Se habla a menudo de la corrupción que carcome al país, pero hay un asunto conexo que generalmente se pasa por alto, y que es tanto o más grave que aquella, como es el despilfarro de los recursos públicos. Todos suponemos que el Estado debe establecer prioridades, y guiarse por ellas, de manera que los recursos se destinen en orden de importancia, tratando de cubrir todos los frentes pero dejando por fuera lo que sea superfluo.

De hecho, muchos consideran que el país necesita reordenar el gasto, dejando de dilapidar recursos en cosas sin importancia y eliminando la indeseable duplicidad de funciones, pues el Estado emplea cuantiosos recursos en una infinidad de asuntos que no arrojan ningún beneficio para la comunidad y tiene estructuras burocráticas redundantes. A finales del año anterior, por ejemplo, se ordenó a diversas entidades del Estado cancelar sus fiestas de fin de año en solidaridad con los damnificados del invierno. Pero, ¿acaso es justificable que las entidades públicas realicen fiestas costosísimas que nada tienen que ver con sus funciones?

Otro ejemplo de gastos inútiles es el de la publicidad que hacen los gobernantes, cada vez con más descaro. Las buenas gestiones no necesitan publicidad, los logros se ven y se sienten. Pero ha hecho carrera el cuento chino de que si un gobernante tiene baja aceptación es porque no ha sabido ‘comunicar’ –léase vender– sus logros. Además, la publicidad oficial tiene el efecto perverso de comprar el favor de los medios beneficiados, que dejan a un lado cualquier rezago de objetividad para tomar partido a favor de quienes les compran pauta publicitaria y en contra de quienes no lo hacen. A esto se suma que, por ley, los mandatarios están obligados a divulgar su obra de gobierno. Por eso pululan libros, folletos, videos, insertos en periódicos y revistas, etc., donde se dan autobombo, el papel aguanta todo.

En cuanto a duplicidad de funciones, un caso patético es el que se presenta en el área metropolitana de Medellín, de la que hacen parte esa capital y nueve municipios más, todos con su parafernalia completa de alcaldes, secretarios, concejales, etc. Son diez entes territoriales que podrían fusionarse en uno solo porque, en la práctica, esos otros nueve municipios no son más que barrios de Medellín, cubiertos por la oferta de servicios (telefonía, acueducto, energía, gas, internet, televisión por cable) de las empresas públicas de la ciudad. Y tal es el grado de conurbación, en un área tan pequeña, que los 3,5 millones de habitantes de esta ciudad-región se entremezclan en sus actividades diarias de trabajo, estudio, recreación y residencia.

Si los gastos de funcionamiento de esos nueve satélites se emplearan en más educación, más infraestructura, más desarrollo social, se elevaría enormemente la calidad de vida de sus habitantes. Pero en Colombia persiste la creencia de que el desarrollo viene de la mano de la autonomía regional o local, tesis que es promovida y defendida por políticos corruptos interesados en cooptar recursos que vayan directamente a sus bolsillos. Por eso hay que mirar con desconfianza esas propuestas tipo ‘Región Caribe’, que contempla la creación de un ente burocrático suprarregional sin eliminar las gobernaciones existentes, o la creación del departamento de la ‘Depresión Momposina’, proyecto que está en marcha hace algún tiempo en una región donde el grado de corrupción es altísimo.

Pero la tapa de las duplicidades, el despilfarro y la corrupción es, sin duda, el Congreso de la República. Volverlo unicameral nos ahorraría miles de millones de pesos de un plumazo sin menoscabar su apenas aceptable desempeño. Es que, además, estamos cansados de los escándalos de todos los años, sea por compra de computadores, por cambio de sillas y pupitres (el Senado parece un call center desde que pusieron un monitor inútil en cada puesto) o por la compra de vehículos blindados cuando el país aún no sale de la tragedia invernal.

Con los vehículos, los escándalos son repetitivos: los ponen al servicio de terceras personas, recalan en lugares donde no tienen por qué estar, se adueñan de ellos negándose a devolverlos y, lo peor de todo, los destruyen en un dos por tres. Por donde se mire es una verdadera aberración la decisión de alquilar por cuatro años (renting) 376 vehículos blindados por 142.000 millones de pesos, lo que da un costo de 377 millones por unidad, y eso que ni siquiera los están comprando. Para mayor sorpresa, a cada senador le corresponderán dos.

Esta situación abusiva es el pan de cada día de nuestra democracia y si el gasto no se enfoca en las necesidades reales vamos a ser un país verdaderamente inviable.

(El Mundo, enero 24 de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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