Cerca de 500.000 efectivos conforman la Fuerza Pública (Policía y Fuerzas Armadas) de Colombia. Son, en su inmensa mayoría, personas honestas que no dudan en arriesgar su integridad física o sacrificar su existencia para cumplir el deber de defender la vida, honra y bienes de cualquier ciudadano. De ello dan cuenta el alto número de policías y militares que mueren en acción cada año y la gran cantidad de mutilados que quedan con alguna discapacidad física permanente.

Pero, al igual que en todos los países del mundo, un pequeño porcentaje de ellos termina violando la ley o resulta permeado por la delincuencia que debe combatir. Eso no debería ser motivo de sorpresa porque son seres humanos, falibles como cualquiera, y sobre todo porque ellos no son más que el vivo reflejo de nuestra sociedad y no podemos esperar que los uniformados se comporten como ángeles cuando provienen de los estratos más pobres y de las mismas calles donde se hacen los delincuentes.

Por eso es injusto que a los delitos cometidos por agentes del orden se les dé un tratamiento escandaloso en los medios de comunicación con el objetivo de despertar un sentimiento de ira e indignación entre la opinión pública, que poco se parece a la indiferencia que se palpa cuando los muertos son soldados y policías. Es tanta la indiferencia que muchos ciudadanos –entre desagradecidos y anarquistas–, consideran que las vidas de estos servidores públicos no valen nada, que son carne de cañón y su función es morirse, y no les importa el sufrimiento de sus familias ni el olvido al que quedan condenados los lisiados.

Y hay algo que tal vez es peor: se tiende un manto de duda sobre todas las instituciones, gracias a una generalización inaceptable que, además, entraña una gran paradoja: mientras dura el escándalo, la gente dice que los uniformados son ‘todos muy corruptos’, por decir lo menos; y luego se regresa al estado habitual en el que estas instituciones tienen una alta calificación entre la opinión por ser vitales para la estabilidad de la Nación.

Desde el mismo domingo 26 de diciembre, al conocerse la noticia de que un vehículo con tres policías y dos mujeres “recién conocidas”, había caído al río Medellín, y que las damas estaban desaparecidas, era inevitable sospechar la comisión de un delito y recordar el caso de las tres jóvenes de La Estrella que fueron desaparecidas por el comandante de la Policía de Itagüí en el 2008. Y a pesar de que ocurre con cierta frecuencia que alguien pierda el control de un auto y se vaya al río, y que unos pasajeros se ahoguen y otros no, las dudas sobre el caso son tantas que la coartada de la caída al río no les va a alcanzar para explicarlas.

Ya los detalles son suficientemente conocidos por la opinión. Dejemos que la justicia juzgue. Pero, para demostrar que estos lamentables crímenes son situaciones verdaderamente excepcionales, traigo a colación unos datos que publiqué en una columna sobre los llamados ‘falsos positivos’ (Una argucia al desnudo, El Tiempo, 27/04/2010) y cuyas conclusiones son aplicables a este caso. Veamos:

“Según la Fiscalía General de la Nación, desde 1985 hasta mayo del 2009, las víctimas por ‘falsos positivos’ sumaban 1.708 (El Tiempo, 19/01/2010). Y un informe del Cinep (de octubre de 2009) establece que al periodo 2001-2009 corresponden 940 víctimas.

“Del 7 de agosto del 2002 al 31 de enero del 2010, las fuerzas constitucionales del Estado han abatido a 15.126 individuos, entre guerrilleros, paramilitares y miembros de bandas criminales.

“En el mismo periodo, las fuerzas del Estado han capturado a 53.601 personas entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales, cuyas vidas se respetaron.

“Si sumamos los capturados y abatidos, 68.727, tenemos que los 940 ‘falsos positivos’ equivalen al 1,3 por ciento de los casos.

“De igual forma, si relacionamos el número de militares asociados a estos casos, 198 condenados y 708 en etapa de juicio, con el pie de fuerza de 285.000 efectivos (aquí no se incluye la Policía), encontramos que los vinculados a esos crímenes son el 0,3 por ciento.

“Según Medicina Legal, en el periodo 2001-2009 hubo (en Colombia) 174.866 homicidios; los 940 ‘falsos positivos’ representan, pues, el 0,54 por ciento.

Como puede advertirse, se trata de cifras estadísticamente despreciables que comprueban que estos crímenes no son sistemáticos, ni reflejan un comportamiento habitual. Similar resultado se obtendría si analizamos los delitos atribuidos a la Policía. Por supuesto que es preciso depurar las instituciones y que cualquier crimen es inaceptable, pero unas pocas manzanas podridas no pueden manchar el honor y la abnegación de quienes son verdaderos héroes de la Patria.

(El Mundo, enero 10 de 2011).

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Posted by Saúl Hernández

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