Hay ideas bien intencionadas y teóricamente razonables que, en la práctica, pueden ser un desastre. Una de esas podría ser la propuesta del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, de castigar por complicidad a quienes cedan a los chantajes y las extorsiones. En el fondo hay cierta justificación en la medida: la mano dura arroja resultados; si nadie pagara secuestros, si no se hubiera cedido desde sus primeras manifestaciones, probablemente no habríamos vivido esa tragedia.

Pero cada uno es dueño de su propio miedo y la obligación del Estado, antes que nada, es castigar a los criminales –que es lo que no se hace aquí– en vez de imputar a las víctimas como si fueran corresponsables del delito, o de llegar al extremo de pedirles a los ciudadanos que se dejen atracar para preservar la vida, como vienen haciendo las autoridades de Bogotá en reconocimiento de su absoluta impotencia.

El debate a este respecto se dio hace más de 15 años a raíz de las normas de la Ley Antisecuestro (Ley 40 de 1993) que impedía cualquier tipo de gestión con miras a recuperar a los secuestrados. El que pagó los platos rotos resultó siendo el futbolista René Higuita, quien resultó preso seis meses por cooperar en la liberación de una menor secuestrada (El Tiempo, 05/06/1993). Fue, probablemente, el único que terminó encarcelado por efecto de esa ley hasta que la Corte Constitucional sentenció que no se les podía impedir a las familias hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograr la liberación de sus seres queridos.

Si se aceptara que ceder a los extorsiones es un gesto de complicidad, habría que admitir también que dejarse atracar o violar o asesinar, es señal de connivencia y confabulación con los victimarios, aun cuando la víctima se hallare en estado de indefensión o inferioridad. Sin embargo, este argumento riñe con los fundamentos del Contrato Social, suscrito precisamente para designar una autoridad, unas normas y unas leyes que rigen la convivencia social y donde dicha autoridad está para hacer cumplir aquellas, no para decirle al ciudadano que se defienda como pueda. Su desconocimiento nos regresaría a la ‘ley del oeste’, obligándonos a vivir todos armados so pena de terminar siendo cómplices de los criminales.

Es curioso que este mismo argumento ha sido utilizado con evidente sesgo ideológico en los juicios de la parapolítica. El solo hecho de vivir o de tener tierras en zonas de dominio paramilitar ha bastado para que decenas de políticos sean investigados, acusados, llevados a juicio y condenados por supuesta complicidad con los paramilitares, ignorando que estos se convirtieron por años, ante la ausencia del Estado, en la autoridad de facto de casi medio país. Y se quiere llegar al extremo de retorcerle el pescuezo a la jurisprudencia para condenar a esos políticos como instigadores de las masacres y demás crímenes de lesa humanidad que los ‘paras’ cometían motu proprio, sin preguntarles.

En cambio, quienes han vivido en zonas de dominio guerrillero y han tenido que plegarse a su autoridad incluso para hacer política –como lo confiesa el ex secuestrado Luis Eladio Pérez en su libro– no son considerados ‘cómplices’ sino ‘víctimas’. Igual sucede con las empresas que han sido extorsionadas por las Farc y el Eln, que son vistas como víctimas de las circunstancias del “conflicto social y político que vive Colombia”. En tanto que a las extorsionadas por los ‘paras’, como Chiquita Brands, Drummond y Coca-Cola, se les considera auspiciadoras de estos criminales y coautoras de asesinatos de sindicalistas.

Criminalizar a las víctimas es una señal de ineptitud o un peligroso arranque de cinismo que conduce a fallos absurdos como aquella decisión que tomó un tribunal de Roma en 1999 acerca de un caso de violación, del cual dictaminó que la denunciante no pudo ser violada porque vestía unos jeans muy apretados y “es de común conocimiento que los pantalones de tipo vaquero no se pueden quitar sin la colaboración activa de quien los viste” (La Nación, 12/02/1999).

¿Será que ceder a una extorsión es tener ‘colaboración activa’ con el delincuente? Una amenaza no equivale a una solicitud de ‘colaboración’ y criminalizarla podría llevar a que la gente cada vez denuncie menos, la que es su verdadera obligación. Tal vez eso, el hecho de no denunciar, sí podría ser objeto de algún tipo de sanción.

Publicado en el periódico El Mundo, el 13 de septiembre de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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