Muchos salieron alborozados a tañer campanas sin leerse las 63 páginas del que se conoce eufemísticamente como ‘acuerdo de víctimas’, pero que no es más que un acuerdo de impunidad. Algunos lo hicieron de manera ingenua, pensando con el deseo, hasta que Human Rights Watch puso las cosas en su sitio: “Esto es una piñata de impunidad”.

No es ninguna sorpresa que José Miguel Vivanco considere que el “acuerdo no es un progreso, sino un retroceso”. Se había dejado en claro que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad tienen que pagar penas efectivas de prisión, no de “restricción”, como contempla el acuerdo. Pero todos sabemos que esta gente quiere repetir el sainete de reclusión de Pablo Escobar en La Catedral: van a terminar en fincas, metidos en jacuzzis y piscinas, con las prepagos del momento.

Sin embargo, no se van a contentar con eso; van a estar haciendo política, lo cual puede ser peor que seguir echando bala porque si sus acciones violentas son refrenadas y castigadas por vías constitucionales, los despropósitos que cometan desde adentro –como un virus– estarán ‘viciados’ de legalidad aunque carezcan de legitimidad. A fin de cuentas, para eso han dado bala por medio siglo, para hacer las reformas políticas que pretenden, y a eso es a lo que este proceso entreguista las acerca.

El Gobierno se regodea con una verdad a medias como esa de que los delitos de lesa humanidad no serán indultados ni amnistiados, cuando eso es exactamente lo que se hará en la práctica. Ningún cabecilla de las Farc irá a la cárcel tras un escueto reconocimiento de responsabilidad, tendrá condenas restrictivas de entre dos y ocho años y ejecutará tareas de ‘reparación’, que no son más que saludos a la bandera. ¿En realidad creen que la comunidad internacional se va a tragar el cuento de que eso es justicia?

Cuando se habla de sacrificar algo de justicia a cambio de alcanzar la paz, el nivel aceptable es el que se alcanzó con los paramilitares, a quienes tampoco venció el Estado. Y eso que parece (es) muy poco pagar ocho años por crímenes que deberían tener condenas hasta de 60 años. Se abona que estos no podrán participar en política jamás, en cuanto que a los farianos se les va a dar un buen número de curules directas que podrán asumir de forma inmediata, aunque estén cumpliendo con esas condenas de mentiritas.

Si todo esto no parece demasiado absurdo, preguntémonos si no lo es el que a un delincuente se le construya un tribunal a su amaño en sustitución de todo el aparato judicial, que se le permita participar en la elección de sus propios jueces (una cofradía de mamertos carente de imparcialidad) y que a través de estos amiguetes pueda juzgar a sus enemigos… ¿Esto es justicia o puro realismo mágico?

El presidente Santos les ha dado contentillo a militares y civiles con el cuento de que también tendrán tratamiento especial. No, señores, según lo acordado con las Farc, tendrán que reconocer cualquier crimen que se les endilgue para no ir a prisión, y esa confesión podrá ser usada en su contra, tiempo después, como en Argentina o Brasil, donde los jueces y legisladores de izquierda han desconocido las leyes de punto final a ‘conveniencia’, un alto criterio jurídico muy usado aquí.

Pero ya muchos se están dando cuenta de lo que nos corre pierna arriba. Según Gallup, el porcentaje de quienes votarían Sí en el plebiscito cayó 19 puntos desde octubre, pasando de 71 a 52 por ciento, y el No aumentó del 18 al 32. Ahora que las uvas se están poniendo verdes, ¿qué dirá la zorra?

La piñata del 2016 viene cargada de regalos para las Farc e impuestos para los demás. Un panorama agobiante. De todas maneras, un feliz año para todos.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 29 de diciembre de 2015)

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Posted by Saúl Hernández

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