Escrito está

Hay que leer los comunicados que las Farc suscriben a diario, cada uno peor que el anterior, para vislumbrar la ‘paz’ que le ofrecen a Colombia: una en la que alcancen, como vencedores, la revolución por contrato que con las armas no lograron.

Por ejemplo, en un documento reciente, la agrupación terrorista le achaca sus víctimas al capitalismo: “Se reconocerá por parte del Estado que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y la persistencia de procesos de victimización política, económica, social, cultural y ambiental…”. Por consiguiente, cuando las Farc advierten que la paz solo llegará en tanto se superen las “causas objetivas de la confrontación”, se refieren al cambio del modelo económico y político vigente por el modelo comunista. Por eso se habla de un periodo de transición hacia la ‘paz’ de diez años. Así de sencillo.

En otro panfleto, el forajido ‘Pastor Alape’ nos recuerda que “conceptos como ‘transición’, ‘desmovilización’ y ‘entrega de armas’ no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla” y que la ‘dejación’ de los fierritos (pues la ‘entrega’ no está contemplada) “significa la no utilización de las armas para hacer política. Esto es válido para la guerrilla y para el Estado. Si hay paz, las Farc ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es una expresión política…”. Mejor dicho, es el Estado el que las va a deponer.

De hecho, ‘Alape’ especifica que “la fuerza militar (debe regresar) a su rol constitucional de defensa de las fronteras y su no utilización irregular para asuntos de orden público interno”; y que las fuerzas de policía deben “desmilitarizarse prescindiendo de su actual doctrina contrainsurgente que atenta contra las libertades ciudadanas”. Eso es desmantelar las Fuerzas Armadas, aunque el Gobierno lo niegue.

Y en cuanto a reconocer responsabilidades, esta horda de criminales se lavan las manos y distribuyen culpas por doquier: “El Estado y su institucionalidad asumirán la responsabilidad general y principal frente a los procesos y hechos de victimización sistemática que han generado millones de víctimas”. “Los partidos políticos y la Iglesia deben reconocer su responsabilidad”. “Sectores económicos son responsables”. “Los EE. UU. son el principal promotor de la guerra”. Y hasta los “servicios de inteligencia británico e israelí”.

En materia de víctimas, un tal ‘Pablo Atrato’ dice que la población civil no ha sido blanco de las Farc; y ‘Pablo Catatumbo’ afirma que no tienen responsabilidades “en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”. A todas estas aberraciones, el Gobierno calla y otorga, como en muestra de sometimiento. Pero no hallarán la misma sumisión en la CPI: la fiscal Fatou Bensouda dijo que no aceptará que no haya cárcel para los jefes de las Farc, y el exfiscal Luis Moreno aseguró que “condenar a cárcel a los líderes de las Farc ayudaría a construir la paz”. Sin embargo, se abre paso una corte penal de Unasur para hacernos tragar el sapo de la impunidad.

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En España (donde Santos mendiga aportes a su paz), la pensión máxima del sistema público es de 2.556 euros mensuales, poco más de 6,5 millones de pesos. En Colombia es de 15,4 millones, más del doble, pero centenares de exmagistrados y excongresistas se quieren pasar la ley por la faja y ganar aún más. Todos creen que esta es su finca y que hasta sus hijos se pueden rumbear las camionetas oficiales que pagamos con nuestro dinero. No hay derecho.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 4 de noviembre de 2014)