Cegados ante las urgencias que imponen los escándalos, pasamos por alto lo importante. Por un lado, está el lío con Venezuela, que a ratos tiende a agravarse. Una pugna que parece convenida, plagada de falsas bravatas y conatos de reconciliación bailados al compás de intrusiones aéreas y terrestres, con agresiones a nuestra gente que se vienen perpetrando desde los tiempos de la Acción Democrática y el Copei, pero con la diferencia de que Maduro precisa exacerbar el nacionalismo para evitar una catástrofe electoral. Hasta raro que no nos haya culpado de la caída del Sukhoi.

Por otro lado, tenemos el escándalo del fiscal Montealegre y la señora Springer, Lizarazo o Tocarruncho, versión curvilínea del embajador de la India. No solo están en juego los 1.997 contratos directos por 215.000 millones de pesos que ha suscrito el Fiscal, sino el perverso hábito de hacer política sumando respaldos no sustentados en convicciones, sino en la más abyecta ambición, trama que tiene muchos capítulos.

Montealegre renunció a la Corte Constitucional con la excusa de adelantar unos estudios en Alemania, pero se quedó por unos generosos contratos de Saludcoop, donde se desviaron ingentes recursos de la salud de millones de colombianos, que desde su puesto de Fiscal no ha querido investigar.

Montealegre también tuvo millonarios contratos con el Gobierno (2.668 millones entre el 2011 y el 2012) que –¿será mucho especular?– han determinado su papel de animador de los diálogos de La Habana. Incluso, para muchos fue esencial en la reelección de Santos. Además, su periodo fue extendido por varios de quienes hoy reciben prebendas, y puede ser alargado casi indefinidamente si su remplazo no es seleccionado con la debida diligencia.

Lo de la Fiscalía es equiparable a los 2,3 billones que gastó Santos I en publicidad y eventos, a los cerca de 3 billones de ‘mermelada’ con la que engrasaron a los miembros de la Unidad Nacional para pedalear la reelección, y a los 114.000 millones prodigados por el comisionado Jaramillo para lograr bendiciones para el proceso de paz.

Toda una espuria danza de los millones que teje una fina red de apoyos –una empresa criminal– para pasarse la ley por la faja como cualquier Susana Barreiros. Así, mientras el Fiscal anuncia que se abstendrá de hacer imputaciones a las Farc, anticipa que en aplicación de los prodigiosos algoritmos de frau Springer, llevará a la cárcel a Santiago Uribe Vélez a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría y hasta la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Ramelli) dicen que su trabajo es “vergonzoso” y “no cumple con lo estipulado”.

Por menos que este sórdido ‘carrusel’ de contratos, hay muchos que están en la cárcel (o son perseguidos), mientras algunos pérfidos servidores públicos no tienen que rendirle cuentas a nadie ni tienen quien los ronde.

No obstante, nada de eso es tan grave como los atajos inconstitucionales por los que se quiere llevar el acuerdo con las Farc. La Constitución solo puede reformarse a través del Congreso, de una constituyente o de un referendo, no de un ‘congresito’ al que no le será permitido agregar ni una coma y que solo hará el papel de notario de cuanta monstruosidad se haya acordado en La Habana. Acuerdos que, según Montealegre, tienen fuerza de ley, como si los bandidos ya fueran legisladores.

¿Y qué decir de los poderes especiales para un Presidente que apenas bordea el 30 por ciento de favorabilidad y que ha sido tan obsecuente con la dictadura venezolana y la banda narcoterrorista de las Farc? Razón tiene Rafael Nieto Loaiza al decir que se niega a aceptar lo que de ahí salga y que se declara desde ya en resistencia cívica.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 22 de septiembre de 2015)

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Posted by Saúl Hernández

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