Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que sus fallos merecen respeto pero su actitud se parece mucho a la de esas personas que hacen prevalecer su estatus de superioridad para exigir reverencias que no se han granjeado y que tratan de infundir temor para sentirse obedecidos, pero el respeto ganado con intimidación es otra cosa.

En Colombia no hay poderes omnímodos; ni siquiera la Suprema lo es. Sus fallos deben ser y son acatados porque este es un país de instituciones y cada cual cumple su papel: la Corte manda y la institución respectiva acata la orden y la hace cumplir. Pero eso no significa que sus decisiones no puedan controvertirse y criticarse. Hay que recordar que en este país aún existe libertad de expresión, consagrada por la Carta Política.

Incluso, es curioso que la CSJ exija mesura a los comentaristas en un país donde hasta la figura presidencial a menudo es calumniada e injuriada sin que a ningún Honorable Magistrado se le haya ocurrido pedir respeto. Por el contrario, el hecho de que cualquier ciudadano pueda maltratar de palabra al Primer Magistrado de la Nación es algo bien visto por muchos, como si fuera una prueba de que no hay despotismo, y de la misma manera se debería entender cuando de jueces se trata.

Ha dicho también la CSJ que no ha cambiado la jurisprudencia en el caso de los computadores de ‘Reyes’, pues no habrían sido tenidos en cuenta en el proceso de la parlamentaria Gloria Inés Ramírez. Y si lo dice un Honorable Magistrado de la Honorable Corte, hay que creerle. Pero no es menos cierto que en otros temas sí se ha cambiado la jurisprudencia —como cuando la CSJ pidió que los casos de parapolítica que habían ido a la Fiscalía regresaran— y que hay muchos condenados sin atender al ‘debido proceso’ en lo que a la recaudación de la prueba se refiere.

De hecho, si nuestra justicia fuera estricta en cuanto a la licitud de la prueba, el coronel Plazas Vega no estaría preso. Su caso se fundamenta en la declaración de un tal Edgar Villarreal cuya cédula corresponde a un Edgar Villamizar, la cual se recolectó sin que ello se hubiera decretado, sin la presencia de abogados de la defensa, sin cotejar la identificación del declarante, sin contrainterrogatorio, es decir, violando la ley.

Pero es que los mismos magistrados del alto tribunal caen en contradicciones enormes. En entrevista concedida a El Espectador (22/05/11), el conjuez de la Corte Suprema Yesid Reyes admite que  “…si se asume que la incursión armada a territorio ecuatoriano fue legítima, las pruebas recogidas en desarrollo de esa actuación podrían ser lícitas si fueron puestas inmediatamente en manos de la policía judicial”.

El Presidente de la Corte ya había expresado que “la Corte respetó rotundamente la operación militar”. Pero el conjuez Reyes afirma que  “la Corte no es especialmente clara en el auto, sobre la legitimidad de la incursión militar en Ecuador. Se limita a decir que no dirá nada en cuanto a las connotaciones políticas o militares de la misma”.

El Presidente de la Corte también dijo que el auto inhibitorio del caso Borja no tenía porqué afectar directamente otros casos. Pero Reyes lo contradice: “el contenido de los computadores (…) no puede ser utilizado como medio de prueba en ningún proceso judicial o disciplinario. (…) es imposible no extender los efectos de esa providencia a todos los demás procesos en los que se pretenda utilizar esa información”.

¿Se ha pretendido dorar la píldora para que no se vea tan preocupante lo que se hizo? Ya veremos las nefastas consecuencias. Esto es el resultado de lo que los tratadistas consideran la peor de las dictaduras, la dictadura de los jueces.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de mayo de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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