Es muy interesante el análisis que hace el sociólogo Alejandro Reyes Posada (El Tiempo, 03/05/2010) con respecto a la división que se presenta entre los seguidores y los no seguidores de Antanas Mockus. Establece que se está haciendo una generalización –peligrosa e injusta como casi todas– similar a la que se ha hecho entre uribistas y antiuribistas; señalando a los segundos como amigos o cómplices del terrorismo, mientras a los partidarios del actual gobierno se nos tilda de ‘paracos’ o mafiosos.

Lo que la campaña de Mockus ha logrado es de un maniqueísmo superior pues todos pretendemos ser o parecer honestos. Pero, como Mockus se ha apoderado del discurso moral en esta campaña, quien no esté de su lado aparece como deshonesto o corrupto, dando lugar a la dualidad que venimos señalando hace rato: Mockus y quienes lo apoyan, conforman el grupo de los ‘decentes’, mientras el resto vendríamos a ser los ‘indecentes’ que tienen sumido al país en el atraso y la pobreza.

De lo anterior surge el carácter utópico de la propuesta de la ‘legalidad democrática’, iniciando con el hecho puntual de que votar por Mockus no le limpia los pecados a nadie, como tampoco son condenables los que voten por otros candidatos. Igualmente, el solo hecho de votar por el matemático no limpia al país del problema de la corrupción así como la elección de cualquier otro candidato no la agrava de forma automática, ni significa ello que no se pretenda combatir. A ningún gobierno le conviene la corrupción porque entorpece la gobernabilidad e impide lograr el cumplimiento de las promesas realizadas. Entonces, alguien preguntará: ¿y si es así por qué hay tanta corrupción?

Miremos dos aspectos: la ilegalidad es un rasgo distintivo de todo el Estado, no sólo del Gobierno; es decir, no es exclusiva del Ejecutivo central (Presidencia, ministerios, superintendencias), donde además se puede aseverar que es menor por estar en el centro de atención nacional, sino que está diseminada en todos los niveles y en todos los ámbitos territoriales, en escenarios donde el Presidente de la República no tiene poder decisorio ni campo de acción. El segundo aspecto es que la ilegalidad no es un rasgo distintivo del Estado colombiano en exclusiva, sino de la sociedad en general; el Estado es una parte de la Nación, y en él se configuran todos los defectos de esta. Políticos y funcionarios públicos no son marcianos, están dentro de la sociedad, hacen parte suya.

Mockus pretende, si lo hemos escuchado bien, moralizar lo público sin moralizar lo privado. En la esfera privada, apoya la despenalización del consumo de alucinógenos y el aborto en todos los casos –aunque para él “la vida es sagrada”–; pero, al tiempo, procura estimular una especie de moralidad ciudadana que se traduce en cultura cívica: usar los puentes peatonales, respetar los semáforos, etcétera.

Sin embargo, de lo anterior sobrevienen dos choques: uno es que para moralizar lo público en una democracia con división de poderes, donde el Presidente carece de poder absoluto, implicaría transformar (o violar) la ley para asumir un poder despótico. Por ejemplo, mucho se creyó que Uribe cerraría el Congreso, medida que por razones que no requieren explicación sería aplaudida por casi todos los colombianos. De la misma forma, en el referendo del 2003 se pretendían eliminar entidades costosas donde hay despilfarro y corrupción, pero el mismo no superó las barreras legales.

Creer en la apuesta de Mockus de poder moralizar al Estado con ejercicios deliberativos es como creer en dragones y la otra alternativa –darle carta libre– siempre constituye la apertura de una peligrosa caja de Pandora. Sería toda una ironía que la rebelde juventud de estos tiempos, que eran niñitos de jugar carritos y muñecas en la época del Caguán, termine abriéndole la puerta a un proyecto liberticida que nos constriña en pos de una visión de bienestar de un candidato que no la ha podido explicar.

Ahora, el otro choque al que me refería es el de moralizar a una sociedad donde la ilegalidad está incrustada en la cultura: “Hecha la ley, hecha la trampa”, “Se acata pero no se cumple”. Los cuatro billones que se roban del Presupuesto Nacional, cada año, se pierden con la participación de los contratistas privados, sin ellos es imposible robárselos así como la prostituta no peca sola sino en connivencia con quien le paga, que también peca. Luego, vale preguntarse si los votantes de Mockus se están lavando las manos, como quien da una limosna, o son conscientes de que sacar al país de la ilegalidad implica que ellos mismos lo hagan, que cada cual lo haga: pagar impuestos, no comprar contrabando, no jalarle a la piratería, no valerse de las roscas, no sobornar al policía de tránsito…

¿Por qué no hacen todo eso de una vez? ¿O será que los que van a votar por Mockus en realidad son impolutos? No, aquí no hay quien pueda tirar la primera piedra, ni doña Nijole, su madre, pues Mockus relata que a sus padres les dieron permiso de entrada a Colombia con el pecado original de un soborno de por medio.

Publicado en el periódico El Mundo, el 17 de mayo de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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