Hace poco leí, no sin sorpresa, que la familia del joven abogado Juan Guillermo Gómez, asesinado en Bogotá por robarle el celular, se siente conforme con la pena de 44 años de prisión impuesta al asesino, y que la considera “ejemplarizante”. Sí, cualquiera diría que se hizo justicia pero, en realidad, hay tantas gabelas para los criminales que ese castigo podría no ser tan severo como parece.

Hagamos cuentas: el condenado tiene derecho a que se le rebaje una tercera parte de la pena por trabajo y estudio, que en nuestro sistema penitenciario equivale a hacer nada porque los reclusos no tienen alternativas reales de capacitación ni proyectos productivos. En este caso son 14 años y medio, con lo que el castigo se reduce a 29 años y medio.

Adicional a lo anterior, el Código de Procedimiento Penal establece que puede otorgársele libertad al reo cuando haya cumplido las tres quintas partes de la pena, siempre y cuando el juez certifique que ha tenido buena conducta y no representa un peligro para la sociedad. Eso, por supuesto, no se lo niegan a nadie, de manera que el asesino del prometedor abogado que estaba próximo a viajar a Harvard, becado, seguramente recobrará la libertad poco antes de completar 18 años en prisión. Bajar de 44 años a 18 es un buen negocio para cualquier criminal; se le perdonan 26 años de pena, casi el 60%.

Pero hay más. No sería nada raro que al Congreso de la República le dé por reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal, y que reduzca el castigo para los que asesinan por robar celulares. En ese caso, el homicida recibiría una nueva rebaja pues prima el Derecho positivo y todo lo que les convenga a los penados, se les aplica con retroactividad. Lo que los perjudique, en cambio, no los cobija.

Un caso paradigmático de esta aberración es el del asesino de un reconocido futbolista colombiano, que fue condenado a 43 años de prisión en 1994. En el año 2000, el Congreso dispuso una rebaja de penas y su condena quedó en 26 años. Posteriormente, se benefició de las gabelas mencionadas y hasta de una rebaja por ‘visita papal’, aunque esta ocurrió en 1986. De esa manera, este delincuente solo purgó 11 años, y cuentan que cuando le llegó la boleta de libertad ni siquiera estaba en la cárcel pues ya gozaba de permiso para salir los fines de semana.

La pudrición de nuestra justicia pasa desapercibida, casi ni nos damos cuenta de decisiones espeluznantes. Juan Carlos Varela, un yuppie que acabó con la vida de tres personas al conducir en avanzado estado de embriaguez, acaba de ser condenado a cinco años de detención domiciliaria gracias a los acuerdos a que llegó para pagar indemnizaciones millonarias.

Y peligrosos miembros de bandas como ‘La Oficina’ y ‘La Terraza’, con decenas de muertos a cuestas, están llegando a acuerdos con la Fiscalía para aceptar cargos por concierto para delinquir y recibir, a cambio, penas no superiores a diez años de prisión, de los que pagarán poco más de tres. Todo esto parece dispuesto por los enemigos de nuestra democracia para que se agudicen las tales “contradicciones del sistema” y terminemos por justificar cualquier cosa.

(Publicado en Periódico Debate, el 11 de febrero de 2013)

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Posted by Saúl Hernández

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