La piratería es un delito grave que se debe combatir, sobre todo porque es un negocio asociado a grandes multinacionales del crimen. De hecho, es un fenómeno mundial: China despuntó como superpotencia haciendo falsificaciones de productos de grandes marcas; Italia es una economía sostenida por la piratería a gran escala; y en Latinoamérica, el comercio de estos productos tiene una gran participación en las ventas totales: el mercado de Tepito, en Ciudad de México, o el de La Salada, en Buenos Aires, hacen palidecer a nuestros sanandresitos.

Pero en lo referente a la violación de los derechos de autor, las autoridades colombianas no han logrado desarticular su cara más visible, como es la venta de libros, música, software, videojuegos, películas y toda clase de falsificaciones de marcas (ropa, zapatos, relojes, tecnología) en cualquier semáforo, a la vista de todo el mundo. Tampoco han logrado controlar la comercialización de celulares robados a pesar de que cualquiera sabe dónde los venden. Si hubiera voluntad política bastaría con incautarlos –ya que no tienen manifiestos de importación ni facturas de compra– y pasarles una aplanadora por encima. Los robos se reducirían notablemente de inmediato.

Por eso es sospechoso que se le quieran poner cortapisas solo a la piratería que circula por Internet, aunque en su mayoría no tenga origen en Colombia ni comporte un ánimo de lucro; aquí no debe haber muchos que se enriquezcan distribuyendo creaciones de terceros en la red. De compartir a vender hay un gran trecho y la amplia mayoría de internautas no pagan un centavo por acceder a esos contenidos, menos los colombianos, que a duras penas costean su conexión.

Una de las fortalezas de Internet es la manera como ha democratizado el conocimiento al ofrecer un acceso sin par a esa biblioteca imaginada por Borges con la totalidad del conocimiento humano. Es como tener la mejor de las bibliotecas a un click de distancia, y en las bibliotecas tampoco se paga para acceder a las colecciones, aunque se debe tener presente que estas adquieren material original.

Es obvio que los creadores tienen derechos sobre su obra, derechos económicos en particular. Pero aquellos que acuden a una copia gratuita en Internet no están dispuestos, por lo menos de momento, a adquirir una reproducción legítima. Eso lo descubrieron los periódicos hace rato: limitar el acceso a sus webs no incrementa las ventas del impreso.

Valga anotar que las bibliotecas también violan la ley pero, por fortuna, a nadie se le ocurre pedir que las cierren: la Ley 23 de 1982 prohíbe taxativamente el préstamo de libros sin autorización del autor o su representante. Y el Código Penal (arts. 271 y 272) prohíbe amplia y claramente cualquier forma de copia y distribución de cualquier tipo de obra sin autorización expresa del titular.

Décadas atrás, la radio y la televisión cumplieron un importante papel en el campo educativo y cultural, hoy solo sirven para moler reggaetón y pasar realities. Lamentablemente, hay estudios que muestran que la Internet, en Colombia, es usada en más de un 80 por ciento en entretenimiento y poco más de 10 por ciento en educación y productividad, o sea que ya se está desperdiciando la oportunidad de que ayude a fomentar la educación, sobre todo de los más pobres. La Ley Lleras le dará la estocada final.

Los delitos en la red deben combatirse pero si en España –sin aprobar aún la Ley Sinde– han llegado tan lejos que para publicar una foto ajena en un blog hay que tener un permiso escrito, ya podemos imaginarnos qué va a pasar aquí.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 25 de abril de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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