Una de las mayores perversiones que han hecho inviable el sistema de salud en Colombia es la corrupción rampante que existe en el acceso a la prestación del servicio a través de la acción de tutela. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo (19/09/2009), un juzgado civil municipal de Bogotá ordenó entregarle a un paciente cuatro pares de tenis con cámara de aire, un bastón canadiense, seis meses de gimnasio, protector labial marca Labie, una montura de gafas marca Speedo, consulta de sexología, lentes Transition Ultravioleta, blanqueamiento dental con cubeta y lámpara Led, traslado terrestre para las citas, corte de uñas de pies, pañales Plenitud, gorro de baño, emulsión tópica Fresh Skin Face y alcachofa cynara.

No es un caso aislado. Una paciente con problemas cerebrovasculares, con base en averiguaciones que hacía en Internet, le solicitó a su EPS ser enviada al exterior para someterse a un tratamiento. Inicialmente, la EPS rechazó la solicitud, pero la paciente interpuso una acción de tutela y un juez de primera instancia le otorgó la razón a pesar de no contar con la orden de un médico que la estuviera tratando. Finalmente, la mujer fue remitida a E.U. pero el tratamiento no sirvió.

En otro caso, un paciente que tuvo que ser trasladado a Bogotá para realizarle un transplante, le exigió a su EPS que le proporcionara a su familia vivienda y viáticos para su estadía en la capital del país mientras estaba en lista de espera y hasta terminar el proceso de recuperación. Un juzgado concedió la tutela y ordenó a la EPS cumplir las peticiones. En un principio, se trasladó al paciente y a su esposa a un hogar de paso y no se autorizaron viáticos por no ser parte de los servicios de salud, pero un nuevo fallo ordenó alquilar un apartamento independiente y pagarles viáticos y alimentación.

Otro paciente, enfermo de sida, interpuso una tutela para que su EPS le suministrara medicamentos, controles médicos, citas con especialistas y exámenes. Pero incluyó una exigencia insólita: depilación periódica de glúteos con tecnología láser. Y aunque ello no hace parte del tratamiento del sida ni está contemplado en el POS, un juzgado civil de Bogotá aprobó la solicitud. Hay miles de casos similares: un enfermo obligó a su EPS a instalarle ascensor en la casa; una señora consiguió que le pusieran a su disposición una ambulancia las 24 horas del día, los 365 días del año; a otros se les han concedido tratamientos con cámara hiperbárica para ‘retardar el envejecimiento’ o sesiones de ‘perroterapia’, todo en establecimientos elegidos por el juez . Y, como si fuera poco, extranjeros están obteniendo trasplantes de órganos gratuitamente, a costa nuestra, y saltándose la lista de espera –que está reglamentada por ley–, mediante acciones de tutela.

Lo más grave de todo es que esto no la paga la EPS y muchísimo menos el cotizante, pues los aportes mensuales de un trabajador promedio están muy lejos de cubrir estos excesos. En todos los casos, las EPS le recobraron al Estado –a través del Fosyga– todos los gastos. Según el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, mientras un colombiano promedio le cuesta al sistema 470 mil pesos al año, 280 mil personas que han acudido a la tutela para hacer pedidos exóticos cuestan, en promedio, diez veces más. Y los costos se incrementan año tras año: en 2007 hubo 835.000 recobros que las EPS del régimen contributivo hicieron al Fosyga por eventos no contemplados en el POS, por un valor de 626.000 millones de pesos; en tanto que en 2009 hubo más de 2 millones de recobros, a un costo de 1,85 billones de pesos, o sea un incremento del 280 por ciento en el valor girado.

La polémica sobre la reforma al sistema de salud apenas comienza y va para largo. El sistema hizo crisis en cuanto a su financiación pero no es tan malo como muchos lo pintan, básicamente porque de él se esperan milagros y la gente cree que tiene derecho a todo. Pero ese deseo de preservar la salud a cualquier costo –pagado por otros– contrasta con la manera como la arriesgamos irresponsablemente a diario y la falta de medidas de autocuidado. De otra parte, muchos políticos y medios de comunicación hacen demagogia con el tema, machacando con desvergüenza la insensatez de que la salud es un derecho adquirido que el Estado debe proveer a cualquier costo. Estamos llegando al desvarío de que nadie quiere morirse y si alguien estira la pata, la culpa es de la EPS, el Sisbén, el POS y la Ley 100. Como si los ricos no se murieran también.

Publicado en el periódico El Mundo, el 1 de febrero de 2010

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández