Como la Corte Suprema de Justicia ha hecho ojos ciegos a las investigaciones de la llamada ‘Farcpolítica’, en buena hora la Procuraduría General de la Nación ha tomado cartas en el asunto sancionando disciplinariamente, con destitución y prohibición de ocupar cargos públicos durante 18 años, a quien toda evidencia señala de tener nexos con las Farc, la senadora Piedad Córdoba.

Y es que el sesgo político ha sido descaradamente visible: por menos de lo que ha hecho Córdoba hay decenas de políticos encarcelados por supuestos nexos con los ‘paras’. Valga recordar que han bastado simples testimonios de cualquier delincuente deseoso de obtener beneficios de reducción de pena o de ser enviado al exterior con toda su parentela por cuenta del Estado colombiano –como el famoso ‘Pitirri’, que vive en Canadá con 50 parientes–, para meter en prisión a gentes que si han tenido algún cruce con los paramilitares ha sido meramente circunstancial.

Hay casos vergonzosos como el del ex presidente del Senado Carlos García Orjuela, liberado la semana anterior tras dos años de injusto presidio luego de que la Corte Suprema no pudo sostener por más tiempo las mentiras de un delincuente ante la posibilidad de caer en el descrédito internacional, ya que García tiene ciudadanía francesa y ese país estaba haciendo un detenido seguimiento al proceso. Por eso no sorprende que un caso similar, sin dolientes más allá de las fronteras, tenga un desenlace distinto: el del también ex presidente del Senado Luis Humberto Gómez Gallo. Resulta que se pudo comprobar falso testimonio del delincuente que afirmaba ser testigo de los encuentros de Gómez con jefes ‘paras’, a quien la justicia le incrementó la pena por perjurio. Sin embargo, Gómez Gallo sigue preso con base en ese embuste.

Y casos como esos abundan. Es dable asegurar que más de la mitad de los procesos de la llamada ‘parapolítica’ son un montaje, y en otro buen porcentaje de ellos se está incurriendo en una absurda criminalización de la actividad política en las zonas de dominio paramilitar. Es decir, a quienes hayan hecho política en esas regiones que estuvieron bajo su hegemonía, la CSJ les da membresía automática en esas estructuras criminales cuando la realidad es que la mayoría de los políticos, así como los ciudadanos del común, tuvieron que someterse al poder armado de los paramilitares ante la ausencia de Estado. Es cierto que algunos sí hacían parte de esas estructuras y que otros hicieron pactos de beneficio mutuo con ellas, pero lo que ha habido aquí es una cacería de brujas contra todo lo que huela a derechas mientras se pasan por alto las relaciones de algún sector de la clase política con las guerrillas.

Las 140 páginas de la sentencia contra Piedad Córdoba [LEER TEXTO COMPLETO] contienen un amplio acervo probatorio que no deja lugar a dudas sobre su sanción, pero es paradójico que la justicia no hubiera hecho nada hasta el momento, a pesar de que esas evidencias, contenidas en los computadores de ‘Reyes’, ya se conocían. La autenticidad de esos computadores es incuestionable. Interpol dijo claramente que sus especialistas “…no encontraron archivo de usuario alguno que hubiera sido creado, modificado o suprimido con posterioridad al decomiso, practicado el 1 de marzo de 2008”.

Defensores de Córdoba aducen que en los computadores no había correos electrónicos (o sea archivos de Outlook, Windows Mail, Eudora u otros programas de software similares) sino documentos tipo Word, que no permitirían determinar si esas epístolas fueron enviadas o no, y si las que denotaban haberse recibido lo habían hecho en realidad o si se trata de una incursión de ‘Reyes’ en el ámbito de las ficciones literarias. Los hechos, sin embargo, han comprobado que todo lo que hay en esos computadores es cierto. Con esa información se han capturado personas, se ha incautado dinero, etc.

La Procuraduría comprobó, mediante coincidencias de modo, tiempo y lugar, que quien es llamada por las Farc con los alias o apelativos de ‘Teodora’, ‘Dorotea’, ‘Negra’ y ‘Negrita’, es Piedad Córdoba, cosa que ni su abogado se atrevió a desmentir, dedicándose por entero a poner en tela de juicio la validez probatoria de los computadores por haberse incautado ‘ilegalmente’ en territorio extranjero.

Pero vayamos a lo sustantivo: el Procurador demuestra que alias ‘Teodora’ se extralimitó en sus funciones como mediadora para la liberación de los llamados ‘canjeables’ y desarrolló una labor que nada tenía que ver con la paz sino con promover a las Farc y colaborar con ellas no sólo durante el tiempo que el gobierno le dio licencia como mediadora sino aun antes y después. Ahora hay que preguntarse: ¿la CSJ estará a la altura para impartir la consecuente y merecida sanción penal o seguirá emitiendo fallos parcializados?

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 4 de octubre de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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