto de perfidia y mala fe que no puede considerarse como una ligereza o un asunto de mala memoria, sino como una acción calculada para transferir a otros la responsabilidad de esa atrocidad que no podemos olvidar jamás.

Esa estrategia es usada con frecuencia por la izquierda marxista, como en aquel comunicado del Polo ‘Democrático’, con ocasión de la masacre de los diputados del Valle, en el cual se abstuvieron de mencionar a las Farc, como si aquellos hubieran muerto en un accidente de tránsito. Y el país deja pasar, silenciosamente, todas esas artimañas sin reparar en lo que nos corre piernas arriba; nos están ganando, en escritorios, una guerra que perdieron en el campo de batalla.

Dicen muchos, por estos días, que hay que sacar a la luz la verdad sobre los luctuosos hechos del Palacio. Yo diría, más bien, que hay que develar las mentiras que se han tejido para tender un manto de oscuridad y de impunidad sobre ellos, con las que se pretende limpiar el nombre de los terroristas para, acaso, allanar su camino al poder.

Con este objetivo, los sucesos se han tergiversado detalladamente, de principio a fin, con evidente intención política. Por ejemplo, la llamada Comisión de la Verdad afirma que el Palacio de Justicia fue usado como una ratonera; es decir, que los altruistas guerrilleros del ‘M’ -o sea de esos que matan para que todos vivamos mejor- cayeron en una trampa del Ejército, que conocía al dedillo la operación de los subversivos y retiró la vigilancia para que aquellos sucumbieran en sus garras. Como quien dice, de un momento a otro, los que eran sagaces (robo de armas del Cantón Norte, toma de la embajada de República Dominicana) se volvieron torpes, y los ineficientes, astutos.

Se descarta de plano la posibilidad de que el narcotráfico, patrocinador oficial de la toma y la quema -cosa que muchos, como la ‘investigadora’ Ana Carrigan, desestiman-, también hubiera engrasado con su dinero las bisagras para que las puertas se abrieran. Asimismo, mientras el Tribunal Especial de Instrucción que se creó en la época, con juristas verdaderamente eminentes, para rendir informe sobre el holocausto, concluyó, entre otras cosas -basado en testigos directos-, que el fuego lo propició el M-19 para quemar los expedientes, la fiscal Buitrago replica que el causante fue el Ejército. Pero hay algo más importante: el TEI determinó fehacientemente que no hubo desaparecidos.

Hoy, el coronel Alfonso Plazas Vega está condenado a 30 años por la ‘autoría mediata’, de esas supuestas desapariciones, un tipo penal inexistente. Su proceso judicial estuvo plagado de tantas irregularidades -testigos fantasmas, pruebas falsas, contradicciones enormes-, que haría sonrojar a un estudiante de primer año de Derecho. Y hace pocos meses (gracias a Ricardo Puentes y Claudia Morales, los verdaderos ‘periodistas del año’), nos hemos venido a enterar de que René Guarín Cortés, quien hace el reconocimiento de varios de los ‘desaparecidos’, en imágenes nebulosas, es un guerrillero indultado del M-19, un detallito que les resta toda credibilidad a sus palabras.

Este solo hecho, en cualquier parte, derrumbaría esta pantomima que nos debería avergonzar a todos. Pero no, el país calla y deja pasar. Es el silencio de los inocentes. Ya decía Martin Luther King que le preocupaba más «… el espantoso silencio de la gente buena».

(El Tiempo, 9 de noviembre de 2010)

Posted by Saúl Hernández

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