Es preciso reiterar que el tema de las chuzadas telefónicas no es nuevo en Colombia ni exclusivo de nuestro país. No es una casualidad que vengan ahora algunos ex funcionarios del DAS a decir que el gobierno colombiano estuvo espiando al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, chuzándole su propio teléfono. Hay que recordar que un delincuente de la talla de Rafael García –ex jefe de Informática del DAS– está protegido en Venezuela y que allá han aparecido documentos confidenciales de ese organismo. Sería mejor, entonces, preguntarse quién espía a quién.

Pero veamos qué ocurre en otras latitudes. En Argentina hay un gran escándalo sobre ‘chuzadas’, atribuidas a Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y máximo opositor de la presidente Cristina Kirchner y su marido. El guión de telenovela es el mismo que se ha aplicado aquí: un magistrado cercano a los Kirchner, Norberto Oyarbide, estableció supuestos vínculos entre Macri y un ex policía que fue capturado bajo acusación de hacer las interceptaciones. Tampoco es casualidad que al magistrado Oyarbide se le haya oído decir: “A Macri me lo voy a llevar puesto”. También a un magistrado de nuestra Corte Suprema le han escuchado decir que tiene al Presidente Uribe ‘agarrado de las pelotas’.

En México hay un escándalo similar. El Presidente Calderón está siendo acusado de espiar a los gobernadores de Veracruz y Oaxaca, que son de la oposición. Todo porque los medios de comunicación revelaron conversaciones telefónicas que comprueban que los funcionarios intentaron influir en unos resultados electorales. Y alegan que Calderón se ha valido para ello del Cisén, organismo equivalente al DAS, cosa que el gobierno mexicano niega.

En Brasil el escándalo toca a las puertas de la campaña de la candidata oficialista a la Presidencia, la ex guerrillera Dilma Rousseff. A un asesor suyo se le acusa de liderar una tentativa de espionaje contra el candidato opositor, José Serra. Obviamente, Rousseff negó tener conocimiento de la acción de su asesor, y su jefe, el presidente Lula, dice que todo es un montaje de la oposición para perjudicar a su candidata, pero olvida que hace cuatro años miembros de su partido fueron capturados cuando pretendían pagar por un informe secreto que perjudicaba a Serra.

Tampoco en Europa escampa. En España, en el marco de las investigaciones por corrupción de la llamada ‘Operación Gürtel’, el juez Garzón ordenó grabar ilícitamente las conversaciones sostenidas en la cárcel entre los acusados y sus abogados. Garzón fue llamado a declarar ante el Tribunal Supremo donde se defendió diciendo que “las escuchas eran la única vía para no perder (el rastro de) los fondos” (20 minutos, 10/05/2010). Por cierto que contra uno de los implicados en los hechos, Francisco Camps, Presidente de la Comunidad Valenciana, sólo existe la acusación de recibirle vestidos costosos a un empresario vinculado con esta trama de corrupción. En Colombia hay magistrados que les reciben relojes, zapatos y bolsos a mafiosos y no pasa nada.

En Italia acaba de ser aprobada la Ley Mordaza, cuyo fin, en principio, es el de impedir que los medios de comunicación publiquen indiscriminadamente –abuso que se comete en Colombia– las conversaciones provenientes de interceptaciones telefónicas, que en ese país son habituales. Tanto que la Ley, en el fondo, lo que pretende es limitar las escuchas a aquellos casos en que los fiscales y jueces las consideren absolutamente necesarias.

En fin. Mientras Ecuador inventa una trama de espionaje poco digna de una buena novela, en los Estados Unidos acaban de ser capturadas once personas –incluyendo una bella ‘Mata Hari’ llamada Anna Chapman– acusadas de espiar al servicio de Rusia. Es un hecho que la tecnología actual facilita la ejecución de tareas de esta índole y que el espionaje sigue siendo frecuente en el escenario político, el industrial y hasta en los entresijos de la intimidad de cada cual, pero en acusaciones de este tipo no hay que creer de buenas a primeras, hay que comprobarlas.

Esto porque no hay nada más fácil que recurrir a acusaciones de espionaje para desprestigiar a un gobierno, a una empresa o a una persona. Bien dice el abogado Jaime Granados, a propósito de las supuestas ‘chuzadas del DAS’, que “se ha armado una tormenta” a pesar de que “no existe una sola interceptación ilegal que involucre a un magistrado de la alta Corte” (El Tiempo, 19/04/2010). Y, sin duda, lo que Correa pretende ahora es desatar una nueva tormenta con el fin de no normalizar relaciones con Colombia.

Publicado en el periódico El Mundo, el 5 de julio de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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