Otra reforma indigna

Hace varias semanas se venía advirtiendo que la reforma a la justicia que se estaba tramitando en el Congreso de la República, iba a terminar siendo un verdadero esperpento, impulsado por el Gobierno en su afán de ganar adeptos en los partidos y las cortes para asegurar la reelección. Sin embargo, no calculó el presidente Santos la magnitud del escándalo que se iba a generar a raíz de las ligerezas incluidas en el texto de la reforma y tuvo que regresar apresuradamente de la Cumbre Rio+20 para ofrecer una alocución presidencial, casi a medianoche, y tratar así de neutralizar sus efectos. Pero lo que dijo generó más controversia.

Con un gran desparpajo, Santos se lavó las manos olímpicamente y negó cualquier injerencia en lo tramitado en esa ley, presentándose como el mayor sorprendido a pesar de que cada letra de esa reforma fue fruto de reuniones en Palacio y de un trabajo de filigrana de sus ministros de Interior y Justicia, incluyendo a Vargas Lleras, que pasó a Vivienda. Para rematar, Santos anunció que le devolvería al Congreso —con objeciones— el texto que había recibido para su promulgación; una decisión insólita si se considera que no se trata de una ley —que requiere de la firma presidencial—, sino de una reforma constitucional, cuya aprobación es de exclusivo resorte del Legislativo.

Como está visto, el gobierno de Juan Manuel Santos no es de ejecutorias sino de producción de leyes, un gobierno que pretende resolver problemas llenando anaqueles con recetarios jurídicos y reformas constitucionales. Pero, hasta ahora, poco de eso ha sido sustantivo frente a los problemas reales de los colombianos, y este caso no es la excepción. Desde el principio se anunció que esta reforma estaría encaminada a acercar la justicia al ciudadano, a resolver los problemas de congestión judicial, a deshacer esos nudos gordianos responsables de que mientras un juez gringo resuelve 3.135 casos al año, un juez colombiano solo lleva a término 448. Esfuerzos que tendrían que resolver nuestro nivel de impunidad, que se calcula en el 96% y que podría ser el más alto del mundo.

Pero no, no fue por ahí por donde se enfocó el asunto. Las altas cortes están sumamente politizadas y los legisladores sienten que la Corte Suprema pende como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Los excesos recientes de ese alto tribunal —tan presto a condenar todo lo que oliera a ‘parapolítica’ y a exculpar todo lo relacionado con las Farc, incluso desvirtuando el valor probatorio de los computadores de ‘Raúl Reyes’— motivaron la vindicta de unos parlamentarios que buscaron, con toda razón, instaurar la doble instancia de la que carecían, pero que se fueron al extremo de blindarse tanto para su investigación y juzgamiento que volvimos casi a la época de Pablo Escobar, cuando este se metió de congresista para gozar de la inmunidad parlamentaria y poder continuar sus fechorías sin temer que lo capturaran y, mucho menos, que lo extraditaran.

A partir de ahí, hubo gabelas para todos. A los magistrados se les extendió el periodo por cuatro años y la edad de retiro forzoso se elevó de 65 a 70 años, cosa que para un mortal cualquiera sería un castigo mas no para quien ostenta una alta dignidad del Estado con todos los privilegios que conlleva: viajes, camionetas blindadas, escoltas, halagos, reverencias y un jugoso salario. Además, nada se hizo en relación al abuso de los magistrados con su régimen pensional, que debió entrar a hacer parte del plato de lentejas que recibieron para no oponerse a tantos oprobios contra los colombianos de a pie.

Y todo se quedó en maquillaje. A la inútil Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, simplemente le cambiaron nombre; lo mismo que a la Sala Disciplinaria del corrupto Consejo Superior de la Judicatura. La reforma aún no ha entrado en vigencia y el daño es reversible, pero que no venga Santos a decir que no sabía, cuando esto se cocinó a instancias suyas para engrasar algunas piezas de la maquinaria que le permitirá prolongar su fastuoso paso por la primera magistratura, cuatro años más.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 25 de junio de 2012)