Mientras el presidente Juan Manuel Santos insiste en que no habrá impunidad en el proceso de paz con las Farc, y se pregunta socarronamente que “¿quién ha dicho eso?”, no se pueden echar en saco roto las múltiples intervenciones del fiscal general Eduardo Montealegre, quien, como si no se tratara del encargado de investigar y acusar a los criminales de este país, no se cansa de repetir una y otra vez que la justicia transicional permite aplicar penas alternativas que no implican privación de la libertad, y que eso no es impunidad.

Pero el Fiscal ha ido mucho más allá. En un conversatorio con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, el señor Montealegre se atrevió a hacer nueva jurisprudencia con el cuento de que las penas de cárcel ya no son importantes y que las personas que las reclaman, como Ordóñez, son seres retardatarios que se quedaron anclados en el pasado, pidiendo “justicia del siglo XVIII, por no decir que medieval”.

Esta misma lumbrera, egregio representante de aquello que algunos bautizaron como ‘el siglo de los jueces’, se atrevió a sugerir que el castigo ejemplar para las Farc sería desminar el país, o sea ejecutar el trabajo de ubicación y extracción de las minas antipersonal que ellos mismos han sembrado y que dejan miles de muertos y lisiados cada año. Esto como si fuera factible firmar un tratado de paz sin incluir un tema tan sensible como es el desminado, el cual es uno de varios puntos a cuya enmienda se deben comprometer las Farc para poder implorar el perdón de los colombianos. De tal manera que siendo un inamovible, no puede constituirse en motivo de indulgencia.

La propuesta de Montealegre nos hace recordar las penas impuestas por el ‘Mono Jojoy’ a los guerrilleros que asesinaron a tres indigenistas norteamericanos por allá en 1999. El supuesto castigo solo contemplaba penas simbólicas como aprender a leer y escribir, leer algunos libros, dictar conferencias sobre los errores cometidos y participar en la construcción de carreteras (El Tiempo, 28/05/1999). Semejante ‘castigo’ contrasta diametralmente con la bestialidad con la que se sancionan las faltas disciplinarias en las filas de las Farc, donde el maltrato y los fusilamientos son pan de cada día.

Contrario a lo que sugiere Montealegre, es totalmente falso que las penas privativas de la libertad hayan caído en desuso en el mundo, mucho menos cuando se trata de delitos de lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra o delitos atroces. Mientras Montealegre proclamaba a los cuatro vientos que las Farc deberían ser perdonadas e ir al Congreso en aras del bien superior de la paz, se presentaban casos ejemplarizantes de lo que es la aplicación de la justicia en distintas latitudes. Por ejemplo, Ariel Castro, el secuestrador de tres jóvenes en Cleveland, Estados Unidos, enfrenta la pena de muerte. Lo que él le hizo a sus víctimas no es muy distinto a lo que hacen las Farc: las mantuvo secuestradas por cerca de diez años, las convirtió en esclavas sexuales y les provocó varios abortos. Una de ellas tuvo una hija en cautiverio, igual que Clara Rojas.

Hay más ejemplos recientes. En Guatemala, el dictador Efraín Ríos Montt, a pesar de ser un anciano de 86 años, fue condenado a 80 años de prisión por el supuesto genocidio de centenares de indígenas, si bien la Corte Constitucional de ese país anuló la sentencia. Las Farc han asesinado y reclutado forzosamente a miles de indígenas, muchos de ellos menores de edad. De hecho, las autoridades indígenas del Cauca acaban de denunciar que las Farc las quieren exterminar. No hay diferencia.

En Argentina, el también octogenario Jorge Rafael Videla murió cuando cumplía cadena perpetua por la comisión de crímenes de lesa humanidad; en Brasil, un hombre fue condenado a 67 años de cárcel por violar a sus tres hijas; en Alemania, Beate Zschape, integrante de un grupo neonazi, enfrenta un juicio por terrorismo por el asesinato de diez inmigrantes turcos y, en Inglaterra, igual camino les espera a los musulmanes que degollaron a un soldado británico en plena calle. Y no crean que recibirán castigos simbólicos.

Ya está bueno el jueguito del señor Montealegre de creer que los colombianos somos tontos. La justicia punitiva no es un asunto del siglo XVIII; al contrario, está hoy más vigente que nunca, y las penas alternativas, por mucho que se quieran maquillar, son pura impunidad.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de mayo de 2013) 

Posted by Saúl Hernández

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