Doble estándar: justicia tuerta

De manera independiente a la posición política que cualquiera pudiera tener, es preciso reconocer, si se es objetivo, que en Colombia se pretende oficializar un doble rasero para medir todos los hechos relacionados con el conflicto interno. Sobra decir que el sesgo es evidente y, a todas luces, inmoral: lo que se relacione, aunque solo sea en apariencia, con paramilitarismo, es satanizado y condenado sin fórmula de juicio; en cambio, las relaciones con las guerrillas, así estén probadas, son exoneradas al instante y espuriamente ungidas de nobleza y altruismo. Los ejemplos abundan.

Uno de ellos es el caso del columnista Ernesto Yamhure, quien hace unos años fue lapidado públicamente al conocerse una comunicación suya con el paramilitar Carlos Castaño, a quien le pedía una opinión sobre una columna antes de publicarse. Si bien puede no estarse de acuerdo con ese tipo de actitudes, aun si la consulta se hiciera con personas respetuosas de la ley, ello no denota delito alguno. También se conocieron mensajes de la periodista española Salud Hernández-Mora dirigidos al mismo Castaño en los que se notaba un trato amable que a algunos les pareció señal de complicidad.

No obstante, no ocurre lo mismo cuando algunos comunicadores o columnistas muestran simpatía hacia las guerrillas o cuando se les descubre alguna afinidad con ellas. En esos casos, las críticas van es hacia quienes osen poner en conocimiento público esos coqueteos, haciéndose acreedores a demandas por calumnia e injuria, y a diversos señalamientos.

Obviamente, ese es el tendencioso esquema que se ha puesto en práctica en los juicios de la parapolítica, en tanto que la farcpolítica pareciera ser una ficción que no merece la menor atención de los honorables magistrados. El caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, es particularmente representativo: se le acusa por haberse reunido, sin permiso del gobierno de la época, con el vocero de los paramilitares, quienes estaban en pleno proceso de paz.

Por eso tiene toda la razón el procurador general Alejandro Ordóñez cuando pone de manifiesto que eso no se diferencia en nada con lo que vienen haciendo algunos políticos, y otros personajes de la vida pública, al viajar a La Habana, sin autorización del Gobierno, para reunirse con los bandidos de las Farc. Ante este reclamo, las inconsistencias no se hacen esperar: el fiscal general Eduardo Montealegre vuelve a mostrar una insólita proclividad hacia las Farc al afirmar, sin la menor vergüenza, que reunirse con delincuentes no es delito, y al tener el desparpajo de decir que reunirse con los terroristas farianos para hablar de paz es un acto altruista.

Así que reunirse con paracos es delito, pero con guerrilleros no. Así que para reunirse con delincuentes que estén inmersos en un proceso de paz, se requiere de permisos si son ‘paras’, pero si son guerrilleros no. Así que si alguien se reúne con ‘paras’, aunque tengan salvoconducto para andar por el país haciendo consultas sobre el proceso de paz, como era el caso de Iván Roberto Duque (alias ‘Ernesto Báez’), se presume que están concertando delitos; si es con las Farc, se presume altruismo. Así que si alguien bebe güisqui con los ‘paras’, como dicen de Ramos, se comprueba que estaba pasando muy bueno y, por tanto, delinquiendo; si alguien se toma los amarillitos con las Farc, como lo hicieron innumerables veces todos los que pasaban por el Caguán, según los propios relatos de Víctor G. Ricardo, Camilo Gómez y otros, se están sacrificando por la paz de Colombia.

Juzgar con doble rasero, actividades idénticas, no solo es aberrante y una evidente injusticia, sino una prueba irrefutable de que se está conduciendo a un país y a su sociedad, al despeñadero. Es reescribir el pasado desde el presente mismo para absorber todas las instituciones de la democracia. Es el triunfo, en este caso, del totalitarismo marxista. Y lo peor de todo es que estas prerrogativas ya se aceptan como un derecho adquirido —acaso por haber permitido la usurpación del trono moral—, sin lugar a controversia.

(Publicado en Periódico Debate, el 7 de octubre de 2013)