Uno de los problemas que han hecho disparar la violencia en las ciudades es la falta de control en que ha caído la juventud en Colombia, aún desde la preadolescencia. A jueces ‘bacanos’ –bajo el influjo de no se sabe qué yerbas– se les metió en la cabeza que el individuo, desde temprana edad, tenía ‘derecho’ a “ejercer el libre desarrollo de su personalidad”, un logro que obtuvo la izquierda, a través de ese esperpento jurídico que es la Constitución del 91, con el objetivo de sembrar la anarquía que los lleve a instalar eso que eufemísticamente llaman ‘socialismo’.

Por esa vía nos unimos a otros países donde se vienen destruyendo a la sociedad y la familia por diversos caminos, uno de los cuales es el de la excesiva permisividad, la falta de disciplina, la complacencia que se tiene con los menores de edad. Ya alguien ha dicho que somos la última generación que les temió a los padres y la primera que les teme a los hijos. Pues bien, ahora son los niños y adolescentes los que toman sus propias decisiones como si acaso estuvieran preparados para hacerlo; en tanto que los padres renunciaron a imponer los indispensables límites y ni siquiera se atreven a castigar a los menores aunque sea con métodos prudentes.

Las generaciones pasadas fuimos aleccionadas con castigos físicos, generalmente bien medidos e impartidos con criterio formativo, no con intención de maltratar u ofender. Y, a pesar de ello, no solo estamos vivos sino que no somos personas violentas, ni creemos que las palmadas o los correazos recibidos –repito, con sana ponderación– sean algo brutal. Ese cuento nos lo vendieron los sicólogos y las nuevas corrientes pedagógicas, y aquí lo compramos.

De la disciplina que antaño había en los centros educativos se pasó al descontrol total. La potestad de profesores y directivos se acabó desde que perdieron autoridad a punta de tutelas, destruyendo por completo las normas de comportamiento de los planteles educativos y empoderando a los jovencitos para hacer lo que se les viniera en gana. En los colegios se perdió el poder de imponer reglas sobre temas tan variados como la presentación personal, la conducta del alumno o el nivel académico. De manera que ni siquiera pueden sancionar y mucho menos expulsar no ya a niñas embarazadas, como solía hacerse hace años, sino a verdaderos delincuentes que medran al interior de los planteles.

Ahora no es el niño o el joven el que rinde cuentas de sus pilatunas ante padres y maestros. No, ahora son los profesores los que tienen que rendirles cuentas a los padres por las travesuras de estos delincuentes juveniles, y soportar insultos, amenazas y hasta golpes sin siquiera quejarse, pues estamos en la dictadura de los niños y cualquiera de estos los puede pasar a mejor vida sin ver un sólo día de cárcel.

La inimputabilidad de los menores es otro absurdo de la Constitución de 1991, bien llamada el “código funesto” por un reconocido jurista. Desde que esta insensatez se puso en práctica en Colombia, solo ha corrido sangre. La Carta del 91, al querer implantar la prevalencia de los derechos del menor, se equivoca al creer que una forma de protegerlo es eximirlo del castigo penal que debería corresponder a acciones punibles claramente entendidas. Con esta decisión le entregaron los menores a la delincuencia, que se ha solazado usándolos de mil maneras impensables, y ha corrompido la conciencia moral de los individuos en formación, que se saben inimputables y se burlan de la sociedad por ello, siguiendo el camino de la violencia y el crimen desde su tierna infancia.

La edad penal en países mucho más avanzados que el nuestro es sumamente baja. En Suiza, por ejemplo, es de siete años y en Inglaterra, de 10. En Escocia y Grecia es de ocho; en los Países Bajos y Portugal, de 12; en España, de 14, pero tratan de bajarla a 13; en Francia, de 14, pero algunos casos se castigan desde los 10. En Chile la “responsabilidad penal juvenil” era a los 14 años y la acaban de bajar a 12, igual que ocurre en Perú, México y Ecuador.

Creer que un menor puede gobernarse solo –tomando decisiones de hondo calado como el consumo de alcohol y drogas o la práctica irresponsable de relaciones sexuales–, en tanto que se le considera inconsciente de sus actos (y, por tanto, no punible), entraña una enorme incoherencia. Es decir, o se mete en cintura a los jóvenes o se penalizan sus fechorías. Por eso, según el experto español Carlos Vásquez, en Europa hay un clima “favorable a un endurecimiento del Derecho penal juvenil, como única respuesta eficaz ante el ‘desmesurado’ incremento de la delincuencia juvenil”*. Y eso que allá el problema no es tan grave como el nuestro.

Publicado en el periódico El Mundo, el 6 de septiembre de 2010

* Vásquez, Carlos. Responsabilidad penal de los menores en Europa

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Posted by Saúl Hernández

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