Cuando el zar anticorrupción, Óscar Ortiz González, señaló, basado en un estudio de la Universidad Externado de Colombia, que en nuestro país se esfuman cuatro billones de pesos anuales por corrupción, sólo se refería a las indelicadezas en materia de contratación con base en las partidas de inversión del Presupuesto Nacional. No incluía en ello los gastos de funcionamiento, donde hay clientelismo, amiguismo, nóminas paralelas, gastos de representación, viáticos y cosas de esas, y tampoco se refería a los recursos propios de municipios y departamentos, ni a los cuatro billones de pesos de las regalías, que cada año engrosan las arcas de más de 700 entidades territoriales (municipios y departamentos) y que también desaparecen.

Es decir, la corrupción en Colombia supera de largo los cuatro billones de los que habla el zar. Sin añadir, para mayor tormento, el despilfarro de recursos en cosas que no son prioritarias, la falta de austeridad, el desangre de las demandas contra el Estado que obligatoriamente se pierden, y los subsidios que –como lo han reiterado expertos como Hugo López y José Leivobich– no llegan a los estratos bajos, sino a manos de gente ‘acomodada’; verbigracia, la presencia minoritaria de estudiantes de estratos uno y dos en las universidades públicas.

De ahí que, casi superado el problema de la subversión, la corrupción es hoy el principal impedimento para la prosperidad nacional y la estabilidad misma del país, pues se trata de un escollo que debe superarse para poder torcer los indicadores de pobreza e inequidad. Por eso es incomprensible la minusvalía del Estado para luchar contra este cáncer: las ‘asustadurías’ son tan corruptas como los antros que deben investigar, y tan ineficientes que cuestan más que la plata que recuperan, y la oficina del zar, que debería estar mejor dotada que un escuadrón antiterrorista, apenas es una especie de consejería.

No nos vayamos por las ramas. A menos que se demuestre técnicamente que esa no es su voz, la grabación en la que el representante liberal Germán Olano admite haber recibido dos mil y pico de millones del Grupo Nule es una confesión que debería bastar para meterlo muchos años a la cárcel, en compañía de todos los responsables de este cartel de las contrataciones.

Claro que, vista la forma como opera la justicia en Colombia, no sería de extrañar que una prueba tan notoria pierda efecto en los tribunales ante la laxitud judicial y el excesivo garantismo imperante, así como por cierta connivencia –léase complicidad– de muchos jueces, fiscales y entes de control.

Influye también el alto grado de indiferencia que está carcomiendo a la sociedad. ¿Dónde quedó la pasión que despertaba la promesa de legalidad de la campaña de Mockus hace apenas dos meses? A esta hora el país debería estar henchido de indignación, deberían bullir grupos en Facebook que pidieran cárcel para estos delincuentes y el Partido Verde debería estar en plena cruzada, con Mockus a la cabeza, presionando la toma de acciones contundentes, en el entendido de que los verdes no se diluirán en tanto demuestren –y les será difícil– que ese principio de que “los dineros públicos son sagrados” no era solo un estribillo de campaña.

La verdad es que para contener la corrupción se requiere la misma determinación que tuvo el presidente Uribe para combatir sin misericordia a las Farc, desbaratando, antes que nada, ese dogma de que no se las podía derrotar militarmente y que solo cabía la vía negociada. Se precisa, principalmente, de voluntad política para montar un bloque interinstitucional dotado de unos dientes bien afilados para raspar esas células cancerosas que han hecho metástasis en las entrañas del Estado. Escándalos como el de Olano no se pueden seguir quedando apenas en el titular de prensa. La Unidad Nacional tendrá que darse la pela y someter al Estado a una quimioterapia severa, si no queremos seguir en las mismas.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 6 de julio de 2010

[Vea la nota de Caracol Televisión con apartes de la grabación]

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Posted by Saúl Hernández

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