Los jueces no son seres infalibles, ni en Colombia ni en parte alguna. Tampoco sus fallos son perfectos ni sus conocimientos, absolutos; al contrario, nuestros jueces, en particular, demuestran con suma frecuencia que su erudición en Leyes es directamente proporcional a su ignorancia en otras materias, como la Economía, y que sus decisiones no siempre son lo sensatas y convenientes que se creería a primera vista.

Y se generan consecuencias perversas cuando esto se conjuga con esa mala costumbre de legislar a través de fallos judiciales, invadiendo los terrenos de las otras ramas y poniendo en entredicho la independencia de poderes, lo que convierte a la judicatura en un ominoso lastre para los otros dos bueyes que halan el arado de la democracia, según la analogía de Roosevelt.

Muestras de estos deslices se conocen casi a diario. Por ejemplo, hace un par de semanas la Corte Constitucional despojó a los alcaldes de su atribución de manejar el espacio público, con el argumento de que la invasión de este por parte de particulares en busca de un lucro personal, se da “por desidia de autoridades en generar empleo” (El Espectador, 2/07/2010). Es decir, para la Corte el desempleo es consecuencia de la negligencia, la indolencia y el descuido del Poder Ejecutivo, desde el Presidente y los ministros hasta el alcalde del pueblito más humilde del país. Y, por lo tanto, cualquier ciudadano se puede tomar el ‘derecho’ de buscar el favorecimiento personal a costa del bienestar general, que es lo que ocurre cuando se desbordan las ventas callejeras.

Esa providencia del Alto Tribunal tuvo lugar al fallar una acción de tutela a favor de unos vendedores ambulantes de Ibagué, a cuyas autoridades se les ordenó reubicarlos en alguna calle, a pesar de que el Juzgado Sexto Penal Especializado de esa ciudad había rechazado el recurso.

La decisión de la Corte no solo invade terrenos ajenos a su competencia sino que constituye una solución demagógica que se salta a la torera realidades que pocos ponen en duda acerca de estas prácticas informales. En primer lugar, el uso indiscriminado, desordenado y abusivo del espacio público favorece a unos pocos en detrimento de las mayorías. Ello quebranta el postulado de que en una democracia prima el interés general sobre el particular.

En segundo lugar, no es posible que a estas alturas del partido una corporación de esa importancia incurra en el absurdo de culpabilizar por el desempleo a las autoridades como si la dinámica económica se activara por decreto.

Y, en tercer lugar, la Corte entra a desconocer olímpicamente el hecho reconocido de que la informalidad le hace un tremendo daño a la economía y a la generación de empleo formal. La informalidad atenta contra la economía de muchas formas: por lo general, no paga impuestos; promueve la piratería y el contrabando; ejerce una competencia desleal contra el comercio formal; no paga servicios públicos y tasas de aseo; no da empleo con las garantías legales; somete a explotación laboral a personas de todas las edades y condiciones (incluso niños, mujeres, ancianos y discapacitados), pues el negocio suele ser de mafias o avivatos que tienen varios puestos o ‘empleados’, y que son ‘propietarios’ de las mejores esquinas; está íntimamente ligada a fenómenos delincuenciales como la prostitución y la venta de narcóticos, así como también a la mendicidad, etcétera.

La mayoría de vendedores ambulantes ganan más del salario mínimo, lo que estimula su existencia: no cambiarían las ventas callejeras por un trabajo común cumpliendo horarios y reportando a un jefe por menos dinero. Así, la informalidad se va enquistando en nuestra cultura y se convierte en un obstáculo para el progreso de nuestras gentes, ahora con la bendición de la Corte Constitucional que, con este fallo, cedió el espacio de todos a unos pocos.

Algo más: el Ministerio de Relaciones Exteriores sacó a relucir el más arcaico centralismo bogotano al impedir que la oficina de pasaportes de la Gobernación de Antioquia adquiriera equipos de impresión que le permitirían entregar el nuevo pasaporte en un día, mientras en la capital se tardarán una semana. Argumentaron que nadie podía prestar mejor servicio que la Cancillería. Por estupideces de ese tenor, Panamá se separó en 1903, en momentos en que el presidente Marroquín leía novelitas en francés.

Publicado en lo periódico El Mundo, el 20 de julio de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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