A pesar de que el Departamento de Estado norteamericano acaba de declarar que el caso Mapiripán no puede servir para desacreditar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la verdad es que hay otros acontecimientos que evidencian el sesgo de sus fallos, como lo hace una amañada sentencia del año 2004.

El caso lo comenté en una columna escrita en ese entonces: “La CIDH acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, ocurrida en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares, y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país” (Aberrante fallo jurídico, El Mundo, 12/08/04).

Una de las cosas que hace incomprensible el fallo de la CIDH es que no había impunidad, la justicia colombiana halló a los culpables y los castigó, pero eso no le importó a la Corte: “En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos perpetrados en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la CIDH no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes”.

Adicionalmente, con el fin de desprestigiar al Estado colombiano como violador de los Derechos Humanos, la CIDH se apoyó en un argumento verdaderamente absurdo: “que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965, permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. ¿Dónde dejó la Corte el principio de la personalidad de la pena según el cual la responsabilidad penal es individual? ¿Eso quiere decir, acaso, que si alguien asesina a otro con un revólver ‘legal’, el Estado es imputable por complicidad en dicho crimen?

Como si no fuera suficiente, la CIDH se saltó a la torera otro postulado universal del Derecho Penal que dice que a igual delito, igual pena, pues si el Estado colombiano fue culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo, de acuerdo a la dialéctica de este tribunal, “de todas las masacres cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc.”. Es decir, si este crimen común constituyó una transgresión de esos derechos, todo crimen de la misma especie configura la misma infracción sin importar quiénes fueron sus autores, porque una sanción penal no puede impartirse con sesgo político.

Sin embargo, ningún crimen de las guerrillas ha sido contemplado como una violación de tales derechos porque para las ONG que se autoproclaman como defensoras de los mismos, “los actos de la subversión son maniobras de ‘oposición (política) armada’ que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora”.

Pero tal vez lo más descarriado de este fallo, y lo que lo hace inaceptable, es que las víctimas no eran ‘comerciantes’, como los llama la CIDH, sino unos contrabandistas que pasaban mercancía por trochas del Magdalena Medio, lejos, por razones obvias, de la acción —y la protección— de las autoridades. La realidad es que —como lo dije en aquella columna— “unos delincuentes (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas)”, y no deja de ser inconcebible que el Estado (que somos todos y con nuestra plata) deba “indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!”.

(Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 19 de diciembre de 2011)

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario