Es cierto que en todas las elecciones hay casos de corrupción, como la compra y venta de votos, la suplantación de electores, la ‘participación’ de personas ya fallecidas, la adulteración de los escrutinios en algunas mesas, etcétera. Pero nada de eso pone en duda la validez de los comicios, por tratarse de alteraciones menores. Esto porque comprar o coaccionar a miles (o millones) de personas es virtualmente imposible, eso se logra en pueblos o en pequeñas regiones pero nada más; de manera que su incidencia no es altamente determinante pues, mal que bien, la gran mayoría de personas ejercemos el voto a entera voluntad, así las razones para escoger un candidato sean caprichosas.

Sin embargo, unos comicios como los del pasado domingo pueden quedar en duda cuando se cometen tantas y tan protuberantes fallas por parte del ente electoral, retrocediendo a épocas y a situaciones que creíamos ya superadas. Muchos predecesores del actual registrador, como Iván Duque Escobar y Almabeatriz Rengifo, mandaban a dormir al país con los resultados consolidados, aún en esos tiempos en los que había que capotear problemas de orden público en medio país para desarrollar las elecciones.

Al momento de escribir estas líneas han transcurrido 120 horas (cinco días completos) desde que se cerraron los comicios a las 4 de la tarde del 14 de marzo, y aún no se sabe quién es el ganador de la consulta conservadora ni se tiene la conformación definitiva del Congreso de la República, lo que ha fomentado un preocupante clima de fanatismo, desinformación e incertidumbre que ya está siendo aprovechado electoralmente con cinismo y bellaquería por parte de candidatos perdedores como Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que ponen en duda la voluntad de las mayorías para explicar sus justificadas derrotas.

Por su parte, el registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, ha sido insolente y se ha negado a reconocer sus errores y su ineptitud parapetándose, con el fin de disimular su incompetencia, en argumentos baladíes y legalistas, como aquello de que el gobierno le está pasando una cuenta de cobro por ser enemigo declarado del referendo, que unos hackers atacaron los sistemas informáticos o que él no podía contratar una empresa externa para hacer el escrutinio de los partidos porque estos son entes particulares.

Al obtuso registrador Sánchez le quedará muy difícil explicar por qué canceló el contrato con la empresa Sigma, que venía desempeñando esta tarea de forma exitosa por más de 20 años, para dárselo a dedo a Une con un sobrecosto de 52.000 millones e indicándole, además, a quién debía subcontratar. Incluso, no se ha mencionado que Une es una empresa controlada por el grupo político del candidato presidencial Sergio Fajardo. Su presidente, Horacio Vélez, fue secretario de Hacienda de Medellín en la administración de Fajardo, con quien lo unen lazos de amistad desde la más tierna infancia. ¡Qué se estaría diciendo si la empresa que suministra la plataforma tecnológica fuera controlada por Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias!

Pero los problemas no paran ahí: los tarjetones fueron los más confusos de la historia, los jurados no fueron convenientemente capacitados, no hubo cuadernillos de Parlamento Andino, se presentó un retraso inaudito en la entrega de la información, los sistemas informáticos no funcionaron, se menospreció la importancia de las consultas, se cambiaron técnicas tradicionales por otras improvisadas… Tal vez tienen razón quienes dicen que lo del whisky no tiene importancia, aunque es bastante representativo del desastre ocurrido el domingo por cuenta de la Registraduría Nacional y, más concretamente, de su cabeza visible, el registrador Sánchez.

Conviene recordar que el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Aponte, advirtió que Carlos Ariel Sánchez estaba “inhabilitado para ocupar el cargo de nuevo registrador, porque hay en su contra una demanda por no haber pagado una condena impuesta por presuntas actuaciones irregulares cuando se desempeñó como contralor de Bogotá” (Caracol Radio, 29/11/2007). Para el magistrado Aponte, la condena emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hacía inconveniente la designación de Sánchez Torres como registrador nacional. Además, contra este se adelantaban otros procesos, entre ellos uno presentado por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos.

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de marzo de 2010

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Posted by Saúl Hernández