La bribonada que se ha puesto al descubierto en relación con la masacre de Mapiripán no es un caso aislado. Nos estamos enterando de que allí fueron asesinadas solo seis personas y no las 49 que nos habían dicho desde un principio. Hay que lamentar y condenar cualquier asesinato, ni uno solo es aceptable, pero la combinación de todas las formas de lucha por parte de las guerrillas incluye un profundo trabajo de desinformación que en gran parte se canaliza en el tema de derechos humanos y se materializa en cosas como condenas a la Nación, castigos de prisión contra militares inocentes y desprestigio del país como violador de esos derechos, cuestión que fue el caballito de batalla para congelar el TLC por cinco años.

Para la extrema izquierda, mentir es un recurso habitual. Lenin acuñó la frase de que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Por eso no es extraño encontrar grandes fraudes como mampara de sus denuncias, como quedó al descubierto, con respecto al tema sindical, en el libro El gran fraude del investigador Libardo Botero. El día que se hagan verdaderos censos de desaparecidos y desplazados, veremos que ninguno de esos asuntos es de la magnitud con que los pintan. Los desaparecidos de la guerra sucia no superan el 10% de los casos reportados y en cuanto a desplazados, priman los migrantes por razones económicas en razón a la difícil vida del campo.

Basta ver que según el Personero de Medellín Jaime Herrán Vargas, hasta junio hubo 407 denuncias por desaparición, de las cuales solo 40 eran casos de desaparición forzada; valga decir, desapariciones de tipo violento que implican la muerte de la víctima. Igualmente, en todo 2010 hubo 832 casos reportados, pero solo 57 fueron desapariciones forzadas (El Mundo, 02/10/11). Los demás casos corresponden, en su mayoría, a desapariciones voluntarias o a raptos relacionados con la trata de personas. Sin embargo, a todas las desapariciones —incluso las de fin de semana de maridos infieles— se les suele dar tinte político.

Otro filón de falsas denuncias es el de los señalamientos a militares. El caso del Palacio de Justicia es paradigmático. El coronel Alfonso Plazas enfrenta una condena de 30 años por un proceso inquisitorio plagado de mentiras que se han ido derrumbando, a pesar de lo cual sigue en la cárcel. Ni qué decir del general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años precisamente por los falsos hechos de Mapiripán, de los que no tenía responsabilidad alguna por estar fuera de su jurisdicción. Su condena también se debe a un montaje del colectivo Alvear Restrepo al que, en palabras de Gustavo Petro en el Senado, “le parecía más importante la condena de un general que de un mayor (Orozco, quien sí tenía el mando de las tropas)”.

Seguramente el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo tratará de lavarse las manos y les endosará la responsabilidad de esta maquinación a campesinos que a duras penas saben firmar. Pero no hay que llamarse a engaños, estos montajes son la razón de ser de un sinfín de organizaciones movidas por oscuros intereses que van de lo monetario a lo ideológico. Organizaciones que demandan y hacen escándalo por víctimas de paramilitares o de fuerzas de seguridad del Estado pero nunca por los crímenes de las guerrillas. Organizaciones para las cuales, por definición, la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad son actos exclusivos del Estado y sus ‘cómplices’, pero nunca de los subversivos porque a estos los cobija el ‘derecho’ a la rebelión. Curiosa doctrina que los caracteriza como compañeros de ruta de la subversión.

Y todo esto pone al descubierto también el peligroso camino que atravesarán las leyes de Víctimas y Tierras. Ya lo habíamos advertido.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 31 de octubre de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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