A un gobierno de unidad nacional que no tenía oposición, esta le sobrevino de repente en cabeza de un grupo de estudiantes que creen representar a todo el estudiantado y también a un ‘amplio’ sector de la sociedad, en una puja que no ha sido tan democrática como algunos la pintan y de la que el Gobierno es culpable por esa mala costumbre de tratar de quedar bien con todo el mundo, como si no fuera claro que los consensos —decía Barco sabiamente— matan las reformas.

Y las consecuencias están por verse. Lo más seguro es que los estudiantes se radicalicen cuando no se acoja —hasta con puntos y comas— el texto que ellos propongan, pues es de esperarse que se vengan con todas las demasías que pasen por sus mentes febriles, excesos de los que ya han ofrecido adelantos que evidencian que este no es un movimiento estudiantil desinteresado y espontáneo, sino que está ideologizado hasta los tuétanos.

La verdad es que el proyecto de reforma no era un dechado de virtudes, pero tampoco tenía las perversidades que los estudiantes nos han querido hacer ver. Valga decir que no planteaba nada que realmente se relacionara con el manido cuento de la privatización, que es el coco con el que sectores de izquierda vienen asustando —y azuzando— a los estudiantes hace 30 años. Por eso tuvieron que recurrir a simples pretextos para torpedear la reforma y medirse en un pulso de poder con el Gobierno mediante el paro y las marchas.

En principio se pegaron del tema de las universidades con ánimo de lucro, como si estas —de tiempo atrás— no mercadearan algunos servicios y como si hacerlo fuera inmoral aunque tuviera como fin el de recabar más recursos para reinvertir en la misma calidad institucional. El asunto se eliminó mirando con recelo el traspié de Sebastián Piñera —que hace tan solo un año era el héroe que rescató a los mineros— y creyendo que así se daba punto final al forcejeo, pero los estudiantes sacaron del sombrero el absurdo juego semántico de que la educación es un derecho y no un servicio, como si riñera el ser un derecho desde el punto de vista del individuo y un servicio, desde la óptica del Estado, y no tuvieron empacho en afirmar que los servicios se pagan pero los derechos no, lo cual es contraevidente.

A ver, todos tenemos derecho al agua, a nadie se le puede prohibir su acceso a ella. Pero el servicio público que lleva ese líquido vital hasta nuestras casas hay que pagarlo directa o indirectamente. Eso no impide, sin embargo, que las personas con menor capacidad económica reciban un subsidio que las exime parcialmente del pago, ni es óbice para otorgarles gratuidad a los más necesitados, abasteciéndolos con un mínimo vital que constituye una herramienta de lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Más aún: nadie discute que sería inequitativo que la prestación de ese servicio -o derecho- no estuviera estratificada y el agua les costara lo mismo a los más pobres, a los del medio y a los grandes potentados. Incluso, si primara la lógica del mercado —que tanto repudian los estudiantes—, el agua de los ricos debería ser más barata porque ‘compran’ mayores volúmenes para llenar sus jacuzzis y piscinas. Con justicia, no es así, y gracias a ese ejercicio de solidaridad y cohesión social se nos puede garantizar ese derecho a cerca del 80 por ciento de los colombianos.

Con la educación pasa algo similar. Es inaceptable el concepto de gratuidad cuando alguien puede pagar por la educación de sus hijos, como en el caso de los funcionarios de Minminas, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde hay visos de corrupción.

El tipo de movimiento estudiantil que se necesita es uno que propenda a una mayor exigencia académica y no al ejercicio precoz de la politiquería y las pasiones que conducen a los caminos de la anarquía y la revolución.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 22 de noviembre de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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