Armas, pensiones y tetas

Gustavo Petro cree que prohibir el porte de armas es la solución definitiva a la violencia. No hay tal. Según Medicina Legal, el 77,6% de los crímenes ocurridos en 2010 se cometieron con arma de fuego. De estos, el Ministerio de Defensa y think tanks como el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda —dirigido por Alfredo Rangel—, calculan que no menos del 95% se ejecutaron con armas ilegales, no con las que están amparadas por la ley.

La propuesta de Petro ni es original ni es nueva. Todos los años se desempolva estimulada por muertes absurdas como las que provocan las mal llamadas ‘balas perdidas’. De hecho, la prohibición rige en Medellín desde hace dos años sin que hasta el momento haya resultados notorios, pues cada vez que se prohíbe el porte de armas son las legales las que se ven restringidas, no las ilegales.

De acuerdo con registros del Departamento de Control y Comercio de Armas, en el país hay 1’280.000 armas de fuego legales en manos de civiles, y se calcula que por cada arma legal hay cuatro ilegales. Cada año, las autoridades incautan alrededor de 30.000 armas ilegales en todo el país (29.504 en 2009; 27.117 en 2011), una cifra muy pobre si consideramos que constituye el 0,75% de las cerca de 4’000.000 de armas ilícitas que hay en Colombia. Asimismo, solo 21.241 personas fueron judicializadas por porte ilegal de armas en los últimos cuatro años, con el agravante de que ese era un delito excarcelable hasta la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual impone penas de prisión de 9 a 12 años.

Es decir, los esfuerzos para atacar el problema son insuficientes pero, contrario a lo que se piensa, no somos una sociedad armada. Según Foreign Policy, en EE. UU. hay 90 armas por cada 100 habitantes, y en el top 10 figuran sociedades pacíficas como Suiza, Finlandia, Suecia y Uruguay, donde hay 31 armas por cada 100. Colombia solo tiene alrededor de diez armas —entre legales e ilegales— por cada 100 habitantes. Y aunque con ellas se cometen demasiados crímenes, el reto consiste en desarmar a los delincuentes y a los intolerantes, no en dejar expuesta a la ciudadanía.

Lo ideal es que las armas sean monopolio del Estado, siempre y cuando aquel esté en capacidad de garantizar la seguridad en todo el territorio. En nuestro caso, controlar el porte ilegal de armas de fuego —así como la fabricación, el tráfico y la comercialización— equivale, en la práctica, a derrotar a los violentos de todas las pelambres, una tarea en la que llevamos 200 años.

Claro que esta no ha sido la única polémica del inicio de año. Ya dejó entrever el gobierno que está en trance de reformar el régimen pensional y que aumentará la edad de pensión. Pero como es un gobierno que reversa todas sus decisiones para quedar bien con todo el mundo, será incapaz de llevar a término esta reforma una vez que se desaten las protestas de los sindicatos y el descontento de quienes parecen ignorar —casi todos— que la pensión es para asegurar el sostenimiento en la vejez, no para “disfrutar” a tutiplén algo que no se han ganado. Menos del 30% de nuestros ancianos tienen pensión y una minoría de ellos, antiguos servidores públicos, se están llevando casi toda la tajada con cargo al Presupuesto y no a sus insuficientes aportes.

Al tiempo, no se entiende cómo el Ministerio de Salud ha decidido sufragar los costos de extracción de los defectuosos implantes mamarios franceses marca PIP, que 14.800 colombianas se pusieron en su mayoría por vanidad. Bastará que el médico lo recomiende —y lo hará— para que papá gobierno pague. El costo puede ser de 50.000 millones, a razón de tres por cabeza, cifra similar a la que tiene presos a los funcionarios del caso AIS, y eso que no se la robaron y que el dinero se recuperó. Un claro caso de subsidios que no le llegan, propiamente, a gente pobre.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 9 de enero de 2012)