¿Apostando a la paz?

Creen algunos que negar la existencia en Colombia de un ‘conflicto armado interno’ es comparable con las teorías negacionistas del holocausto nazi, que consisten en desmentir el genocidio de judíos o reducir las estadísticas hasta convertir el exterminio en una modesta matanza de barrio.

En esa línea, salen columnistas, políticos y activistas de izquierda ­—en su mayoría simpatizantes de las guerrillas y los procesos de paz— a decir que la existencia del conflicto es un asunto “obvio”, “evidente” e “incontrovertible”, y para demostrarlo señalan la cantidad de muertos que ocasiona esta ‘guerra’ y el hecho de que para enfrentar a los grupos ilegales haya sido y siga siendo necesario acudir al Ejército y no a la Policía.

No obstante, al señalar que tenemos una amenaza terrorista y no un conflicto interno, no se está negando de manera alguna la situación de violencia persistente y la crisis humanitaria resultante, todo lo contrario; decir que hay ‘terrorismo’ implica reconocer la existencia de los más abyectos y crueles actos de violencia indiscriminada que puede padecer una sociedad. En consecuencia, nadie está afirmando que todo esté perfecto o que el Estado y la Sociedad no tengan poderosas amenazas sino simples outsiders y delincuentes comunes a los que bastaría con la Policía para su control.

De lo que se trata es de distinguir la naturaleza de los perpetradores de esa violencia y en ese sentido es que resulta un asunto que trasciende la semántica el modo como llamemos las cosas. España jamás admitiría que se considere su lucha contra el terrorismo de ETA como un ‘conflicto armado interno’, así como  Inglaterra jamás aceptó ese tratamiento en su combate contra el IRA y Rusia tampoco lo admite en su disputa con Chechenia, a pesar de que en ese caso hay componentes étnicos y religiosos que impulsan la lucha de los chechenos.

Si este reconocimiento fuera solo para señalar cuáles son las damnificados que tendrán derecho a reparación a través de la Ley de Víctimas —precisión que podría haberse enunciado de otro modo— y no constituyera de manera alguna fuente de legitimidad para las guerrillas, no se tomaría el Gobierno la molestia de dar tantas explicaciones y hasta inventar curiosos beneficios como el de evitar que se vayan a la cárcel presidentes y militares por bombardear bandidos.

El Gobierno puede desmentirlo cuantas veces quiera pero la aceptación de que en Colombia hay un ‘conflicto interno’ traerá consecuencias tangibles que empezaremos a ver muy pronto. Países como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, reconocerán el carácter beligerante de las Farc y luego harán lo propio naciones europeas que han mostrado gran simpatía por ellas, como Suiza y Suecia. Más tarde, la presión a favor de un proceso de paz será tan fuerte que Santos no podrá o no querrá resistirse.

Si bien es cierto que la Ley de Orden Público firmada en diciembre contempla que no puede haber zonas de despeje ni áreas vedadas a las Fuerzas Armadas, y que la suscripción al Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional cerró cualquier posibilidad de indultar a personas incursas en crímenes de lesa humanidad, la jugada le podría salir mal a Santos.

Es decir, el único camino de la subversión es desmovilizarse y entrar al proceso de Justicia y Paz para que sus cabecillas paguen ocho años de cárcel y los combatientes se reintegren a la vida civil. Pero como la guerrilla no quiere la paz sino el poder, lo que busca es un respiro para restablecerse. Las Farc no solo se burlaron de Pastrana, también de Belisario y de Gaviria. Y a quien se le ha ido un año viendo llover, es muy fácil que se le vaya hasta su lugar en la historia soñando con el embeleco de un Nobel de Paz. Una apuesta todo o nada en la que podemos perder hasta la camisa.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 23 de mayo de 2011)