Se viene diciendo que quienes no ven con buenos ojos la Ley de Tierras (y también la Ley de Víctimas) pertenecen a la caverna oscurantista que quiere mantener a las masas sumidas en la pobreza y la violencia, y que representan los intereses de terratenientes legales e ilegales, diferencia que para muchos ni siquiera existe. Pero la situación va por otro lado.

Los que nos oponemos a semejantes engendros lo hacemos por la sencilla razón de que no son prácticos ni son viables. Ya hemos visto en el pasado cómo resultan, en Colombia, las reclamaciones de tierras o de ayudas para damnificados, que como ejemplo es un caso muy válido. En el suceso de la tragedia de Armero, se recuerda que el pueblo tenía unos 40.000 habitantes de los cuales fallecieron cerca de 30.000, lo cual no fue impedimento para que unas 50.000 personas se acercaran a reclamar la ayuda del Estado en calidad de damnificados.

Algo similar está ocurriendo en los municipios antioqueños de Anorí, Amalfi y Zaragoza, en las tierras destinadas a embalsar las aguas del proyecto Porce IV de las Empresas Públicas de Medellín. Hace solo un par de años había menos de 3.000 personas asentadas en esa área y hoy hay más de 14.000, que han llegado instigadas por organizaciones de izquierda para reclamar indemnizaciones a las que no tienen ningún derecho. Incluso, las autoridades nacionales se vieron obligadas a expulsar del país a cinco extranjeros (tres brasileños, un venezolano y un ecuatoriano) que estaban promoviendo los asentamientos y aleccionando a estos oportunistas para los reclamos.

En el pasado ha habido casos paradigmáticos como la toma de las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2002, por parte de supuestos desplazados. Allí se descubrió que muchos de ellos ya habían obtenido subsidios gubernamentales con anterioridad, y que poseían casa propia y hasta negocios que les permitían subsistir cómodamente.

No hay que olvidar tampoco el perenne problema de la reclamación de tierras por parte de las comunidades indígenas, sobre todo en el departamento del Cauca. Tierras que no necesitan pues –según el Instituto Agustín Codazzi– son dueños de 30 millones de hectáreas, que equivalen al 21 por ciento del territorio nacional mientras que todos los pueblos indígenas apenas constituyen el 2 por ciento de la población colombiana. Como lo han afirmado en diversas ocasiones, su pretensión es la de “liberar la madre tierra de ese ejercicio de acumular riqueza”, lo cual no es otra cosa que una forma disimulada de anarquía a favor de los postulados que predican las guerrillas.

No es exagerado afirmar que en Colombia hay un cartel de las reclamaciones y con antecedentes como esos no hay que tener dotes adivinatorias para prever los malos resultados de esta ley. Es de anotar que la Ley de Extinción de Dominio (Ley 333 de 1996, derogada y reforzada por la Ley 793 de 2002) ya tenía competencias para incautar las tierras que los grupos armados les han arrebatado a los campesinos, al igual que para expropiar cualquier bien mueble o inmueble que tuviere origen ilícito. Pese a ello, se sabe que miles de bienes han sido incautados pero pocas sentencias han podido ejecutoriarse en firme, de manera que los bienes vuelven a manos de sus dueños –o de testaferros– y a menudo el Estado es obligado a indemnizar por daños o por pérdidas.

En ese orden de ideas, ¿qué garantiza que la Ley de Tierras podrá hacer lo que en 15 años no se ha logrado con la de Extinción de Dominio? ¿Cómo se evitará que hordas de oportunistas creen una marejada de inseguridad jurídica al reclamar las propiedades que se les antoje en un país que tiene un pobrísimo nivel de registro de propiedades rurales? ¿Y cómo se evitará que los jueces de militancia marxista –que abundan en este país– se valgan de esta ley para hacer una reforma agraria a su manera?

Quedan interrogantes. Lo cierto es que nada hay más ideal que despojar a los bandidos de sus bienes mal habidos y devolvérselos a sus dueños. Lo que ocurre es que esta ley nos llevará por otro camino, uno de consecuencias nefastas pues ya se ve por dónde va el asunto. ¡Cómo será de perversa la cuestión que ha sido elogiada por gente que no busca propiamente el bien de Colombia, como el terrorista ‘Alfonso Cano’ y su interlocutor en el Congreso gringo, el representante demócrata James McGovern!

(El Mundo, marzo 31 de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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