Que el 70 por ciento de los colombianos consideren que el problema de corrupción se está agravando entraña un asunto más delicado aún, como es la pérdida de credibilidad de las instituciones. Y eso ocurre porque el tema se ha querido manejar con una demagogia suicida, como si para expurgar unos parásitos hubiera que tomar cicuta.

Es irresponsable plantear que la corrupción empezó ayer, que el gobierno anterior fue un dechado de podredumbre o que esta degradación la inventó el Polo en Bogotá. Flaco favor le hace al país la justicia espectáculo cuando toma decisiones dizque “para que los medios no nos cocinen” (Mendoza Diago), o cuando se exagera la verdadera magnitud de las cosas para justificar medidas arbitrarias.

Es cierto que los ciudadanos estamos esperando resultados, pero no estamos reclamando venganzas ni pidiendo chivos expiatorios. La corrupción en Colombia es alta, pero eso no es excusa para hacer un manejo alegre de las cifras. Por ejemplo, si entre el 2005 y el 2010 se concedieron 4,9 billones de pesos en recobros, no puede decirse que se robaron 4,5 billones porque eso equivaldría —como afirma el ex ministro Palacio— a que todos los recobros fueron fraudulentos y a que hay centenares o miles de cómplices entre jueces, miembros de comités técnicos y ‘pacientes’ que se prestaron para estafar al sistema.

Algo similar ocurrió cuando el fiscal del caso AIS acusó de peculado a los cinco ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, asegurando que todo el dinero destinado al módulo de riego era una defraudación a favor de los 33.000 beneficiarios. Claro que a estos funcionarios no les han encontrado indicios de que se hayan apropiado de recursos públicos, como en el caso del saqueo a la salud, donde hay correos electrónicos que comprueban el chanchullo y el cinismo de estos delincuentes: “… por fin vamos a salir de pobres. Jajajaja”.

Seamos serios. En Colombia siempre ha habido corruptos dedicados a identificar puntos débiles para defraudar al Estado, como el filón de los recobros al Fosyga, que pasaron de 626.000 millones en el 2007 a 2,6 billones en el 2010. Pero recordemos que mientras el Gobierno y algunos comentaristas asegurábamos que eso era un abuso al que había que ponerle coto, la oposición aducía que a los pacientes había que darles lo que fuera y al costo que fuera.

EL TIEMPO ha publicado casos de corrupción en la salud por montones. Cobros por cirugías de próstata en mujeres, tutelas que ordenan poner ascensores en casas de enfermos o pagar sesiones de ‘perroterapia’ o de campos magnéticos. Pero, a pesar de que el gobierno anterior se mostró renuente a admitir esos excesos, en los tribunales periodísticos los inquisidores condenan a ex funcionarios con argumentos pueriles: “¡Usted cómo no se dio cuenta!”, “¡usted por qué no hizo nada!”.

La corrupción es silenciosa, como el cáncer, y suele ser un delito sofisticado —lo dice la Fiscal General—, del que nadie se da cuenta hasta mucho después. No entender algo tan básico es desconocer su naturaleza. Y hay algo peor: nuestro ordenamiento jurídico impide tomar medidas prontas y contundentes, el ‘debido proceso’ es una maraña de recovecos legales muy apropiada para salirle al quite a cualquier imputación. Si el Estado no tiene dientes ni para obligar a un conductor a que pague sus comparendos, ¿qué puede esperarse que haga contra organizaciones poderosas que tienen dinero, conexiones y numerosos abogados?

Para combatir este fenómeno con éxito es necesario entenderlo a cabalidad y ponderarlo seria y serenamente. Convertirlo en arma de desprestigio y persecución política es un grave error que solo les conviene a los amigos del caos y la anarquía.

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AÚN ME RESISTO a creer que tras el reconocimiento del ‘conflicto armado’ haya propósitos ocultos. Pero algo huele mal en Dinamarca…

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 10 de mayo de 2011)

 

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Posted by Saúl Hernández

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