Se apresta el gobierno de Juan Manuel Santos a atacar el problema de la pobreza en el que hay inmersos unos 20 millones de colombianos, el 45 por ciento de la población. Y una de las estrategias que intenta acometer es el asunto de la ‘habitabilidad’ o calidad de la vivienda, para lo cual se imponen cuatro metas fácilmente medibles: “que la vivienda cuente con agua potable y un sistema de desagüe; que no vivan más de tres personas en cada cuarto y que los niños duerman separados de los adultos; que la vivienda no tenga piso de tierra, y que posea materiales adecuados que posibiliten la seguridad de la infraestructura física y mayor bienestar para la familia en términos de salud”.

La estrategia es loable porque el gobierno se ha dado la pela al proponer unos mínimos que permitan considerar si una vivienda es digna o no. Pero el reto es tan grande que difícilmente podrá el gobierno normalizar las condiciones de la mitad de las casi 4 millones de viviendas en las que habitan los colombianos más pobres.

Además, la propuesta se queda corta porque un ‘sistema de desagüe’ no es propiamente un alcantarillado que sanee las condiciones de todo el barrio. No se habla tampoco de energía eléctrica ni de estándares en la calidad de los servicios públicos domiciliarios y sus tarifas. Muchos colombianos pobres tienen conexión a servicios pero son intermitentes, de mala calidad (agua sucia, voltaje inestable, etc.) y costosos, por lo que terminan desconectados.

Aunque se avanza al poner un límite al hacinamiento de las familias más pobres, esas condiciones de habitabilidad no hacen hincapié en el mínimo de espacio vital que requiere cada persona. No es lo mismo que vivan tres personas en una vivienda de 35 metros cuadrados a que vivan ocho. Tampoco establece la necesidad de que en cada casa haya un baño como mínimo, con sanitario, lavabo y ducha, con una ventilación adecuada y puerta con cierre. Así mismo, un espacio para cocinar los alimentos aislado de lo demás.

Tampoco se hace énfasis en la calidad de la construcción –aunque se habla de “materiales adecuados”–, en las características del terreno y la calidad del suelo, entre otras cosas. Abolir el piso de tierra es lo más fácil de hacer y podría generar una idea engañosa de progreso. El gobierno cometería un error monumental al convertir todos esos ranchos que tenemos en laderas deleznables, en casas supuestamente dignas que cumplen esos cuatro requisitos pero que siguen presentando muchos otros problemas graves.

Sin duda se trata de un plan más ambicioso que la tarea de pintar los ranchos cuando viene algún visitante ilustre, pero la mayoría de las viviendas subnormales no son mejorables, son soluciones de emergencia que deberían ser temporales y hace mal el Estado en legalizarlas y hacerlas permanentes. Es exótico –por decir lo menos– el proyecto de la Alcaldía de Medellín de instalar escaleras eléctricas en un barrio subnormal ubicado en zona de riesgo cuando más bien se debería estar discutiendo hacia dónde expandir la ciudad de manera que no haya peligro de tener tragedias invernales.

Un plan de esta naturaleza debe trascender cualquier afán demagógico. La vivienda de interés social que se ha estado construyendo en años recientes se caracteriza por un sinnúmero de falencias, son casas minúsculas y mal construidas que se van desmoronando solas. Este plan no puede caer en la misma mediocridad, maquillando los cinturones de miseria. Y el gobierno no debe olvidar que si este tipo de planes no van de la mano con un serio programa de control natal en estas comunidades, será como sembrar en el desierto y arar en el mar.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 21 de marzo de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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